Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de Colombia el 16 de mayo de 2022, y recientemente se hizo pública. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: amenazas de muerte y otros ataques en contra de la defensora de derechos humanos Yirley Judith Velasco Garrido.
Yirley Judith Velasco Garrido es una defensora de derechos humanos de las mujeres del corregimiento de El Salado y otras zonas rurales del municipio del Carmen del Bolívar en el departamento de Bolívar, en la región Caribe de Colombia. En su actividad como defensora ha trabajado como representante legal de la Asociación Mujeres Sembrando Vida. Yirley es sobreviviente de violencia sexual enel marco de la masacre de El Salado del año 2000 cometida por parte de grupos paramilitares actuando con la colaboración de la infantería de marina, y junto con otras mujeres de la región han trabajado a favor de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, no solo en las investigaciones penales si no también en las acciones de reconocimiento y reparación colectiva. A pesar de las denuncias de la comunidad, a la fecha solo ha sido sancionado un miembro de la Fuerza Pública, al igual que un grupo de paramilitares. No obstante, los hechos de violencia sexual no han sido esclarecidos. En cuanto a las reparaciones, la comunidad actualmente es parte del programa de reparación colectiva de la Unidad de Víctimas, aunque el proceso no ha presentado muchos avances. A nivel individual, varias de las víctimas, incluyendo Yirley, han recibido indemnización individual por los hechos.
ALEGACIONES
El 21 de marzo de 2022, la defensora de los derechos de las mujeres Yirley Judith Velasco Garrido recibió una amenaza de muerte vía mensaje de texto en su celular mientras se encontraba acompañada por una abogada de la Corporación SISMA MUJER en un evento de reparación colectiva en el departamento de Bolívar, luego de realizar una visita al Salado. La Sra. Velasco Garrido habría recibido la amenaza por haber visitado el Salado y en represalia por su legítimo trabajo a favor de los derechos de las mujeres y niñas. La amenaza incluye el mensaje “te vamos a dar plomo si sigues de defensora de zorras” y datos personales de la defensora. La amenaza también incluye un lenguaje misógino en contra de la madre de la Sra. Velasco Garrido y las abogadas de la Corporación SISMA MUJER que apoyan su trabajo de defensa de derechos de las mujeres.
El 25 de marzo de 2022, cuatro días después de haber recibido la amenaza de muerte, oficiales de la Policía Nacional informaron por teléfono a la Sra. Velasco Garrido que parte de su casa en el corregimiento del Salado había sido incendiada por personas desconocidas. Afortunadamente no había nadie en el lugar y sólo hubo pérdidas materiales en el incendio. Ambos incidentes fueron informados a las autoridades.
Luego del incendio de su propiedad, el Alcalde del Carmen de Bolívar dio declaraciones públicas manifestando que los hechos habían sido producto de peleas internas dentro de la comunidad y no del accionar de grupos armados o situaciones de riesgo en contra de la Sra. Velasco Garrido. Ello, sin que la Policía o la Fiscalía hubieren adelantado las investigaciones correspondientes y sin tener prueba de las afirmaciones realizadas.
Si bien la Policía, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo recibieron denuncias presentadas por la Sra. Velasco Garrido y por Sisma Mujer, no se han presentado avances en la identificación de los motivos del incendio o de los responsables.
Esta situación se suma a las amenazas que la Sra. Velasco Garrido ha venido recibiendo desde el año 2018 y que en el año 2021 se extendieron a varios líderes y lideresas de El Salado, así como a pobladores de la comunidad, en donde se les amenazaba por su labor, su relación con la Sra. Velasco Garrido o simplemente por habitar en el territorio. A pesar de ello, las autoridades – en especial el Alcalde del Carmen de Bolívar – insiste en que las amenazas en contra de los líderes y las lideresas de El Salado responden únicamente a problemas internos de la comunidad y no a la presencia de actores armados, desconociendo la información manejada por el mismo Gobierno y la Fuerza Pública sobre la presencia de grupos armados al margen de la ley en el territorio.
Debido a las amenazas de muerte recibidas periódicamente, la Sra. Velasco Garrido fue obligada a desplazarse reiteradas veces y a residir en otras comunidades para salvaguardar su vida, evitando trasladarse a la comunidad de El Salado, donde reside su familia, por miedo a nuevos hechos violentos en su contra. A la fecha, la defensora no ha podido retornar a El Salado. En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares favor de la Sra. Velasco Garrido y su núcleo familiar. Luego del otorgamiento de estas medidas por parte de la CIDH, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le otorgó un esquema de protección que consiste en un carro y dos escoltas que la acompañan en sus desplazamientos por la zona. Así mismo, la UNP recomendó medidas estructurales para mejorar la situación de la Sra. Velasco Garrido, que no habrían sido implementadas por las autoridades correspondientes.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación por el nuevo ataque y las reiteradas amenazas en contra de la defensora Yirley Judith Velasco Garrido y por su bienestar físico y emocional, el de sus familiares y el de sus abogadas, ya que los hechos parecen estar directamente relacionados con su trabajo de defensa de los derechos humanos, en particular de los derechos de la niñez y las mujeres en el marco del conflicto armado en Colombia. Además, reiteramos nuestra profunda preocupación por el contexto de recrudecimiento de los ataques en contra de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, en particular contra quienes promueven los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, el medio ambiente y la implementación del Acuerdo de paz.
