Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de Argentina el 2 de enero de 2024. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. El Gobierno respondió el 1 de marzo de 2024. Los anexos recibidos con la respuesta del Gobierno están siendo analizados por la Relatora Especial y su equipo.
Desde el envío de la comunicación, la Dra. Nadia Schujman ha tenido que irse del país debido a los riesgos a los que se enfrenta.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: el hostigamiento judicial y la campaña de difamación en contra de la abogada y defensora de los derechos humanos, Dra. Nadia Schujman, por el ejercicio de su actividad como funcionaria encargada de investigar a policías en la provincia de Santa Fe, así como el hostigamiento judicial y allanamiento de la casa del abogado y del defensor de los derechos humanos, Sr. Diego Rodríguez.
La Dra. Nadia Schujman es abogada y defensora de los derechos humanos cuyo trabajo consiste en asistir legalmente a familiares de víctimas y sobrevivientes de violaciones de los derechos humanos en Argentina. Desde 1995, la Dra. Schujman es integrante del equipo jurídico de H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), Rosario, en las causas por crímenes de lesa humanidad de la jurisdicción. Además de la sanción de los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar, abogan por la restitución de identidad de quienes fueron víctimas de la apropiación de personas en el marco del Plan Sistemático durante ese periodo, el esclarecimiento de lo ocurrido a las víctimas detenidas-desaparecidas y la restitución de sus restos, el cese de las prácticas represivas por parte del Estado y la plena garantía de todos los derechos humanos.
El Sr. Diego Rodríguez es abogado y defensor de los derechos humanos, que formó parte del equipo de la Sra. Schujman durante su gestión como jefa de la Agencia de Control Policial de Santa Fe. El Sr. Rodríguez trabajó por varios años en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe en el área de monitoreo de personas privadas de libertad y ha presentado denuncias por tortura y maltrato de personas privadas de libertad. También ha trabajado en temas de violaciones de los derechos humanos de los niños.
ALEGACIONES
Entre diciembre de 2019 y noviembre de 2021, la Dra. Schujman se desempeñó como asistente técnica del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, durante el mandato del ex-Ministro de Seguridad, [redactado]. La Dra. Schujman estuvo a cargo de la dirección de la Agencia de Control Policial y el Sr. Rodríguez trabajó en esta agencia bajo la gestión de la Dra. Schujman.
En el marco de sus funciones, habría iniciado investigaciones a altos funcionarios y empresarios de la provincia, incluyendo al Sr. [redactado], anterior Ministro de Seguridad y actual Gobernador de Santa Fe, por supuesto mal uso de gastos reservados durante su gestión como Ministro de Seguridad entre 2015-2019, antes de que la Dra. Schujman se encargara de la Agencia de Control Policial.
La investigación al Sr. Pullaro, así como a otras figuras poderosas de la provincia, habría llevado a un clima político adverso dentro de la Agencia que habría dificultado el trabajo de sus integrantes. En consecuencia, el 26 de noviembre de 2021, 14 funcionarios, entre ellos la Dra. Schujman y el Sr. Rodríguez, renunciaron a su puesto en la Agencia de Control Policial.
El mismo día en que renunciaron, las oficinas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe fueron allanadas por miembros de la policía. Este operativo habría sido dirigido contra funcionarios que trabajaron durante el mandato de Saín, entre ellos la Dra. Schujman y el Sr. Rodríguez. El operativo habría sido realizado por pedido de fiscales pertenecientes al Ministerio Público de la Acusación.
Durante al allanamiento, quitaron el teléfono a la Dra. Schujman, y secuestraron documentos y dispositivos de trabajo y teléfonos personales de algunos otros miembros de su equipo. La Dra. Schujman pidió a los agentes de la policía que exhibieran la orden judicial para allanar la oficina, pero no habría ninguna orden judicial para este operativo.
Dos de las personas que se encontraban bajo investigación por la Agencia de Control Policial aparecieron en los medios antes de que se hiciera público el allanamiento y hablaron del supuesto espionaje por parte de la Dra. Schujman, el Sr. Rodríguez y otros miembros de su equipo, lo que llevó a especular sobre su posible implicación en el allanamiento.
Se inició una investigación en contra de la Dra. Schujman, el Sr. Rodríguez y seis personas más que trabajaron en distintas áreas del Ministerio de Seguridad. Esta investigación permaneció secreta hasta marzo de 2022 cuando se dio acceso a los imputados y sus defensas a la causa en su contra y resultó que estaban bajo investigación por supuesto espionaje. Mientras tanto, hubo una gran filtración de mensajes personales de la Dra. Schujman en los medios de comunicación que no tenían relación con las investigaciones.
El 29 de noviembre de 2022, casi un año después del allanamiento, se realizó una audiencia durante la cual se imputó a la Dra. Schujman ser la organizadora de una asociación ilícita para cometer espionaje ilegal, entre otros delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos públicos. Se imputó al Sr. Rodríguez por espionaje ilegal. Varias de las personas que estaban bajo investigación por el equipo de la Dra. Schujman y el Sr. Rodríguez en su gestión en la Agencia de Control Policial de la provincia se presentaron como querellantes en la causa en su contra.
La defensa planteó la cuestión de competencia, indicando que las acusaciones en contra de la Dra. Schujman y el Sr. Rodríguez son delitos de competencia federal y no provincial. Sin rebatir los argumentos de la defensa, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción 1º le dio la razón a la fiscalía con respecto a la competencia provincial.
El 14 de abril de 2023, la Corte de Apelación resolvió que no había elementos en la causa que podrían fundar una imputación por espionaje ilegal, dado que solamente funcionarios o empleados del Sistema de Inteligencia Nacional pueden ser acusados de este delito. A pesar de esta resolución, el Ministerio Público de la Acusación sigue adelante con la causa.
El 27 de octubre de 2023, personas desconocidas entraron y allanaron la casa del Sr. Diego Rodríguez. Mientras el Sr. Rodríguez estaba fuera de su hogar, habrían entrado por la ventana del baño y removido los contenidos de su casa. No parecían haberse llevado nada de valor, lo que llevó al Sr. Rodríguez a sospechar que el allanamiento tuvo algo que ver con su trabajo y la causa en la cual está imputado. El 30 de octubre de 2023, el Sr. Rodríguez presentó una denuncia ante las autoridades relacionada con este allanamiento.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra preocupación por el hostigamiento judicial y la causa abierta contra la Dra. Schujman y el Sr. Rodríguez, que tememos estén basados en su trabajo legítimo como abogados y funcionarios del Estado, así como defensores de derechos humanos. Como señaló la Relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos en su informe ante la Asamblea General en 2021, los abogados y otros defensores de derechos humanos que luchan contra la corrupción corren riesgos particulares (A/HRC/49/49, para. 12). Expresamos también nuestra preocupación por el posible impacto negativo de este caso sobre la sociedad civil en Argentina, y en particular los demás defensores de derechos humanos que se enfocan en la anticorrupción y las reparaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos.
Expresamos también nuestra preocupación por al allanamiento de la casa del Sr. Rodríguez que, de confirmarse como cierto, constituiría una violación de su derecho a la privacidad y provocaría también preocupación por su integridad y seguridad física, y la de su familia.
