Perú: asesinato del defensor indígena Quinto Inuma Alvarado (comunicación conjunta)

Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno del Perú el 17 de enero de 2024. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. El Gobierno respondió el 18 de marzo de 2024.

Desde el envío de la comunicación, tres de los presuntos autores del asesinato han sido imputados y se encuentran en detención preventiva, pero otras personas que han sido señaladas como autores del crimen contra el defensor siguen en libertad. El proceso de titulación del territorio de la comunidad del defensor, Santa Rosillo de Yanayaku, no ha avanzado suficientemente. Además, información recibida por la Relatora indica que el gobierno regional de San Martín habría expedido un permiso de tala para un terreno privado que se superpone a la reivindicación territorial de Santa Rosillo.

Esta es una versión más corta de la comunicación original.

Leer la comunicación integral Leer la respuesta del Gobierno

ANTECEDENTES

Tema: el asesinato del defensor indígena Quinto Inuma Alvarado

El Sr. Quinto Inuma Alvarado fue líder indígena kichwa, defensor de los derechos humanos y del medioambiente, y presidente (Apu) de la Junta Directiva del Pueblo Indígena conocido como comunidad nativa Kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, distrito de Huimbayoc, San Martin, Perú. En 2015, la comunidad nativa Kichwa Santa Rosillo de Yanayacu fue reconocida, y desde entonces ha reclamado la titulación de sus tierras. El Sr. Inuma Alvarado llevaba varios años denunciando la tala ilegal y su impacto en los bosques del territorio de su comunidad nativa, así como el tráfico de drogas. Asimismo, el Sr. Inuma Alvarado, junto con las personas de la comunidad, realizaba actividades de monitoreo, vigilancia y defensa de los bosques en su territorio. También era miembro del Grupo Directivo de la Iniciativa Tolerancia Cero.

ALEGACIONES

Asesinato de Sr. Quinto Inuma Alvarado

El 29 de noviembre de 2023, el Sr. Quinto Inuma Alvarado fue asesinado cuando regresaba a su comunidad nativa Kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, en el distrito de Huimbayoc, en la región de San Martín, tras haber asistido a una reunión con personas defensoras de los derechos humanos en la ciudad de Pucallpa, Ucayali. El Sr. Quinto Inuma Alvarado se encontraba trasladándose vía fluvial hacia su comunidad por el río Yanayacu, cuando fue interceptado y habría sido asesinado por hombres encapuchados que le habrían disparado varías veces. El Sr. Inuma Alvarado no se encontraba viajando solo en el vehículo, estaban presente dos miembros de la familia del defensor de los derechos humanos y el vice Apu de la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu, quienes habrían sido testigos del asesinato, y una señora, quien fue herida en el ataque.

El Sr. Inuma Alvarado ya habría sido objeto de ataques y amenazas antes del 29 de noviembre de 2023, incluso de amenazas de muerte por su papel de liderazgo en su comunidad en oposición a la tala ilegal y a las actividades de narcotraficantes en sus territorios.

En julio de 2021, el Sr. Inuma Alvarado fue víctima de agresiones físicas por presuntos narcotraficantes. Este incidente habría tenido lugar dos días después de una visita, para constatar la existencia de cultivos ilegales, que hiciera la fiscalía provincial especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas de Tarapoto, San Martín, tras una denuncia de la comunidad. Luego del ataque y la amenaza de muerte, el Sr. Inuma y su familia fueron trasladados fuera de la comunidad, en la ciudad de Tarapoto, permaneciendo ahí por un período de dos meses aproximadamente.

El 3 de abril de 2023, cuando el Sr. Inuma Alvarado y su familia regresaban a su comunidad desde la ciudad de Tarapoto, luego de su partida desde la zona de Chumpurana, dos personas con armas de fuego llegaron al lugar y preguntaron por el defensor. Las personas que realizaron las amenazas presuntamente están vinculadas con actividades de deforestación del mes de agosto 2022 en la comunidad nativa y de las pintas amenazantes con figuras de revólveres que hicieron en algunos árboles.

El 15 de noviembre de 2023, dos semanas antes de su asesinato, habría denunciado las amenazas en su contra ante la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad.

El Sr. Inuma Alvarado solicitaba a las autoridades que se declare el Estado de Emergencia en los distritos de Huimbayoc, Chipurana y Papaplaya. En San Martín, durante el 2018 al 2022, según el informe del Monitoreo de cultivos de coca 2022 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) se han triplicado los cultivos de 831 a 2,524 hectáreas.

Amenazas contra la comunidad nativa Kichwa Santa Rosillo de Yanayacu

En 2015, mediante Resolución Directoral N°118-2015-GRSM/DRASAM/DTERTyCR, la comunidad nativa Kichwa Santa Rosillo de Yanayacu obtuvo su reconocimiento.

El Sr. Inuma Alvarado junto con la comunidad, a través de su labor devigilancia, realizaron incidencias ante el Gobierno Regional de San Martín y el sistema de justicia, y presentaron 13 denuncias penales ante el Ministerio Público, entre los años 2016 y 2023, para que se investigue la presunta comisión de delitos ambientales, narcotráfico, así como secuestro y lesiones contra el Sr. Inuma Alvarado y su hermano.

En el 2017, el territorio de la comunidad nativa Kichwa fue geo-referenciado. Sin embargo, hasta la actualidad aún no se ha avanzado con el proceso de titulación. Dicha situación expone el territorio de la comunidad nativa Kichwa a las actividades ilegales como la tala ilegal y el narcotráfico. Además, desde ese año, la comunidad nativa Kichwa ha sido víctima de agresiones y hostigamiento por parte de madereros ilegales, narcotraficantes y traficantes de tierra.

El 12 de enero de 2018, los líderes de la comunidad nativa Kichwa solicitaron la intervención de la Dirección Regional Agraria de San Martín (DRASAM) para solucionar el conflicto territorial en el territorio de la comunidad nativa y denunciaron amenazas contra su vida por personas vinculadas al tráfico de tierra y madera, solicitando garantías personales en la subprefectura provincial de San Martín.

El 5 de febrero de 2018, la comunidad nativa Kichwa y la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonía (FEPIKECHA) denunciaron invasiones en su territorio. El 18 de abril de ese mismo año, también denunciaron amenazas de un grupo de personas que intentaron apropiarse de su territorio. El 14 de septiembre de 2018, el entonces líder de la comunidad fue agredido física y verbalmente, y amenazado de muerte.

El 7 de enero de 2019, los líderes de la comunidad nativa Kichwa fueron víctimas de secuestro, ellos fueron liberados al anochecer del 8 de enero. Por lo cual, el 15 de enero, los dirigentes de la comunidad nativa Kichwa denunciaron públicamente las amenazas que fueron incrementando desde la solicitud de titulación de su territorio en el 2017.

El 28 de abril de 2020, la comunidad nativa Kichwa conforma la ronda comunal con el objetivo de realizar monitoreo y vigilancia en su territorio contra las actividades ilegales.

El 21 de agosto de 2021, las autoridades de la comunidad nativa Kichwa alertaron que personas presuntamente vinculadas a las actividades ilegales habían entrado a su territorio y quemado la casa del presidente de la ronda comunal supuestamente como represalia por la vigilancia y el monitoreo territorial que realizaban.

El 4 de diciembre de 2021, las autoridades de la comunidad nativa Kichwa denunciaron públicamente amenazas contra sus vidas ocurridas el 3 de diciembre presuntamente por parte de taladores ilegales, quienes actuaron supuestamente como represalia frente a las denuncias que estaban realizando la comunidad nativa ante el sistema de justicia.

La comunidad nativa Kichwa Santa Rosillo de Yanayacu continúa su labor de protección, vigilancia y monitoreo de su territorio frente a las actividades ilegales; asimismo, han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Medidas de protección

El 25 de septiembre de 2020, el Sr. Inuma Alvarado solicitó garantías personales contra dos personas debido a las amenazas que éstas le hacían. Las garantías personales fueron otorgadas mediante Resolución Sub Prefectural Distrital N°002-2021-IN-VOI-DGIN/SD-H el 26 de febrero de 2021.

Mediante Resolución Ministerial N°159-2019-JUS se aprobó el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos” que establece acciones, procedimientos y medidas de articulación que genere un ambiente adecuado para que las personas defensoras desempeñen sus actividades, cuyo ente rector es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En abril del 2021, se aprobó la creación del Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos.

Conforme al Informe N°009-2021-JUS/DGDH-DPGDH de fecha 5 de febrero de 2021, como parte de la Evaluación de Riesgo, se identificó 4 ataques que pusieron en riesgo la vida e integridad de los líderes de la comunidad nativa Kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, distrito de Huimbayoc. Identificando el nivel de riesgo como alto, y con la probabilidad que se concrete un nuevo ataque, con un impacto mayor a los líderes.

El 8 de febrero de 2021, Mediante Resolución Directoral N°003-2021-JUS/DGDH el Ministerio de Justicia de Derechos Humanos había activado el Procedimiento de Alerta Temprana, prevista en el Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras, en favor del Sr. Inuma Alvarado y de su hermano, quien en esa fecha era el jefe de la comunidad. Asimismo, en la Resolución Directoral se expresa que como acción concreta se debe comunicar al Gobierno Regional de San Martín la preocupación institucional por parte de la seguridad jurídica del territorio de la comunidad nativa Kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, y el procedimiento que permitirá el saneamiento físico legal de su territorio.

El 26 de julio de 2021, a raíz de las agresiones físicas del que fue víctima el Sr. Inuma Alvarado y su traslado fuera de la comunidad nativa mediante helicóptero de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior otorgó garantías personales al Sr. Inuma Alvarado y su familia.

PREOCUPACIONES

En la comunicación, expresamos nuestra profunda consternación ante el asesinato del Sr. Inuma Alvarado, y expresamos nuestra preocupación por la seguridad de sus familiares y de su comunidad nativa. Nuestra preocupación se ve agravada por el presunto carácter repetitivo de las amenazas recibidas por el Sr. Inuma Alvarado antes del ataque del 29 de noviembre de 2023, y de la aparente falta de adopción por parte del Estado de medidas adecuadas para proteger al Sr. Alvarado, su familia y la comunidad nativa, a pesar de su conocimiento de la vulnerabilidad de las personas defensoras e indígenas de la zona.

De confirmarse las alegaciones expuestas, se habrían violado numerosas normas y estándares internacionales de derechos humanos consagrados, entre otros, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Perú el 28 de abril 1978. Recordamos al Gobierno del Perú su obligación de proporcionar recursos efectivos a las víctimas, incluso a través del deber de investigar las presuntas violaciones de la normativa de derechos humanos en virtud del artículo 2 del citado Pacto. Del mismo modo reiteramos que el derecho a la vida es una norma perentoria, de jus cogens y aplicable a toda persona e inderogable bajo ninguna circunstancia, de acuerdo con el derecho internacional convencional y consuetudinario.

Deseamos recalcar la importancia de que la investigación del asesinato del Sr. Inuma Alvarado se lleve a cabo de acuerdo con los estándares internacionales relevantes, incluyendo el Protocolo de Minnesota Sobre la Investigación de Muertes Ilícitas (2016): Versión revisada del Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, considerando el conjunto de sus directrices referentes a la necesidad de investigar las muertes potencialmente ilícitas, asegurar la rendición de cuentas y brindar reparación por las vulneraciones.

Instamos al Gobierno del Perú, y en particular a la Fiscalía de la Nación y a las instituciones de procuración de justicia, a realizar una investigación integral, diligente y eficaz del caso de la muerte del Sr. Inuma Alvarado.

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