Honduras debe implementar recomendaciones del Grupo de Expertos en el caso de Berta Cáceres, afirma experta de la ONU
GINEBRA, 10 de abril de 2026 – El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes sobre el asesinato de Berta Cáceres tiene una importancia capital, afirmó hoy la Relatora Especial sobre la situación de defensores de los derechos humanos Mary Lawlor*, expresando su grave preocupación sobre las amenazas a las que las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras siguen enfrentándose.
“Diez años después del cobarde asesinato de Berta Cáceres, los hallazgos y las recomendaciones del informe final representan un paso fundamental en el camino hacia la justicia y la verdad. Ponen de manifiesto las brechas sistémicas que persisten en la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras, y las causas estructurales de su inseguridad”, señaló la experta.
Berta Cáceres era una defensora indígena Lenca. Fue asesinado el 2 de marzo de 2016 en su domicilio en represalia por su labor en defensa de los derechos del pueblo Lenca en la comunidad de Río Blanco frente al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Aunque el sistema de justicia dictó condenas definitivas para los autores materiales de su asesinato, no se ha investigado debidamente los autores intelectuales, ni a las personas involucradas en el financiamiento del asesinato.
El Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes (GIEI) mediante el Acuerdo suscrito por la Comisión Intermericana de Derechos Humanos, el Estado de Honduras y la parte representante, fue creado en febrero de 2025, para avanzar la investigación de los hechos relacionados con el asesinato de la defensora Berta Cáceres y otros delitos conexos, proponer un plan de reparación integral, así como garantías de no repetición. El 12 de enero de 2026, publicó su informe final, en el que concluye que la muerte de la Sra. Berta Cáceres fue el resultado de una operación criminal planificada, ejecutada mediante una estructura organizada de coparticipación de diversos actores, incluyendo a grupos de sicarios y directivos empresariales, entre otros. El GIEI destaca el contexto de encubrimiento y omisión por parte de agentes estatales y financistas internacionales.
“El informe final evidencia que Berta Cáceres fue asesinada en un contexto marcado por la violencia estructural hacia las personas defensoras de los derechos indígenas, territoriales y medioambientales que aún persiste en Honduras”, Lawlor afirmó.
“El Estado tiene la obligación de sancionar, reparar y asegurar las garantías de no repetición, incluso la modificación de estructuras que permiten la continuación de amenazas, hostigamiento y ataques contra las personas defensoras.”
La Relatora Especial señaló que ha sido un incremento preocupante de violencia y amenazas contra las personas defensoras recientemente, en particular las defensoras indígenas.
“Honduras debe garantizar medidas de protección colectiva e integral a personas defensoras, que evalúan el riesgo desde una perspectiva de género y contemplen factores estructurales de violencia y criminalización, así como las amenazas vinculadas a proyectos extractivos”, dijó.
Lawlor instó a la plena implementación de las recomendaciones del Grupo de Expertos y mantiene contacto con el Gobierno de Honduras al respecto.
FIN
*La experta:
Honduras must implement Group of Experts recommendations on Berta Cáceres case, says UN expert
GENEVA (10 April 2026) – The final report of the Interdisciplinary Group of Independent Experts on the murder of Berta Cáceres is crucially important, The Special Rapporteur on the situation of human rights defenders Mary Lawlor* said today, expressing grave concern about the threats human rights defenders in Honduras continue to face.
“Ten years after the cowardly murder of Berta Cáceres, the findings and recommendations of the final report represent a crucial step on the road to justice and truth. They highlight the systemic gaps that persist in the protection of human rights defenders in Honduras, and the structural causes of their insecurity,” the expert said.
Berta Cáceres was an indigenous Lenca human rights defender. She was murdered on 2 March 2016 at her home in retaliation for her work defending the Lenca community of Rio Blanco against the Agua Zarca hydroelectric project. Although the justice system handed down final convictions for the material perpetrators of her murder, it hasn’t properly investigated the architects behind it, nor those involved in financing the murder.
The Interdisciplinary Group of Independent Experts (GIEI), through the Agreement signed by the Inter-American Commission on Human Rights, the State of Honduras, and the representing party, was created in February 2025 to advance investigation of the facts related to the murder of human rights defender Berta Cáceres and propose a comprehensive plan for reparation and guarantees of non-repetition.
On 12 January 2026, it published its final report in which it concludes that the death of Berta Cáceres was the result of a planned criminal operation, executed through an organised structure involving the joint participation of various actors, including groups of hired gunmen and corporate executives. The GIEI highlights the context of cover-up and omission by State agents and international financiers.
“The final report shows that Berta Cáceres was murdered in a context marked by structural violence directed at indigenous, territorial and environmental human rights defenders which still persists in Honduras,” Lawlor said.
“The State has an obligation to punish, provide reparation and ensure guarantees of non-repetition, including the reform of structures that enable continued threats, harassment and attacks against human rights defenders.”
The Special Rapporteur said there has been a worrying increase in violence and threats against human rights defenders in Honduras recently, in particular indigenous women defenders.
“Honduras must guarantee collective and comprehensive protection measures for defenders, that assess risk from a gender perspective and consider structural factors of violence and criminalisation, as well as threats linked to extractive projects,” she said.
Lawlor called for the full implementation of the recommendations by the Group of Experts and remains in contact with the Government of Honduras on this issue.
ENDS
*The expert:
