Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de El Salvador el 8 de marzo de 2023. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. El Gobierno respondió el 6 de mayo de 2023.
El 5 de septiembre de 2023, los cinco defensores fueron traslados a sus domicilios para seguir el proceso bajo arresto domiciliario, como medida sustitutiva a la prisión. El proceso en su contra continua.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: alegatos de supuesta detención arbitraria contra cinco defensores del medio ambiente.
Los Sres. Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega son personas defensoras de los derechos humanos. Los Sres. Ángel Gámez, Laínez García y Rivas Laínez son líderes de la comunidad de Santa Marta en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas. Los Sres. Pacheco y Rivas Ortega son miembros de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES Santa Marta). Los defensores fueron parte del exitoso movimiento para proteger las fuentes de agua del país de los impactos negativos de la minería metálica, que convenció a la Asamblea Legislativa de El Salvador de aprobar por unanimidad la Ley de Prohibición de Minería Metálica de metales en 2017.
Múltiples casos de violaciones de los derechos humanos se produjeron en la zona de Santa Marta durante la guerra civil en El Salvador, la mayoría de las cuales nunca fueron investigadas y permanecen en la impunidad.
ALEGACIONES
El 11 de enero de 2023, la Policía Nacional Civil, ejecutando una orden administrativa de captura de la fiscalía general de la República, habría procedido a la detención de los Sres. Ángel Gámez, Laínez García y Rivas Laínez en la comunidad de Santa Marta, y de los Sres. Pacheco y Rivas Ortega en las oficinas de la ADES Santa Marta, en el municipio de Guacotecti, junto con una persona más. Los defensores de los derechos humanos y la otra persona capturada serían acusados de haber participado en el asesinato de una mujer en la comunidad de Santa Marta en agosto de 1989, durante la guerra civil, así como de los crimines de asociación ilícita y de privación de libertad.
El 19 de enero de 2023, la detención provisional de seis meses de las seis personas capturadas habría sido decretada por el Juzgado de Paz de Victoria, Cabañas, a pesar de que el equipo legal de los defensores de los derechos humanos insistió en que no existen evidencias de su participación en los presuntos delitos. Al momento de redactar esta comunicación, los defensores se encontrarían detenidos a la Unidad Fronteriza de la Policía Nacional Civil. No tendrían comunicación con sus familiares y la comunicación con su equipo legal estaría restringida.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra grave preocupación por el presunto uso indebido del derecho penal contra los defensores de los derechos humanos, así como su detención provisional y las presuntas restricciones en sus comunicaciones con sus familiares y su equipo legal. Tememos que el caso sea un intento de intimidar a los y las que buscan defender el medioambiente en el país, y sobre todo a quienes defienden los derechos humanos de los impactos negativos de a la minería.
