Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de Colombia el 25 de mayo de 2022, y recientemente se hizo pública. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. El Gobierno respondió el 19 de julio de 2022.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: el atentado contra Carlos Arturo Morales Mallorga, que habría ocurrido en un contexto de grave recrudecimiento del conflicto armado Colombiano, en el cual se habrían registrado 71 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2022; y respecto del cual el Estado de Colombia no habría adoptado las medidas suficientes y necesarias para prevenir dicho escalamiento.
Carlos Morales es un defensor de derechos humanos, líder campesino y presidente de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz en el Nordeste Antioqueño (Cahucopana) que trabaja en el monitoreo y denuncia de violaciones de derechos humanos en el departamento de Antioquia, así como en el fortalecimiento y articulación del campesinado en defensa del territorio. Cahucopana es una de las organizaciones con más riesgo del departamento de Antioquia. Su objetivo es empoderar a las comunidades y ofrecerles formación en derechos humanos, y por lo tanto ayudar a las comunidades a vivir con justicia social y ambiental.
Cahucopana, compuesta por alrededor de 150 integrantes, realiza desde el año 2004 un persistente trabajo de denuncia de violaciones de derechos humanos y de fortalecimiento y articulación del campesinado en defensa del territorio, que beneficia a más de 3000 personas. Por todo ello, es una de las organizaciones con más riesgo del departamento de Antioquia.
Cahucopana cuenta además con Medidas Colectivas Diferenciadas de la UNP, debido a que varios de sus integrantes fueron víctima de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia y discriminación contra personas por su orientación sexual o identidad de género, desplazamiento forzado, tortura y judicializaciones, entre otras graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, estas medidas no han sido implementadas de manera efectiva. Asimismo, Carlos Morales y otros miembros de la organización, son beneficiarios de medias cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2018.
El Sr Carlos Morales, fue reubicado en Barrancabermeja (departamento deSantander) por la Unidad Nacional de Protección (UNP) ya que, debido a su nivel de riesgo, su vida corría peligro en la región del Nordeste Antioqueño.
ALEGACIONES
El 27 de febrero a las 22:30 en la ciudad de Barrancabermeja, vereda Campo Gala, corregimiento el Llanito, mientras Carlos Morales se disponía a recoger a su hijo menor de edad junto con su pareja y su otro hijo de cinco años, fue víctima de un ataque con arma de fuego por parte de hombres armados que se desplazaban en motocicleta a pocas cuadras de su residencia. En el atentado, Carlos Morales y su pareja resultaron heridos y fueron hospitalizados de manera inmediata. Hoy se encuentran fuera de peligro en materia de salud.
En el momento de los hechos, los escoltas armados y el vehículo blindado otorgado por la UNP no acompañaban al Sr. Morales La situación que enfrenta el Sr. Morales se enmarca en un contexto de hostigamiento y violencia sistemática en la región contra personas defensoras vinculadas a los movimientos en defensa de la tierra y los derechos de los campesinos, tanto por grupos sucesores del paramilitarismo como por grupos guerrilleros. En este contexto se habrían registrado 71 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2022.
El Sr. Morales y otros miembros de Cahucopana han llevado a cabo reuniones con autoridades y gobiernos locales para comunicar la situación de persecución, hostigamientos y criminalización que enfrentan los líderes y lideresas que defienden el derecho a la tierra frente al despojo por parte de grupos sucesores del paramilitarismo y grupos guerrilleros.
Días previos al ataque, el dirigente de Cahucopana se había reunido con la Representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y con representantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia de Suecia, Alemania, Noruega y Francia, para analizar la situación de seguridad de Cahucopana, reconocida como “sujeto de reparación colectiva” en 2019. En estas reuniones, Carlos Morales y Cahucopana han evidenciado el control territorial de grupos sucesores del paramilitarismo, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los Caparrapos, y de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, en medio de una alta militarización y persecución de líderes y lideresas que defienden el derecho a la tierra y al territorio.
Asimismo, las Embajadas de Noruega y Alemania, junto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la MAPP-OEA, habían acudido en octubre de 2021 a una Misión Humanitaria Internacional convocada por Cahucopana en Remedios (Nordeste Antioqueño) para verificar y visibilizar la situación de riesgo y violaciones de derechos humanos que afectan a las comunidades y a sus líderes y lideresas.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación por el reciente atentado contra el Sr. Morales. Asimismo, estamos alarmados por los 71 asesinatos documentados de personas defensoras de derechos humanos en un contexto en el que no parecen haberse tomado medidas preventivas adecuadas por parte de las autoridades estatales a pesar de los riesgos previsibles para la vida de las víctimas. El atentado contra el Sr. Morales y su núcleo familiar evidenciarían la insuficiencia de las medidas de protección ofrecidas a él y a la asociación Cahucopana, además del incumplimiento del Estado colombiano en la implementación de las mismas y en su deber de garantizar la vida.
