[Actualización 18 agosto 2022] Kenia Hernández está actualmente detenida en el penal de máxima seguridad ‘CEFERSO’ en Morelos. Sufriría de problemas visuales y de columna vertebral. Sus comunicaciones con el mundo exterior han sido muy limitadas por las autoridades de la cárcel desde que fue detenida. Actualmente se le permiten 10 minutos al mes de llamadas telefónicas, que la defensora utiliza para hablar con su familia, incluidos sus hijos. Su abogado no habría podido visitarla desde hace cinco meses, ni hablar con ella fuera de las audiencias en sus casos, a las que se conecta a través de una conexión poco fiable. La audiencia de apelación de una de las causas contra ella está prevista para el 22 de agosto de 2022.
Pido su liberación inmediata.
Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por yo y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de México el 30 de mayo de 2022, y recientemente se hizo pública. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. El Gobierno respondió el 27 de julio de 2022.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: el uso indebido del derecho penal, la presunta detencion arbitraria, las condiciones de privación de libertad y violaciones procesales contra la defensora indígena Kenia Inés Hernández Montalván.
Kenia Inés Hernández Montalván es una defensora indígena amuzga de derechos humanos, de la tierra y de los derechos de los pueblos indígenas. Es coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive que promueve diferentes formas de resistencia pacifica frente a modelos de desarrollo neo-liberal impuestos por el Estado Mexicano. Actualmente existen 7 casos abiertos en relación con delitos supuestamente fabricados en contra de la defensora indígena como represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos. Kenia Inés Hernández Montalván, ha sido beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde Septiembre de 2019. Otros integrantes del movimiento social Zapata Vive, el cual ella coordina, y se enfoca en la defensa de los derechos a la tierra y la identidad colectiva, habrían sido sujetos a amenazas persistentes y a hostigamientos judiciales desde Febrero de 2019.
ALEGACIONES
A partir del 2020, las restricciones al ejercicio de defensa de Kenia han escalado hacia el hostigamiento judicial y uso indebido del derecho penal por parte de autoridades estatales y empresas. Hasta ahora, la Fiscalía General de la República (FGR), así como las fiscalías de distintas entidades federativas han iniciado nueve carpetas de investigación contra Kenia.
Kenia Hernández fue detenida, sin orden de aprehensión, el 6 de junio de 2020 junto a tres menores de edad en la caseta de cobro denominada La Hortaliza, en la carretera Toluca-Valle de Bravo, Estado de México, por elementos de la policía de la entidad, mientras se retiraba del lugar, después de una protesta pacífica por la libertad de presos del Movimiento por la liberación de presos políticos de Guerrero. Estuvo en prisión preventiva en la cárcel de Chiconautla en Ecatepec hasta el 11 de junio de 2020. La Fiscalía del Estado de México inició investigación en su contra por el supuesto delito de robo con violencia cometido con arma de fuego, en agravio de dos particulares que habría sucedido meses atrás. Kenia Hernández fue vinculada a proceso judicial, mientras que la fiscalía solicitó la prisión preventive oficiosa (PPO); sin embargo, se le impuso la presentación periódica ante el juez, como medida cautelar para garantizar su comparecencia a juicio.
El 18 de octubre, Kenia Inés Hernández Montalván fue detenida por segunda vez en la caseta de Amozoc, Puebla, por cerca de 22 elementos policíacos escoltados por 20 patrullas en una acción especial sólo en contra de ella sin orden judicial. Los elementos policiacos no informaron a la defensora la razón de su detención. Tras la detención no hubo noticias de su paradero hasta la mañana del 19 de octubre, cuando se anunció que estaba detenida en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez y que enfrentaría cargos de “robo con violencia”. La familia no fue notificada, y los abogados no tuvieron acceso porque no sabían donde podrían localizarla.
La defensora fue formalmente vinculada a proceso por el delito de robo con violencia moral, esta vez en perjuicio de la empresa Autovías Concesionadas Mexiquenses S.A. de C.V. El 24 de octubre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, nuevamente solicitó prisión preventiva oficiosa, la cual fue negada por el juez de control del estado de México. En su lugar, se impuso la exhibición de una garantía económica y la colocación de localizadores electrónicos, con lo cual obtendría su libertad.
Sin embargo, a las 2:49 horas del 25 de octubre de 2020 se le hizo efectiva una nueva orden de aprehensión y fue trasladada al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco (lugar del que Kenia fue desplazada por estar en peligro, como se mencionó supra), por ataques a las vías de comunicación cometidos en la caseta “la venta”, en la autopista Chilpancingo-Acapulco, denunciado por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal.
El 19 de febrero de 2021, el Tribunal de Enjuiciamiento del distrito Judicial de Almoloya de Juárez, Estado de México, sentenció a la Sra. Hernández Montalván a diez años y seis meses de prisión así como a una multa de veintiún mil pesos mexicanos (aproximadamente mil dólares estadounidenses), luego de que el 5 de febrero del 2022 se emitiera sentencia condenatoria en su contra por el delito fabricado de “robo con violencia” supuestamente cometido en una caseta de la autopista Toluca-Zitácuaro.
El 10 de marzo de 2022, el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec dictó sentencia condenatoria de 11 años y 3 meses en contra de Kenia Inés Hernández Montalván. En menos de un mes, Kenia ha sido sentenciada dos veces por dos cargos fabricados de “robo con violencia” lo que supone un total de 21 años y 9 meses en prisión en contra de la defensora indígena.
El 18 de marzo de 2022, el Poder Judicial de la Nación notificó a la Sra. Hernández Montalván la existencia de una nueva investigación en su contra por “ataques a la vías de comunicación” en el estado de Guerrero, pretendiendo aplicarle una reforma de febrero de 2022 a supuestos hechos de
2019. Suman en total nueve procesos en su contra, de los cuales hasta ahora
tiene conocimiento.
La defensora indígena Kenia Inés Hernández Montalván ha permanecido en prisión un año y once meses desde su presunta detención arbitraria el 6 de junio de 2020 y desde entonces ha sido sujeta a una fuerte campaña de criminalización orquestada en su contra como represalia por su legítimo trabajo de activismo y defensa de los derechos territoriales. Existen 9 causas penales abiertas en su contra en 4 diferentes entidades de México incluyendo Morelos, Guerrero, Guanajuato y el Estado de México. Kenia enfrenta los procesos y el acoso judicial mientras se encuentra detenida en la prisión de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social Femenil (CEFERESO) No. 16, en el municipio de Coatlán, estado de Morelos.
A la fecha, la defensora indígena ha recibido ya dos sentencias condenatorias en el Estado de México. El Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca dictó sentencia condenatoria de 10 años y 6 meses el 19 de febrero de 2021 bajo los cargos de “robo con violencia”. Por otro lado, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ecatepec dictó sentencia condenatoria de 11 años y 3 meses el pasado 10 de marzo 2022 bajo los mismos cargos. En total serían 21 años y 9 meses en prisión para la defensora.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación por el arresto y el hostigamiento judicial del cual es víctima la defensora indígena de derechos humanos Kenia Inés Hernández Montalván. a través de la constante apertura de procesos de investigación con la finalidad de mantenerla privada de libertad o con medidas de alternativas de control. Los ataques a los pueblos indígenas y a los defensores de los derechos humanos mediante la intimidación, las amenazas y la criminalización son especialmente preocupantes, ya que parecen ser una represalia directa por sus actividades legítimas y pacíficas. Nos preocupa que tales acusaciones no sólo denigren los esfuerzos de los mencionados defensores de los derechos humanos indígenas para denunciar las violaciones de los derechos humanos, sino también los esfuerzos de otros defensores de los derechos humanos y organizaciones de derechos humanos en este sentido, contribuyendo a un efecto amedrentador sobre la sociedad civil y la capacidad de ejercer libremente el derecho a la libertad de expresión y la libertad de reunión y asociación sin temor a represalia.