Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de Colombia el 10 de mayo de 2024. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera.
El Gobierno respondió el 18 de junio de 2024, en la que señalo que se estaba llevando a cabo una investigación sobre el asesinato de la Sra. Galíndez. Según información recibida por la Relatora Especial, la familia de la Sra. Galíndez aún no habría recibido ninguna información sobre el avance de la investigación.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: el asesinato de la defensora de derechos humanos, la Sra. Ludivia Galíndez.
La Sra. Ludivia Galíndez era una defensora de derechos humanos, líder comunitaria y presidenta de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal (ASOJUNTAS) de la comunidad del municipio de La Montañita. Trabajó con las comunidades en procesos de orientación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, sustituyendo los cultivos de uso ilícito de la coca por cultivos de arroz, yuca y sacha inchi, y promovió el desarrollo de las comunidades de Caquetá y el respeto de los derechos humanos en la región. La Sra. Galíndez fue también parte de la Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer Colombiana (ASODEMUC) y del Comité́ Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
ALEGACIONES
El departamento del Caquetá es un lugar de gran biodiversidad, por lo que se ha convertido en un corredor estratégico para economías ilícitas, como: los cultivos de coca, ganadería extensiva, deforestación de la selva amazónica, minería ilegal, trata de personas, entre otras. Por esos intereses, el departamento tiene presencia de grupos armados organizados residuales (GAOR), que siguen expandiéndose.
En 2016, durante el proceso de firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la reforma rural integral se convirtieron en un punto fundamental para lograr el desarrollo territorial y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades rurales cultivadoras de coca, amapola y marihuana. El Punto 4 de los acuerdos firmados en La Habana se dedica a la estructuración de una estrategia, permitiendo desmontar el engranaje de las economías ilícitas, sostenido en la coca que cultivan las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas de las regiones más violentas y marginadas del país. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, es una iniciativa crucial para la transformación de las zonas afectadas por el narcotráfico en Colombia.
En el 2018, la Sra. Galíndez y su familia fueron desplazados de su hogar en la vereda Miramar en el municipio de la Montañita debido a las llamadas amenazantes, incluyendo amenazas de muerte, que recibió del Grupo Armado Organizado residual (GAOR) con relación a su denuncia en su contra ante el Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en conjunto con violaciones de derechos humanos en la zona. La Sra. Galíndez, su esposo y sus hijos se reubicaron en el municipio de Florencia. Como consecuencia de esta situación de desplazamiento forzado, la Sra. Galíndez fue incluida en el Registro Único de Víctimas (RUV) del Gobierno.
En septiembre de 2023, en respuesta a las constantes amenazas de muerte en contra de la Sra. Galíndez, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le otorgó un esquema de protección por un período de 12 meses. En su decisión, la UNP notó que la Sra. Galíndez había reportado previamente las amenazas que había recibido, pero se desconoce si hubo avances en esta investigación por parte de la Fiscalía General. La UNP también señaló en su decisión que, además de las amenazas, la inclusión de la Sra. Galíndez en el RUV motivó la concesión de medidas de protección a su favor. El esquema consistió en un vehículo convencional y dos personas de protección, así como un medio de comunicación y una chaqueta blindada.
En la noche del 23 de febrero de 2024, después de que las personas de protección asignadas por la UNP se hubieran retirado del domicilio de la Sra. Galíndez, personas desconocidas armadas le dispararon desde las rejas de su casa. La Sra. Ludivia Galíndez murió a causa de las heridas producidas por los disparos. Uno de sus hijos resultó herido y recibió atención médica inmediata.
La familia de la Sra. Galíndez solicitó ante la UNP la reasignación de las medidas de protección en su favor, debido a su temor a seguir viviendo en el domicilio donde ocurrió el asesinato y particularmente por el temor de su hijo que resultó herido en el ataque, por su participación como testigo en la investigación sobre el asesinato y el temor a represalias como consecuencia de ello. La UNP no habría concedido la reasignación completa de las medidas de protección a favor de la familia, aprobando solo unos chalecos antibalas y un botón de pánico.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, señalamos nuestra preocupación ante el asesinato de la Sra. Ludivia Galíndez en su domicilio por un grupo de personas desconocidas, que parecería relacionado con sus actividades pacíficas y legítimas de defensa de los derechos humanos, específicamente su trabajo con comunidades respecto a los programas de sustitución de los cultivos de uso ilícito.
Nos preocupa que a pesar de las medidas de protección asignadas a la Sra. Ludivia Galíndez, personas desconocidas armadas pudieran dispararle desde las rejas de su casa, e incluso más preocupante, justo cuando el personal de protección asignado por la UNP se había ido.
Asimismo, nos inquieta que la petición de la familia de la Sra. Ludivia Galíndez para la reasignación de las medidas de protección no haya sido otorgada por la UNP, dejando a la familia, y en particular al hijo que resultó herido en al ataque, en una situación de seguridad precaria.
