Foto: FIDH
Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de Colombia el 6 de diciembre de 2021, y recientamente se hizo pública. El Gobierno no respondió dentro del periodo de confidencialidad de 60 días. Si se recibe una respuesta se publicará en la base de datos de la ONU.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: amenazas de muerte contra la defensora de derechos humanos Adriana Lizarazo, su familia e integrantes de la seccional Santander del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), debido a su labor en la defensa de derechos humanos.
La señora Adriana Lizarazo es defensora de derechos humanos y coordinadora de la seccional del departamento de Santander del CSPP, una organización miembro de la Red SOS- Tortura de la OMCT y vocera del Nodo Nororiente de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU). La CCEEU es una plataforma de organizaciones de derechos humanos, que tiene como objetivo realizar incidencia internacional y nacional en derechos humanos, al igual que contribuir a la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos con énfasis en derechos civiles y políticos, la lucha contra la impunidad, la vigencia del Estado social de Derecho, la construcción de la paz y búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado en Colombia. La señora Adriana Lizarazo actualmente trabaja junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas sobre casos de presunta desaparición forzada ocurridos en el departamento de Santander entre noviembre de 1999 y enero de 2000.
ALEGACIONES
Desde 1 de enero de 2021 hasta el 15 de noviembre de 2021, se habrían contabilizado 152 agresiones en contra de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ). Este año, se habrían reportado múltiples actos de intimidación, ataques y amenazas de muerte en contra de miembros del CSPP.
El 13 de noviembre de 2021, Adriana Lizarazo habría recibido numerosos mensajes a través de WhatsApp por parte de un individuo que se identificó como miembro del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Los mensajes habrían señalado que el AGC tendría conocimiento sobre el lugar de residencia, trabajo y familia de la defensora, y le habrían solicitado una reunión, de lo contrario tomarían medidas en su contra.
Al no responder, a ninguno de los mensajes, el individuo habría amenazado de muerte a la señora Lizarazo y habría declarado la seccional Santander del CSPP y sus miembros como objetivo militar, le habría también enviado fotos de armas y de un individuo desconocido vestido con ropa militar y un brazalete con las siglas de las AGC.
Al respecto, el CSPP habría interpuesto una denuncia ante la Policía y la Fiscalía, al igual que habrían solicitado a las autoridades condenar las amenazas y señalamientos contra las personas defensoras y otorgar medidas de protección. Hasta el momento, no se tiene información sobre avances en esta investigación.
El CSPP tiene medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a amenazas previas en contra de sus integrantes y cuenta con un esquema colectivo de protección de tres escoltas. Sin embargo, debido a su trabajo la Señora Andriana Lizarazo tiene que hacer varias visitas a comunidades y no cuenta con ningún esquema de protección individual.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación por las alegaciones de amenazas de muerte en contra de la defensora de derechos humanos Adriana Lizarazo, por el trabajo que realiza en la defensa de los derechos humanos. Nos preocupan los reportes que hemos recibido sobre el incremento de violencia ejercida en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, en donde se observa un incremento en las agresiones en contra de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. Lo anterior podría tener un efecto amedrentador en la legítima labor que realizan estas personas en la defensa y protección de los derechos humanos.
