Colombia: actos de intimidación y amenazas contra las personas defensoras de los derechos humanos ambientales del Movimiento Ríos Vivos (comunicación conjunta)

Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de Colombia así como a las Empresas Públicas de Medellín el 24 de mayo de 2024. El Gobierno respondió el 4 de julio y el 30 de julio de 2024. Las Empresas Públicas de Medellín respondieron el 22 de julio de 2024.

Según informes recibidos por la Relatora, los miembros del Movimiento Ríos Vivos siguen enfrentándose a altos niveles de violencia y acoso por parte de presuntos miembros de grupos armados. A pesar de ello, según los informes, las entidades estatales habrían reducido sus medidas de protección.

Esta es una versión más corta de la comunicación original.

Leer la comunicación integral al Gobierno de Colombia Leer la respuesta del Gobierno (1) Leer la respuesta del Gobierno (2) Leer la comunicación integral a las Empresas Públicas de Medellín Leer la respuesta de las Empresas Públicas de Medellín

ANTECEDENTES

Tema: los supuestos actos de intimidación y amenazas contra las personas defensoras de los derechos humanos ambientales e integrantes del Movimiento Ríos Vivos, Sra. Milena Flórez, Sr. Richard Zapata, Sra. María Judith Rojo Villa, y Sra. Luz Ángela Agudelo Higuita.

El Movimiento Ríos Vivos es un movimiento ambientalista que representa a las comunidades afectadas por el proyecto Hidroituango y agrupa a 15 organizaciones de base que trabajan para remediar los impactos en los derechos de las comunidades afectadas por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango en el valle del Cauca, como desalojos forzados, impactos negativos sobre la salud de las personas afectadas y el medioambiente, y violaciones de los derechos laborales y culturales. En julio de 2019, la Unidad Nacional de Protección ordenó un esquema de protección colectivo al Movimiento Ríos Vivos. Titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales han enviado tres cartas previas al Gobierno de Colombia en relación con asesinatos, actos de intimidación, amenazas y acosos que han sufrido integrantes del Movimiento Ríos Vivos, AL COL 11/2013, AL COL 7/2014 y AL COL 2/2020.

La Sra. Milena Flórez es defensora de los derechos humanos, presidenta y representante legal del Movimiento Ríos Vivos (MRV). El Sr. Richard Zapata es defensor de los derechos humanos, vicepresidente del MRV y representante legal de la Asociación de Barequeros, Pescadores y Agricultores de Sabanalarga (Asominsab). La Sra. María Judith Rojo Villa es defensora de los derechos humanos, secretaria general del MRV y de Asominsab. La Sra. Luz Ángela Agudelo Higuita es defensora de los derechos humanos, integrante de la coordinación general del MRV y vicepresidenta de Asominsab.

ALEGACIONES

El proyecto hidroeléctrico Hidroituango es operado por la sociedad Hidroituango, conformado por los socios mayoritarios Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), Empresas Públicas de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

La construcción del proyecto fue originalmente en parte financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo/Invest. El proyecto incluye una presa de 225 metros de altura y 20 millones de metros cúbicos de volumen. Entre las consecuencias negativas relacionadas con la construcción y operación del proyecto en un territorio altamente afectadas por el conflicto armado, se dio el desplazamiento forzado de más de 3000 personas en el marco de la subida del río Cauca debido a la obstrucción de un túnel auxiliar de desviación de aguas de la infraestructura, la ausencia de consultas y participación de grupos de personas potencialmente afectados así como la situación de violencia y represalias en contra de aquellas personas, tales como personas defensoras de los derechos humanos, y colectivos que han mostrado oposición al proyecto.

El 18 de diciembre de 2023, la Sra. Flórez habría recibido una llamada a su teléfono personal de un hombre que se identificó como un comandante del grupo armado no estatal, las llamadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC). Durante la llamada, el desconocido le habría exigido un encuentro con la Sra. Flórez y demostrado con detalle que el grupo armado conocía la ubicación de la sede del MRV y las actividades que realizaba el movimiento. La Sra. Flórez se encontraba viajando y le informó al desconocido que no estaba en el territorio, pero el hombre habría insistido en que necesitaba hablar con ella. La Sra. Flórez no denunció individualmente este hecho porque, al llamar a la Fiscalía, la asesora le habría indicado que no había configuración de ningún tipo penal.

El 12 de enero de 2024, la Sra. Flórez estuvo en Sabanalarga, Antioquia, para una reunión con el alcalde. Durante su estadía en el municipio, habría sido seguida por un hombre, presuntamente miembro del grupo AGC que operaría en Sabanalarga.

El 21 de enero de 2024, el Sr. Zapata y las Sras. Rojo Villa y Agudelo Higuita asistieron a una reunión de la coordinación general del MRV que tuvo lugar en la sede principal del movimiento, ubicada en el municipio de Toledo, Antioquia. Esta reunión contó con la participación de más de 40 líderes de varias subregiones del departamento de Antioquia.

El día siguiente, el 22 de enero de 2024, tras su regreso a sus domicilios en diferentes direcciones en el municipio de Sabanalarga, Antioquia, hombres armados que se identificaron como integrantes de las AGC se habrían presentado de manera simultánea sobre las 3 de la mañana en los domicilios del Sr. Zapata y las Sras. Rojo Villa y Agudelo Higuita. Los hombres armados les habrían acosado y exigido que trabajen para el grupo armado y entreguen toda la información que tenían sobre las actividades del MRV. Al Sr. Zapata y a la Sra. Agudelo Higuita, les habrían intimidado de salir del municipio, y a la Sra. Rojo Villa la habrían amenazado de muerte.

A raíz de estos ataques y amenazas, ese mismo día, las tres personas defensoras de los derechos humanos y sus familias tuvieron que abandonar sus domicilios desplazándose para tutelar su seguridad. Estos acontecimientos fueron denunciados ante la Fiscalía 162 Seccional Rionegro – Unidad de Vida, en una denuncia que incluyó la llamada realizada a la Sra. Flórez el 18 de diciembre 2023. Asimismo, se habría solicitado protección para las tres personas defensoras sin que a la fecha conste información sobre el trámite de protección, incluso sobre el resultado del estudio de riesgo realizado y pasos siguientes para el otorgamiento de medidas.

A partir de los ataques y amenazas contra las y los líderes del MRV el 22 de enero de 2024, se habrían producido numerosos incidentes de amenazas contra otras personas integrantes del MRV, a través de llamadas y mensajes de WhatsApp provenientes de integrantes de las AGC.

Se reporta además que desde que fue ordenado, en julio de 2019, un esquema de protección colectivo al Movimiento Ríos Vivos por parte de la Unidad Nacional de Protección, no se ha vuelto a realizar una reevaluación del riesgo.

Por otro lado, se han reportado afectaciones con los esquemas de protección individuales a favor de algunos integrantes del Movimiento Ríos Vivos, debido a averías a los vehículos y la demora en su reparación u sustitución.

PREOCUPACIONES

En la comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación ante la situación de riesgo en la cual se encuentran las personas defensoras de los derechos humanos ambientales e integrantes del Movimiento Ríos Vivos, las Sras. Flórez, Rojo Villa y Agudelo Higuita, y el Sr. Zapata. Tememos que las amenazas que han sufrido estén relacionadas con su trabajo pacífico y legítimo de defensa de los derechos humanos y su liderazgo en el movimiento que se opone a los impactos negativos en los derechos humanos y en el medioambiente del megaproyecto Hidroituango. Nuestra preocupación se ve agravada porque las amenazas recientes no fueron incidentes aislados. El Movimiento Ríos Vivos y sus integrantes han sido víctimas de amenazas, acosos y hasta asesinatos en los últimos años. Recordamos al Gobierno de Colombia su obligación de proteger el derecho a la vida, que exige al Estado de adoptar medidas especiales de protección hacia las personas en situación de vulnerabilidad cuya vida se encuentra en una situación de riesgo particular debido a amenazas concretas o a patrones de violencia preexistentes, incluyendo a personas defensoras de los derechos humanos (CCPR/G/GC/36, párrafos 23 y 53).

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