Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de México el 23 de mayo de 2024 y permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. Una respuesta del Gobierno fue recibida el 23 de octubre de 2024.
Tras el envío de la comunicación, la Relatora Especial recibió información de que la sentencia del Sr. David Hernández Salazar había sido revocada y el defensor absuelto el 14 de mayo de 2024 por la Sexta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Sin embargo, según información recibida por la Relatora Especial, la comunidad de Puente Madera habría seguido recibiendo amenazas de agentes estatales y grupos criminales.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: la criminalización, condena y sentencia del defensor de los derechos humanos David Hernández Salazar.
El Sr. David Hernández Salazar es Agente Municipal Comunitario del Pueblo Indígena Binniza de Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca, sindicalista, integrante del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca, y delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI). Es vocero del movimiento en defensa de las tierras de uso común El Pitayal, llevado a cabo por la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), desde al menos 2017. Específicamente, el movimiento se ha opuesto a la instalación del Polo de Desarrollo de San Blas Binniza de Puente Madera en El Pitayal, en el marco del megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CITT).
ALEGACIONES
El 10 de febrero de 2022, dos personas de la comunidad supuestamente vinculadas con los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI), parte del CITT, habrían comenzado a realizar acciones de deforestación y cercado en el Pitayal, desmontando y cercando una parte de la tierra, que es de uso común. Cuando otros miembros de la comunidad les interrogaron sobre sus actividades, las dos personas habrían respondido que tenían constancias de posesión sobre las tierras. A partir del 10 de febrero, la comunidad de Puente Madera se declaró en Alerta Máxima para la protección del Pitayal.
El 12 de febrero de 2022, un grupo conformado por individuos vinculados con el proyecto del CITT, la Policía Municipal de San Blas Atempa, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, ingresaron al monte El Pitayal – donde se pretendía instalar uno de los PODEBI – con el supuesto objetivo de obtener constancias de posesión, y avanzar el proceso de apropiación para el CITT. El grupo de personas no habría dado explicaciones de su presencia en El Pitayal, ni habría consultado con la comunidad de Puente Madera de antemano. En respuesta, un grupo de personas de la comunidad habría prendido fuego a algunos de los vehículos del grupo aparcados sobre la carretera panamericana en la entrada de la comunidad de Puente Madera.
En el momento en el que se inició el incendio, el Sr. Hernández Salazar se dirigía con otras personas a la Radio Comunitaria Didxazaa Stipa de San Blas Atempa para denunciar los incidentes de hostigamiento contra la comunidad de Puente Madera de los días anteriores, incluido lo acontecido el 10 de febrero 2022. Cuando estaba en camino, recibió una notificación que se habría producido una movilización en Puente Madera y que se requirió su presencia como Agente Comunitario.
Al llegar, el Sr. Hernández Salazar vio el humo proveniente de los vehículos estacionados y se reunió con los habitantes de Puente Madera para entender lo que había ocurrido. El grupo de personas al interior de El Pitayal huyó por veredas internas sin regresar a sus vehículos aparcados.
El 19 de julio de 2022, tres personas habrían irrumpido el domicilio del Sr. Hernández Salazar y habrían agredido a él y a su familia.
El 25 de julio de 2022, habitantes de Puente Madera presentaron una queja formal ante la oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación con los hechos ocurridos.
El 24 de octubre de 2022, un grupo de aproximadamente 30 personas que se habrían identificado como personal de la seguridad privada del CIIT, acompañado por integrantes de la Policía Estatal, habría instalado una lona con el eslogan “TIERRAS PROPIEDAD DEL CIIT”, en la entrada de El Pitayal.
El 17 de enero 2023, alrededor de las 8:00 de la mañana, al llegar a su trabajo en la Escuela Primaria Patria ubicada en Tehuantepec, el Sr. Hernández Salazar fue detenido por unas personas que se identificaron como parte de la Fiscalía, al parecer diciéndole que sería trasladado a la Ciudad de Oaxaca. La APIIDTT emitió un comunicado de desaparición, ya que su paradero era desconocido. Al cabo de más de tres horas, la Fiscalía del Estado de Oaxaca publicó en sus redes sociales información anunciando su detención en los Juzgados de Control con sede en Tanivet, Tlacolula.
El Sr. Hernández Salazar fue puesto en libertad más tarde el mismo día, y se anunció que él y 17 personas indígenas Binniza de Puente Madera habrían sido acusados de los delitos de “daño por incendio” y “daños dolosos” por el Municipio de San Blas Atempa, el Registro Agrario Nacional y particulares en la Causa Penal 446/2022, y que las demás 17 personas también tuvieron ordenes de aprehensión en su contra. Los cargos presuntamente fabricados se habrían imputado contra el Sr. Hernández Salazar y los otros 17 individuos con relación a los acontecimientos que se produjeron el 12 de febrero 2022 en El Pitayal.
Entre el 21 y el 27 de enero de 2023, se habrían producido dos incidentes de vigilancia por personas desconocidas afuera de la oficina de la APIIDTT. Las cámaras de seguridad mostraron que al menos en un momento dos hombres desconocidos vigilaban quien entraba y salía de la oficina.
El 12 de mayo de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria del PODEBI en San Blas Atempa.
El 5 de junio de 2023, la Asamblea General Comunitaria de Puente Madera interpuso un amparo contra la declaratoria del PODEBI en San Blas Atempa conforme al Derecho Indígena (314/2023).
El 6 de junio de 2023, un juez federal concedió la suspensión de oficio y de plano contra la declaratoria y el PODEBI, a favor de Puente Madera. En la tarde del mismo día, camionetas del Ejército habrían entrado a Puente Madera y se habrían instalado en el puente dentro de la comunidad. Los funcionarios habrían revisado presuntamente de manera violenta a los habitantes que intentaban pasar por el lugar.
Entre el 7 y el 9 de junio de 2023, los funcionarios del Ejército se habrían instalado con un operativo enfrente de la Colonia Dos Mujeres y frente a la Escuela Primaria, y habrían revisado personas de la comunidad y no habría dado ninguna explicación, mientras camionetas del ejército habrían estado patrullando también.
Entre el 22 y el 24 de junio de 2023, el Sr. Hernández Salazar habría recibido mensajes de WhatsApp de números desconocidos, al parecer a nombre del [redactado]. En los días siguientes, el Sr. Hernández Salazar habría recibido mensajes de WhatsApp de otros números desconocidos, supuestamente con la misma intención de dialogar con el Gobierno de Oaxaca. Al mismo tiempo, el número de WhatsApp de la APIIDTT y sus miembros habrían recibido llamadas con amenazas de muerte.
El 19 de julio de 2023, el Sr. Hernández Salazar y el Secretario Comunitario iban en una camioneta cuando tuvieron un accidente con otra camioneta, a unos kilómetros de la entrada de Puente Madera. Ninguno de los dos resultó herido físicamente pero el vehículo habría quedado con daños irreparables. Este incidente sucedió el día antes de la audiencia intermedia del Sr. Hernández Salazar.
El 15 de agosto de 2023, se llevó a cabo la audiencia intermedia en el caso contra el Sr. Hernández Salazar.
El 18 de octubre 2023, el Sr. Hernández Salazar fue informado de nuevos cargos presuntamente fabricados en su contra por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), en los cuales lo acusaron del delito de “ataques a las vías de comunicación”.
El 16 de enero de 2024, el juicio del Sr. Hernández Salazar de la Causa Penal 446/2022 inició en el Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial del Istmo, durante el cual la Agencia Agrícola se retiró del juicio, porque no habría contado con argumentos suficientes para sostener la acusación. Los testigos de cargo habrían hecho declaraciones contradictorias durante el juicio.
El 30 de enero de 2024, tras 14 días de audiencia, el Sr. Hernández Salazar fue condenado con los cargos de “daño por incendio” y “daños dolosos”.
El 7 de febrero 2024, el Juzgado de Control de Salina Cruz dictó la sentencia condenatoria de 46 años y seis meses de prisión, y una multa de 182,818 MXN pesos ($10,880 USD) y un pago por reparación de daños por la cantidad de 1,100,015 MXN pesos ($65,471 USD) contra el Sr. Hernández Salazar. La sentencia no se ejecutó de manera inmediata, ya que el Sr. Hernández Salazar y 17 otros habitantes de Puente Madera poseen amparos contra las órdenes de aprehensión en la Causa Penal 446/2022. Tras la sentencia, se inició el proceso de apelación.
El 27 de febrero de 2024, comenzó el juicio para la demanda federal en contra del Sr. Hernández Salazar presuntamente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El represente de la SCT y el Ministerio Público habrían solicitado la medida cautelar de prisión preventiva para el Sr. Hernández Salazar, en relación con la sentencia de 46 años de prisión de la Causa Penal 446/2022.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación por la condena y sentencia del defensor de derechos humanos indígena, el Sr. Hernández Salazar, y el hostigamiento, actos de intimidación y criminalización en su contra y la APIIDTT, ya que en el caso de ser ciertos, parecerían ser represalia directa por sus actividades legítimas de defensa de los derechos humanos, en relación con su trabajo en oposición a la instalación del Polo de Desarrollo de San Blas Binniza de Puente Madera en El Pitayal, en el marco del megaproyecto del CITT.
Nos preocupa que el Sr. Hernández Salazar haya sido imputado y condenado a pesar de que el día cuando ocurrió el presunto crimen, él no se encontraba en el lugar de los hechos, sino que se dirigía a denunciar los incidentes de hostigamiento en contra de la comunidad de Puente Madera ocurridos en días anteriores.
Por lo tanto, planteamos nuestra preocupación, ya que la base jurídica de dicha persecución legal no parece compatible con las condiciones de las restricciones permisibles al derecho al debido proceso y, como tal, puede ser ilegal en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Ese presunto uso indebido del derecho penal nos preocupa ya que no sólo desacredita los esfuerzos del defensor de los derechos humanos indígena, el Sr. Hernández Salazar, para denunciar las violaciones de los derechos humanos, sino también los esfuerzos de otros defensores de los derechos humanos y sus organizaciones, contribuyendo a un efecto amedrentador sobre la sociedad civil y la capacidad de ejercer libremente el derecho a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica y asociación sin temor a represalias.