Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno del Ecuador el 16 de mayo de 2024. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera.
El Gobierno respondió el 16 de julio de 2024, en la que señaló que se estaba llevando a cabo una investigación sobre el acto de intimidación en contra de la niña defensora y su familia en febrero de 2024. Según información recibida por la Relatora Especial, la Fiscalía ha solicitado que ella y su familia cesen en su labor de defensa de los derechos humanos, a fin de ser incluidos en el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (SPAVT), lo que la niña defensora y su familia han rechazado, subrayando el problema de una falta de un mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: el presunto acto de intimidación en contra de la niña defensora de derechos humanos Srta. Moncayo y su familia.
La Srta. Moncayo es una niña defensora de los derechos humanos de 14 años que aboga por la protección del ambiente y de la Amazonía ecuatoriana, específicamente en contra de los impactos perjudiciales de la quema habitual de gas residual de la extracción de petróleo, “mecheros”. Ella es la hija de dos defensores de los derechos humanos, el Sr. Donald Moncayo y la Sra. Silvia Lorena Ordóñez Zambrano, que pertenecen a la organización de litigio estratégico Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT).
ALEGACIONES
Antecedentes
En 2020, la Srta. Moncayo y otras ocho niñas ecuatorianas, junto con la UDAPT, presentaron una acción de protección contra la autorización anual estatal que permite la operación de los mecheros en las provincias amazónicas ecuatorianas de Sucumbíos y Orellana. Las niñas y la UDAPT señalaron que, para las comunidades de Sucumbíos y Orellana, los mecheros generan grandes concentraciones de gases y partículas que generan graves impactos sobre la biodiversidad y contribuyen al cambio climático, afectando el disfrute y el ejercicio del derecho a la vida, a la salud, y a un medio ambiente limpio, sano y sostenible de las comunidades que viven y dependen de los recursos de la Amazonía ecuatoriana. Además, se subrayó el impacto en los derechos propios de la niñez, en particular aquellos que se enfocan en lograr su bienestar, salud física y mental, y el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible.
El 29 de julio 2021, la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos determinó que el Estado ecuatoriano desconoció el derecho de las niñas a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, desatendió su derecho a la salud, e incumplió sus obligaciones internacionales relacionadas con la mitigación del cambio climático. Asimismo, la corte concedió la reparación integral del daño, la eliminación gradual y progresiva de los mecheros, el desarrollo de estudios del impacto de los mecheros en la salud, y el establecimiento de centros de atención hospitalarios especializados en oncología, entre otras medidas.
Desde el pronunciamiento de la sentencia en 2021, sólo se ha cumplido con las disculpas públicas, la presentación de un “Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador” y dos informes técnicos sobre la quema habitual de gas llevados a cabo por el Ministerio de Energía y Minas. No se han emprendido acciones de remediación ambiental, ni se ha reparado el derecho a la salud o cualquier otro derecho.
El presunto acto de intimidación en febrero de 2024
El 21 de febrero de 2024, la Srta. Moncayo y cuatro de las nueve demandantes asistieron a una sesión en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, convocada para auditar el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades pertinentes. En su intervención durante la sesión, la entonces ministra de Energía y Minas afirmó que el gobierno habría eliminado dos mecheros y que, por eso, ya se habría cumplido la sentencia. Además, la ex ministra habría declarado que una cosa es insistir en la eliminación de los mecheros, y otra “causar pánico”, y habría insinuado que las niñas habían sido manipuladas.
En respuesta a la declaración de la ex ministra, la Srta. Moncayo y las otras niñas habrían tomado el micrófono para rebatir sus comentarios. Las niñas habrían enfatizado que, según la Defensoría del Pueblo, la cantidad de mecheros había aumentado de 447 a 486 desde la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos en 2021. Una de las demandantes habría rebatido la afirmación de que habían sido manipuladas, declarando que lo único que hacían era luchar por sus derechos. La Srta. Moncayo entonces habría refutado declaraciones de la ex ministra.
El 26 de febrero de 2024, la Srta. Moncayo y su madre, la Sra. Silvia Lorena Ordóñez Zambrano, oyeron un ruido en el patio de su casa, y cuando salieron, vieron un abundante humo blanco con olor de pirotécnica. Cuando el humo se despejó, la Srta. Moncayo y la Sra. Ordóñez Zambrano vieron un artefacto explosivo improvisado de caña de guadua, papel y un tubo de cartón.
El 27 de febrero de 2024, el Sr. Donald Moncayo presentó una denuncia ante la fiscalía general sobre la colocación del artefacto explosivo en el domicilio. En la denuncia, el Sr. Moncayo habría notado que la familia no tenía problemas con nadie, y que lo único que ocurrió fue la participación de la Srta. Moncayo en la sesión en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional el 21 de febrero 2024. Tras la presentación de la denuncia por el Sr. Donald Moncayo, la fiscalía general habría iniciado una investigación sobre el incidente, sin embargo, a la fecha la familia aún no habría recibido noticias acerca de los avances de la investigación.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra preocupación ante el presunto acto de intimidación y ataque contra la integridad física de la niña defensora de los derechos humanos la Srta. Moncayo y su familia. Dicha situación parecería ser una amenaza relacionada con sus actividades pacíficas y legítimas en defensa de los derechos humanos en torno a la quema habitual de gas mediante mecheros, su impacto negativo en la Amazonía ecuatoriana y las comunidades que viven allí, así como los impactos en el cambio climático.
Asimismo, quisiéramos expresar nuestra inquietud por las presuntas insinuaciones de la ex ministra de Energía y Minas que la Srta. Moncayo y las otras niñas habían sido manipuladas. Discursos políticos que utilizan la edad de los niños y jóvenes defensores de los derechos humanos para dar a entender que están siendo manipulados, reclutados o adoctrinados contribuyen a los obstáculos, edadismo y desacreditación que suelen enfrentar como parte de su trabajo, tal y como destacó la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos sobre los desafíos afrontados por los niños y jóvenes defensores de los derechos humanos (A/HRC/55/50, párrafos 45 – 47). Además, en este informe, la Relatora Especial subrayó que las familias de niños y jóvenes defensores de los derechos humanos a menudo son blanco de actos de acoso, discriminación y represalia debido al activismo de sus seres queridos (Ibid., para. 54).
