Lo que sigue se basa en una comunicación enviada por varios titulares de mandatos de Procedimientos Especiales, incluida la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, a los gobiernos de Ecuador y Canadá, así como a las empresas La Plata S.A., Trafigura Pte Ltd, Salazar Resources, Atico Mining Corp y Adventus Mining Corp, el 18 de abril de 2024.
La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, para dar tiempo a los gobiernos y otros actores a responder. El Gobierno de Ecuador respondió el 17 de junio de 2024. Al momento be publicar esta comunicación, el Gobierno de Canadá no había respondido. Se han recibido respuestas de todas las empresas implicadas, con la excepción de Trafigura Pte Ltd. Si se reciben más respuestas, se publicarán en la base de datos de comunicaciones de los Procedimientos Especiales de la ONU.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: la situación de escalada de violencia, incluyendo por parte de la fuerza pública, y uso indebido del derecho penal en contra de defensores ambientales y de derechos humanos en el marco de consultas ambientales para proyectos mineros. En particular, esta se refiere a las comunidades de Las Pampas y Palo Quemado, cantón Sigchos, Provincia de Cotopaxi en relación con el proyecto minero La Plata – operado por la empresa ecuatoriana La Plata S.A., que es de propiedad de la empresa Toachi Mining Inc, a su vez subsidiaria de la empresa Atico Mining Corporation, ambas con sede en Canadá. Adicionalmente, la información se refiere a comunidades del cantón de las Naves, Provincia de Bolívar, en relación al proyecto Curipamba- el Domo, concesionado a la empresa Curiming, de propiedad de las empresas Salazar Resources Ltd. y Adventus Mining Corporation, ambas empresas estan basadas en Canada. Atico Mining Corporation y Adventus Mining Corporation reciben financamiento de Trafigura Pte Ltd., con sede en Singapour, mientras Atico Mining Corporation ha recibido también un préstamo del Export Development Canadá.
ALEGACIONES
Con el fin supuesto de desbloquear la ejecución de varios proyectos mineros paralizados por conflictividad social, el 31 de mayo de 2023, el entonces Presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lasso emitió el Decreto Ejecutivo N°754. Dicho Decreto reformó el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (COA), incorporando el “Proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental en el proceso de regularización ambiental”, que permitiría ejecutar el proceso de consulta ambiental sobre proyectos de extracción de recursos y obras con impacto en el medio ambiente.
El 13 de junio de 2023, la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CONAIE) presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo N°754 (número 51-23-IN), solicitando medidas cautelares por considerar que la aplicación del Decreto constituía una amenaza grave e inminente de violación a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, incluyendo la consulta previa, libre e informada.
El 09 de noviembre de 2023, la Corte Constitucional del Ecuador, en su sentencia N°51-23-IN/23, declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo N°754 por transgredir el principio de reserva legal, al regular mediante decreto el derecho a la consulta previa, libre e informada o consulta Indígena en materia ambiental. Sin embargo, la sentencia permitió la aplicación del Decreto N°754 siempre y cuando la autoridad ambiental cumpla con los lineamientos y estándares definidos por la Corte Constitucional para la aplicación provisional del decreto, entre ellos la no aplicación a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades Indígenas. También instó a la Asamblea Nacional a que, en el plazo máximo de un año, aprobara una Ley sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades Indígenas.
Proyecto La Plata
La empresa ecuatoriana La Plata S.A. tiene una concesión minera para el proyecto La Plata, ubicado en las parroquias Palo Quemado y de las Pampas, que se extiende sobre 2.222 hectáreas para explotar sulfuros alojados en piedras volcánicas. La empresa La Plata S.A es de propiedad de la empresa canadiense Toachi Mining Inc., cuyo propietario a su vez es la empresa canadiense Atico Mining Corporation.
El proyecto minero se ubica dentro de las Parroquias de Palo Quemado, de alrededor de 1.500 habitantes y de Las Pampas, de alrededor de 3.000 personas. Las dos comunidades están compuestas por población campesina, personas Indígenas, montubios, entre otros. Las personas integrantes de esas dos comunidades mantienen un fuerte vínculo y arraigo con la tierra y los recursos naturales, ya que dependen del agua del río y de la tierra para su supervivencia y como medios de subsistencia, siendo productores de leche, queso, naranjilla, panela orgánica, entre otros. Las comunidades nunca han sido consultadas de forma libre, previa e informada en relación con este proyecto, ni en el momento del otorgamiento de la concesión minera en 2000 ni en las diferentes actualizaciones del título. Sin embargo, las comunidades se han manifestado en contra de este proyecto por los efectos adversos que tendrá en su modo de vida, las repercusiones perjudiciales y tóxicas en sus derechos humanos a un medio ambiente sano, limpio y sostenible, incluidas el agua y la tierra, y, por tanto, en sus medios de subsistencia. En consecuencia, los esfuerzos para poner el proyecto la Plata en operación han llevado a una situación de conflicto entre la empresa y las comunidades, agudizadas por la división y tensión dentro de las mismas comunidades, promovidas por la misma empresa. Para este fin, la empresa habría creado un grupo de comuneras y comuneros denominado “Comité Pro Desarrollo de Palo Quemado”, para actuar a favor de la empresa.
Con base en la aplicación del Decreto Ejecutivo N°754, el 19 de junio de 2023, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) inició los procesos de consulta ambiental en Palo Quemado y las Pampas, previo a emitir licencia ambiental para continuar con la fase de explotación del proyecto. Eso conllevó la reactivación del conflicto socioambiental.
MAATE anunció el inicio del procedimiento para la consulta ambiental solo por redes sociales y no a través de una notificación previa, pública, abierta e inclusiva. La información presentada sobre el proyecto se habría referido solo a sus supuestos beneficios económicos, brindando información parcial en cuanto a los impactos ambientales. Además, la realización de la consulta habría excluido a gran parte de la comunidad y/o a sus instituciones representativas, consultándose principalmente a personas a favor del proyecto.
Durante la consulta, que contó con la presencia de agentes de la fuerza militar y policial, se registraron incidentes, en los cuales al menos cinco personas habrían resultado heridas. El campesinado también reportó haber sido objeto de amenazas, hostigamientos y otros hechos de violencia por grupos armados paramilitares que tendrían vínculos con corporaciones mineras. Dada la situación de violencia, la consulta no pudo finalizarse, y la licencia ambiental no fue otorgada.
Por esa razón, MAATE convocó a una nueva consulta ambiental, prevista para el 16 de marzo 2024. Durante la semana del 5 al 10 de marzo, las y los campesinos habrían recibido amenazas a su integridad física, retenciones de sus motos y amedrentamientos en las vías de acceso a la comunidad Palo Quemado con el supuesto objetivo de generar temor en la comunidad previo a la consulta. Esos hechos habrían sido cometidos por grupos paramilitares vinculados a la empresa minera. El 14 de marzo se desplegaron unos 500 militares en la zona de Palo Quemado.
El 15 de marzo 2024 el Ministerio de Energía y Minas emitió un Manual para la operativización de la consulta previa libre e informada, contenida en el número 7 del artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador para la expedición de medidas administrativas en concesiones mineras. El documento aparentemente aceleró la imposición de los proyectos mineros y contravendría la reserva legal dispuesta en la Constitución vigente y la sentencia de la Corte Constitucional que disponen la regulación de este derecho por medio de una Ley Orgánica.
En este contexto, el 16 de marzo 2024 el MAATE reinició nuevamente la consulta ambiental. El 18 de marzo 2024 ingresaron militares y policías a las parroquias de Palo Quemado y Las Pampas y se registraron nuevos enfrentamientos. Además, más de 70 personas de las comunidades de Palo Quemado y Las Pampas fueron acusadas del delito de terrorismo por parte de la fiscalía provincial.
Debido a esa situación de conflictividad, el 25 de marzo 2024, el Juez Titular de la Unidad Multicompetente con sede en el cantón Sigchos ordenó la suspensión provisional de la consulta ambiental en torno al proyecto La Plata a raíz de una acción de protección con medida cautelar presentada por parte del alcalde de Sigchos. En el contexto del incremento de las tensiones, al menos 20 personas habrían sido heridas por parte de la fuerza pública, las autoridades reportaron que miembros de las fuerzas de seguridad habrían también sido heridos. El 28 de marzo, el Ministerio de Ambiente emitió un comunicado señalando que se suspenderá de manera provisional el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental en virtud de la orden judicial. Por otra parte, la audiencia de Acción de protección convocada para el martes 2 de abril 2024 se suspendió, así como la audiencia programa para el 9 de abril 2024.
Proyecto Curipamba – El Domo
La empresa canadiense Curimining S.A. tiene siete concesiones mineras de oro y cobre para el proyecto el Domo – Curipamba de un total de 21.537 hectáreas ubicado en el cantón Las Naves en la Provincia de Bolívar. Dicha empresa es de propiedad de las empresas Salazar Resources Ltd. y Adventus Mining Corporation, ambas canadienses. Con base en el decreto ejecutivo N°754, MAATE realizó una consulta ambiental en junio 2023 y se otorgó la licencia ambiental en enero de 2024, a pesar de la oposición de las comunidades al proyecto y la conflictividad social que generó. De igual forma a la consulta en Palo Quemado, MAATE anunció la consulta por redes sociales y estuvo dirigida exclusivamente a personas vinculadas con la empresa. Asimismo, se alega que hubo falta de información precisa y completa sobre impacto ambiental, falta de transparencia, hostigamiento y amenazas, con 13 personas campesinas heridas y dos personas detenidas en el contexto de la consulta ambiental. Adicionalmente, seis defensores de la naturaleza fueron acusados por la empresa minera Curimining S.A. por el delito de asociación ilícita en el marco de la consulta ambiental y, en consecuencia, fueron sentenciados por el Tribunal Penal de la provincia de Bolívar el jueves 21 de marzo de 2024 a tres años de prisión y a pagar diez salarios básicos unificados de multa.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación por las modalidades en que se están dando las consultas ambientales, el uso desproporcionado de la fuerza pública, y los presuntos actos de violencia y criminalización a las personas defensoras de derechos humanos y la no protección contra los abusos de derechos humanos que han sufrido por parte de las empresas.
