Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de Colombia el 20 de diciembre de 2023. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. El Gobierno respondió el 7 de marzo 2024, en la que informó que siguen las investigaciones y está desarrollando investigaciones en los acontecimientos que se produjeron en 2023.
Según informes recibidos por la Relatora, las medidas de protección otorgada a German Romero Sánchez no fueron extendida a su familia, a pesar de que su familia ha sido objeto de hostigamiento y ataques.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: amenazas de muerte y actos de intimidación cometidos en contra del abogado y defensor de los derechos humanos Sr. Germán Romero Sánchez.
El Sr. Germán Romero Sánchez es un abogado y defensor de los derechos humanos, bien reconocido por su representación legal de víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y otros crímenes perpetrados principalmente por fuerzas de seguridad del Estado. Ha representado a víctimas en procesos judiciales emblemáticos en los cuales se ha investigado la responsabilidad de altos mandos militares de Colombia, y algunos que se han adelantado frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El Sr. Romero Sánchez es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de medidas cautelares de la JEP por los casos que lleva en contra de la Fuerza Pública, y de medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP). También es miembro de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (DHColombia).
En 2021, como resultado de las amenazas que había enfrentado durante años en relación con su trabajo jurídico en materia de derechos humanos, el Sr. Romero Sánchez tuvo que salir de Colombia con su familia – que incluye a dos menores de edad – acogiéndose a un Programa de Protección Temporal del Estado español. Los años de amenazas en su contra habrían culminado en acciones contra una de sus hijas, lo que finalmente le llevó a él y su familia a salir del país. En noviembre de 2022, el Sr. Romero Sánchez y su familia regresaron a Bogotá tras un año de exilio.
ALEGACIONES
Entre el 17 y el 24 de noviembre 2022, el Sr. Romero Sánchez habría recibido varias llamadas de personas desconocidas. Durante una de ellas, el llamante habría preguntado si el Sr. Romero Sánchez sabía dónde estaban sus hijas.
Entre el 21 y el 23 de diciembre 2022, el Sr. Romero Sánchez habría recibido al menos cuatro llamadas de personas desconocidas, durante dos de las cuales el llamante habría hecho amenazas directas y referencias a vigilancia en el marco de su regreso a Colombia, presuntamente diciendo “lo estamos viendo y a usted lo estamos vigilando desde que regresó ”, y “a qué volvió, ya sabe cómo vamos a seguir”. Una de las cuatro llamadas habría sido realizada al número fijo de la residencia del Sr. Romero Sánchez, un numéro absolutamente privado, y otra al celular de su pareja. Estas llamadas se habrían realizado en el contexto de la solicitud del Sr. Romero Sánchez de investigar a integrantes de la policía nacional por su presunto papel en los homicidios ocurridos en Bogotá en el marco de las protestas de septiembre de 2020.
El 19 de abril 2023, al salir de las oficinas de DHColombia, el Sr. Romero Sánchez notó un hombre preguntando por él a una guardia de seguridad del edificio. Al verle salir, el hombre desconocido habría empezado a sacar fotos del Sr. Romero Sánchez.
El 24 de abril 2023, al llegar a su residencia, el Sr. Romero Sánchez presuntamente fue abordado por dos hombres desconocidos quienes le gritaron y apuntaron con la mano en forma de arma, y uno de ellos hizo una señal de cortar el cuello mientras le decía “lo vamos a matar”.
Entre el 4 y 15 de mayo 2023, en dos ocasiones, hombres desconocidos en motocicleta habrían estado en frente de las oficinas de DHColombia, aparentemente realizando vigilancia y haciendo fotos. En ambas ocasiones, cuando los integrantes del esquema de protección otorgado al Sr. Romero Sánchez por la UNP se acercaron, los desconocidos habrían huido rápidamente.
El 18 de mayo 2023, una camioneta con tres hombres dentro habría cruzado ante el vehículo del esquema de protección, bloqueando su paso. Uno de los hombres habría hecho fotos al vehículo del esquema.
El 2 de septiembre 2023, el equipo de DHColombia estaba trasladando oficinas y se percató de que un hombre desconocido en motocicleta habría estado haciendo fotos de este trabajo y del esquema de protección otorgado al Sr. Romero Sánchez por la UNP. Cuando el Sr. Romero Sánchez y un miembro del esquema de protección se habrían acercado para averiguar qué estaba pasando, el hombre habría huido del lugar.
El 13 de septiembre 2023, dos hombres desconocidos presuntamente hicieron seguimiento del Sr. Romero Sánchez alrededor de su casa, con uno de los hombres siguiéndolo a pie y el otro en un vehículo.
El 17 de octubre 2023, durante la diligencia judicial del caso de la retoma del Palacio de Justicia en 1985, ordenada por la JEP a favor de los familiares y representantes de las víctimas, en la que el Sr. Romero Sánchez participó como uno de los abogados de las víctimas, un funcionario de la policía judicial de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP le habría dicho al Sr. Romero Sánchez que, al final de la diligencia, le dejaran revisar las anotaciones que había tomado. El funcionario le manifestó que la orden procedía de sus superiores de la UIA, ya que se habrían dado cuenta de que supuestamente estaban tomando notas que no corresponden a la diligencia, “para otros fines”. El Sr. Romero Sánchez le habría respondido de que no accedería a esta petición por ser invasiva de la labor de la representación judicial, y carecer de base legal. El Sr. Romero Sánchez le habría pedido aclarar quién, cuándo, cómo y por qué dieron esa orden, haciendo référencia también a que este tipo de petición se habría hecho anteriormente para intimidar a los abogados del caso del Palacio de Justicia. En este momento, un delegado de la Procuraduría General de la Nación intervino para decir que el funcionario de la UIA-JEP no estaba obligado a responder a esta solicitud.
El 30 de octubre 2023, un hombre vestido de negro y con apariencia militar habría estado tomando fotos y videos de la residencia del Sr. Romero Sánchez, alrededor de los horarios en que sus hijas suelen volver a casa. El hombre salió huyendo cuando el conserje de la residencia se enfrentó a él. El conserje habría visto que el hombre llevaba algún tipo de objeto bajo la chaqueta, que el conserje pensó que era una pistola. Este incidente tuvo lugar después de que el Sr. Romero Sánchez denunciara la irregularidad de las decisiones de la JEP, en particular una decisión que permitió a un coronel en retiro ser compareciente ante la JEP, a pesar de su presunta asociación a estructuras de crimen organizado.
El Sr. Romero Sánchez habría denunciado todos estos incidentes a la Fiscalía General de la Nación, incluyendo los números de placas de todos los vehículos que habrían realizado los seguimientos y los números de teléfono – cuando han sido identificados – desde donde se habrían realizado las amenazas telefónicas.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, señalamos nuestra preocupación ante las presuntas amenazas, actos de vigilancia y seguimiento contra el Sr. Romero Sánchez. Nuestra preocupación se ve agravada por el carácter repetitivo de las amenazas y actos de intimidación en su contra que, al parecer, comenzaron cuando el Sr. Romero Sánchez regresó del exilio, y han continuado con regularidad durante un año. En este respecto, nos inquieta la presunta carencia de investigación sobre estos ataques, a pesar de sus denuncias a la Fiscalía General de la Nación. Resultan muy preocupantes también los presuntos intentos de interferir en su labor de defender las víctimas de violaciones de los derechos humanos perpetradas por las autoridades estatales, que parece estar en el origen de los ataques en su contra.
