Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos. La comunicación fue enviada al Gobierno de Bolivia el 29 de noviembre de 2022. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. El Gobierno respondió el 27 de enero de 2023.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: presunto uso indebido del derecho penal contra el defensor de los derechos humanos Sr. Waldo Albarracín Sánchez, así que amenazas y actos de hostigamiento en su contra.
El Sr. Waldo Albarracín Sánchez es un abogado y defensor de los derechos humanos. Ha ocupado varios puestos centrados en la defensa de los derechos humanos, entre ellos los de presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) (de 1992 a 2003), y de Defensor del Pueblo (de 2004 a 2010). También fue Rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de 2013 a 2019.
ALEGACIONES
Desde el año 2021, el Sr. Albarracín Sánchez habría sido vinculado a varios procesos penales por fiscalías del Estado, incluso mediante la apertura de investigaciones penales en su contra, en ausencia de una base fáctica que apoye los delitos asociados.
En febrero de 2022, el Sr. Albarracín Sánchez habría sido imputado por el delito de abandono de una mujer embarazada, un cargo que conlleva hasta tres años de reclusión según el artículo 250 del Código Penal boliviano. El caso se habría basado en una denuncia interpuesto contra el defensor de los derechos humanos el año anterior. En 3 de marzo de 2022, el Juez Segundo de Instrucción Penal habría ordenado la detención domiciliaria del defensor por un periodo de seis meses, a pesar de que no se habrían presentado pruebas en su contra. El mismo mes, una prueba de ADN habría demostrado que el Sr. Albarracín Sánchez no era el padre de la niña en cuestión. El Ministerio Público habría cerrado el caso en julio de 2022 después de que se realizara un segundo examen de ADN, los resultados del cual habrían confirmado que el Sr. Albarracín Sánchez no era el padre de la niña.
En julio de 2022, el Comité Impulsor del Juicio Contra Golpistas de 2019 (CIJ), un grupo establecido en relación con los acontecimientos del periodo post electoral de 2019, habría presentado una denuncia penal en contra de un grupo de personas, principalmente de perfil político, por los supuestos delitos de genocidio, organización criminal, instigación publica a delinquir, atentados contra el presidente y atribuirse los derechos del pueblo, según los artículos 138, 132 bis, 130, 128 y 124 del Código Penal. El Sr. Albarracín Sánchez habría sido una de las personas señaladas en la denuncia, acusado de ser uno de los autores intelectuales del presunto golpe de Estado de 2019. Hasta la fecha, no habría sido notificado oficialmente de las acusaciones en su contra.
Entre los meses de agosto y septiembre de 2022, el Ministerio Público habría investigado supuestos actos de corrupción en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), resultando en la detención del dirigente de la Federación Universitaria Local en la UMSA por la supuesta comisión de los delitos de conducta antieconómica y de usurpación de funciones, según los artículos 224 y 163.1 del Código Penal. El 20 de septiembre de 2022, la fiscal asignada al caso habría declarado que citaría al Sr. Albarracín Sánchez para aportar información sobre el caso, a pesar de que el defensor de derechos humanos habría dejado de ser Rector de la Universidad en 2019. El 4 de noviembre de 2022, la fiscalía habría convocado formalmente al defensor de derechos humanos a través de un orden de citación, advirtiéndole que en caso de incumplimiento se expedirá un mandamiento de detención en su contra.
En los años 2019 y 2020, el Sr. Albarracín Sánchez habría sido el blanco de ataques violentos y amenazas. El 10 de noviembre de 2019, un grupo de unas 400 personas habría llegado a la casa del defensor y su familia e intentado saquear y destruir su casa, dejándola quemada. En el año 2020, el defensor de derechos humanos y al menos un miembro de su familia habrían recibido amenazas constantes, incluso amenazas de muerte, en las redes sociales. El Sr. Albarracín Sánchez y su familia habrían presentado varios recursos ante las autoridades en repuesta a estos incidentes, pero las autoridades no habrían avanzado en sus investigaciones.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expreso mi preocupación por el presunto uso indebido del derecho penal contra el Sr. Albarracín Sánchez, que temo sea un acto buscando hostigar e intimidar, así como por las amenazas a las que se habrían enfrentado el defensor de los derechos humanos y su familia.
