Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de Venezuela el 5 de septiembre de 2025. Lamentablemente, el Gobierno no respondió durante este periodo. Si se recibe una respuesta, se publicará en la base de datos de los Procedimientos Especiales de la ONU.
Según informes recibidos por la Relatora en noviembre de 2025, desde su puesta en libertad la Sra. Martha Lía Grajales habría sido objeto de medidas cautelares, entre ellas presentación mensual ante el tribunal de control, prohibición de salida del país y prohibición de expresarse en medios masivos y redes. La Relatora sigue preocupada por información recibida que indicaría que la defensora habría sido sujeto de intentos en las redes sociales de deslegitimizarla y descreditar a la labor de derechos humanos que desarrolla.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: la desaparición forzada durante más de 60 horas, desde el 8 de agosto de 2025 a las 4:00 p.m. hasta la tarde del 11 de agosto de 2025 y la detención arbitraria e imputación de la defensora de los derechos humanos, la Sra. Martha Lía Grajales.
La Sra. Martha Lía Grajales es una defensora de los derechos humanos, abogada. Defiende los derechos de las personas que han sido injustamente judicializadas y que permanecen privadas de libertad de manera arbitraria. Es fundadora y co-directora de la organización Colectivo DDHH Surgentes, que se dedica a la investigación, educación, acompañamiento e incidencia en los temas de la democratización de la sociedad y los derechos humanos. También es parte del Comité de Madres en Defensa de la Verdad que agrupa a más de 100 familiares de personas detenidas de manera presuntamente arbitraria luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Alegaciones sobre la presunta desaparición forzada y detención arbitraria de personas defensoras de los derechos humanos, representantes y empleados de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y otras personas percibidas como opositoras por el gobierno en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, fueron referidas al Gobierno de Venezuela por medio de comunicaciones enviadas por varios titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales el 18 de junio de 2025 (AL VEN 2/2025) y el 27 de agosto de 2024 (AL VEN 7/2024). Tomamos nota de que, hasta el momento de finalizar esta comunicación, no se han recibido respuestas a estas comunicaciones.
ALEGACIONES
El 5 de agosto de 2025, la Sra. Grajales, junto a otras personas defensoras de los derechos humanos, habría acompañado a 60 de las madres del Comité de Madres por la Verdad a una vigila frente al Tribunal Supremo de Justicia. Durante la vigila, el grupo habría sido agredido por un grupo de hombres armados y encapuchados. Los hombres habrían golpeados indiscriminadamente a las mujeres y les sustraídos sus documentos de identidad y teléfonos móviles, incluyendo la cédula de identidad de la Sra. Grajales.
El 6 de agosto de 2025, la Sra. Grajales y las madres del Comité habrían intentado presentar denuncias formales antes el Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Sin embargo, las dos entidades se habrían negado a recibirlas. Más tarde ese mismo día, un vehículo civil se habría estacionado frente a la residencia de la Sra. Grajales en una calle cerrada. El conductor habría informado al vigilante de seguridad que se habría dirigido a la casa de la Sra. Grajales, pero al ser consultado por su identidad, se habría retirado.
El 7 de agosto de 2025, dos patrullas de policía se habrían apostado en las dos salidas de la calle cerrada donde vive la Sra. Grajales.
El 8 de agosto de 2025, la Sra. Grajales habría participado en un acto de solidaridad, junto a otras personas defensoras de los derechos humanos y las madres afectadas, frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas en respuesta a la agresión del 5 de agosto de 2025. Después del acto, la Sra. Grajales habría sido detenida en un puesto de control instalado a pocos metros del lugar de la manifestación por un retén de la División de Investigaciones Criminales adscrita a la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Los agentes le habrían exigido mostrar su cédula de identidad. Mientras la Sra. Grajales habría intentado explicarles que su cédula habría sido robada durante la agresión del 5 de agosto de 2025, una camioneta gris sin placas se habría acercado al lugar y la habrían obligado a subirse al vehículo.
Este mismo día, el Sr. Antonio González, la pareja de la Sra. Grajales, junto a representantes de una organización de derechos humanos, habría visitado cinco centros de reclusión adscritos a la División de Investigaciones Penales (DIP) de la PNB en Caracas, sin conseguir información sobre el paradero de ella, el motivo por su detención o cualquier justificación legal. Les habrían respondido que no tenían información sobre el paradero de la Sra. Grajales.
El 9 de agosto de 2025, la presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas se habría negado a recibir un habeas corpus a favor de la Sra. Grajales.
El 11 de agosto de 2025 por la tarde, el Ministerio Público habría subido una publicación en su cuenta de Instagram en la cual habría confirmado la detención de la Sra. Grajales y afirmado que ella habría sido detenida “tras haberse solicitado una orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la República”. También, la publicación habría señalada que la Sra. Grajales ahora se habría encontrada en prisión preventiva por los delitos de conspiración con gobierno extranjero, asociación para delinquir e incitación al odio. Habría sido presentada ante un tribunal e imputada en una audiencia de manera telemática, y se le habría asignado un defensor público, a pesar de que ella habría solicitado su propio abogado. La organización de derechos humanos que habría acompañado al Sr. Antonio González habría tomado conocimiento de que se habría encontrada detenida en la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez, un centro de detención que habrían visitado cuatro veces anteriormente sin recibir información sobre su paradero. Asimismo, se informa que La orden de detención de la Sra. Grajales habría consistido únicamente de una reseña y análisis realizado por un funcionario de la policía tras visitar la página web de Surgentes y sus contenidos sobre movilizaciones por la exigencia de derechos.
Esa noche, tras la audiencia, el Sr. González se habría dirigido a la sede de la DIP a llevarle comida y ropa. Sin embargo, los funcionarios le habrían negado, por quinta vez desde su detención, la presencia de la Sra. Grajales en el lugar.
El 12 de agosto de 2025, el Sr. González habría podido hablar con la Sra. Grajales por teléfono y le habría informado de que habría sido traslada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) de manera respetuosa y que se encontraba bien. Más tarde ese día, la Sra. Grajales habría sido puesta en libertad con medidas cautelares de presentación.
El 13 de agosto de 2025, durante un acto policial en La Guaira, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el Sr. Nicolás Maduro, habría pronunciado un discurso en el que se habría referido a las “ONG que se visten de izquierda y de chavistas. Pero que está plenamente comprobado, financiado por la CIA, el Departamento de Estado”. Habría señalado específicamente al Comité de Madres en Defensa de la Verdad, y lo habría acusado de ser un comité falso, intentado vincularlo con grupos de oposición y acusarlo de defender terroristas.
El 13 de agosto de 2025, el caso de la Sra. Martha Lía Grajales Pineda habría sido comunicado al Gobierno de Venezuela mediante el procedimiento urgente del mandato humanitario del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. A la fecha de esta comunicación, el Gobierno no ha respondido a dicho procedimiento.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación por la información recibida, que indicaría que la Sra. Martha Lía Grajales habría permanecido desaparecida forzadamente durante más de 60 horas antes de que se revelara su paradero bajo custodia del Estado. Resulta además preocupante de que se habría encontrado detenida en régimen de incomunicación durante casi 96 horas. Nos preocupa que, frente a los reiterados esfuerzos de su familia por averiguar su paradero, los funcionarios de la DIP le habrían negado que se habría encontrado detenida en ese centro de detención. Nuestra preocupación se ve agravada por el hecho de que la Sra. Grajales habría sido imputada por delitos de conspiración con gobierno extranjero, asociación para delinquir e incitación al odio, lo cual parecería constituir una represalia directa por sus actividades legitimas como defensora de los derechos humanos. Es sumamente preocupante que la base de la orden de detención contra la Sra. Grajales habría sido una reseña somera de la página web de Surgentes y que sus contenidos sobre la demanda de los derechos humanos habrían sido presentados como actividades delictivas. Asimismo, nos preocupa que el intento de los compañeros de la Sra. Grajales a presentar un habeas corpus habrían sido rechazado por el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
