Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otras expertas de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de Venezuela el 19 de diciembre de 2024, y recientemente se hizo pública. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. Lamentablemente, el Gobierno no respondió durante este periodo. Si se recibe una respuesta, se publicará en la base de datos de los Procedimientos Especiales de la ONU.
Desde el envío de la comunicación, los pasaportes de las personas defensoras de los derechos humanos mencionadas en la comunicación enviada, siguen en estatus de “anulación”. Según información recibida por la Relatora especial, también continua la anulación de los pasaportes de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y trabajadores humanitarios, entre otros.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: la presunta anulación de los pasaportes de varias personas defensoras de los derechos humanos y la detención arbitraria de una de ellas al intentar salir del país.
La Sra. Liliana Ortega es defensora de los derechos humanos, abogada y co-fundadora de la organización no gubernamental El Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC), que se enfoca en el fortalecimiento del sistema de justicia venezolano. Es integrante de la Asamblea General de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y ha participado como abogada principal en el litigio de la mayoría de los casos relativos a torturas, ejecuciones extrajudiciales y violencia contra la mujer que ha sentenciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos referentes al Estado venezolano. Entre 2002 y 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales a su favor, debido a las amenazas recibidas en relación con su defensa de los derechos humanos.
La Sra. Karla Subero es defensora de los derechos humanos, abogada e integrante del área jurídica de COFAVIC. Participó en 2020 y 2021 en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en 2023 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aportando información relacionada con temas sobre violencia contra las mujeres, violencia sexual e impunidad.
La Sra. Luzgemary Moreno es defensora de los derechos humanos que aboga por los derechos de las personas afrodescendientes en Venezuela. Es fundadora del Espacio Agra y co-fundadora de la Colectiva Negra, plataformas que promueven la promoción de los derechos de las personas afrodescendientes, los derechos de las mujeres y los derechos LGBTIQ+. Participa en la Red de Igualdad de Género de ONU Mujeres en Venezuela y en la Escuela Regional Afrofeminista, una iniciativa de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (REDMAAD).
El Sr. Yendrí Velásquez es defensor de los derechos humanos y coordinador de la organización Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, dedicada a documentar, visibilizar y denunciar la violencia y discriminación contra las personas LGBTIQ+ en Venezuela. Se enfoca específicamente en la interseccionalidad de la situación política y económica en Venezuela y sus repercusiones en las personas LGBTIQ+.
Alegaciones sobre la presunta cancelación arbitraria de los pasaportes de decenas de personas defensoras de los derechos humanos, representantes y empleados de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y otras personas percibidas como opositoras por el gobierno, en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, y la presunta existencia de una lista que contendría más de miles de nombres de personas sujetas a estas restricciones, fueron referidas al Gobierno de Venezuela por medio de una comunicación enviada por 15 titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales el 27 de agosto de 2024 (AL VEN 7/2024). Tomamos nota de que aún no se ha recibido una respuesta a esta comunicación.
ALEGACIONES
Antecedentes
Desde las elecciones del 28 de julio de 2024, se habría anulado, de manera arbitraria, los pasaportes de al menos 62 personas, entre ellas 10 personas defensoras de los derechos humanos, 40 personas que realizaron observación electoral y 12 periodistas.
Tras la anulación de sus pasaportes, algunas de estas personas habrían acudido a las oficinas administrativas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) para solicitar información sobre el asunto y presentar una queja para cambiar el estatus de sus pasaportes. Sin embargo, habrían sido retenidas en las oficinas del SAIME y luego entregadas a supuestas comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia (DGCIM), donde habrían pasado varias horas siendo interrogadas, antes de ser finalmente puestas en libertad.
Sr. Yendrí Velásquez
El 3 de agosto de 2024, el Sr. Yendri Velásquez fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, mientras se disponía a viajar a Ginebra para representar una coalición de organizaciones ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) en su sesión 113 a celebrarse del 5 al 7 de agosto de 2024. En el aeropuerto, le informaron que su pasaporte había sido anulado. El Sr. Velásquez fue liberado más tarde el mismo día, después de varias horas durante las cuales fue interrogado y su paradero permaneció desconocido. El pasaporte del Sr. Velásquez se encontraba válido hasta 2032.
Sra. Luzgemary Moreno
La Sra. Luzgemary Moreno había sido elegida para representar a una coalición de organizaciones de la sociedad civil junto con el Sr. Velásquez, pero por temor a represalias decidió no viajar.
El 3 de agosto de 2024, tras enterarse de la presunta detención arbitraria del Sr. Velásquez, decidió revisar el sistema online del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y verificar el estatus de su pasaporte. Al hacerlo, descubrió que su pasaporte también había sido anulado, sin notificación ni motivo alguno, a pesar de estar vigente y en perfecto estado. El pasaporte de la Sra. Moreno se encontraba válido hasta 2032.
Sras. Liliana Ortega y Karla Subero
El 6 de agosto de 2024, al conocer la práctica de anulaciones de pasaportes de las personas defensoras, la Sras. Liliana Ortega y Karla Subero procedieron a revisar el estatus de sus pasaportes en el sistema online del SAIME. Comprobaron que sus pasaportes también habían sido anulados, sin notificación previa ni motivo alguno tampoco. El pasaporte de la Sra. Ortega se encontraba válido hasta 2031 y el de Sra. Subero hasta 2032. Ambos pasaportes estaban en perfecto estado físico.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra preocupación por la presunta anulación arbitraria de los pasaportes del Sr. Yendrí Velásquez, la Sra. Luzgemary Moreno, la Sra. Liliana Ortega y la Sra. Karla Subero, y la presunta detención arbitraria del Sr. Velásquez cuando intentaba viajar al extranjero para realizar su labor en defensa de los derechos humanos. Tememos que la anulación de los pasaportes de las defensoras de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil se haya producido en correlación directa con su labor de defensa de los derechos humanos en el contexto de la elección del 28 de julio de 2024, y por lo tanto, sea arbitraria. Estas presuntas anulaciones arbitrarias y restricciones de salida del país pueden constituir una violación del derecho a salir libremente de cualquier país incluso del propio, consagrado en el artículo 12(2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Dichas anulaciones tampoco parecen cumplir con los principios de necesidad o proporcionalidad de las restricciones permisibles del derecho en virtud del artículo 12(3).
Además, nos preocupa el grave efecto amedrentador e inhibitorio que tales medidas tendrán entre la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos de Venezuela, reduciendo el espacio cívico en el país y afectando seriamente a su capacidad de seguir llevando a cabo su trabajo esencial de documentación y defensa de los derechos humanos, incluyendo viajar al extranjero para interactuar con mecanismos internacionales.
Recordamos que el Consejo de Derechos Humanos (CDH) ha condenado reiteradamente «todos los actos de intimidación o represalia, tanto en línea como fuera de ella, cometidos por agentes estatales y no estatales contra personas y grupos que tratan de cooperar, cooperan o han cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos» (resoluciones 54/24, 48/17, 42/28, 36/21, 24/24 y 12/2 del CDH). En dichas resoluciones, el CDH también instó a todos los Estados a prevenir y abstenerse de todo acto de intimidación o represalia contra quienes colaboran o buscan colaborar con estos mecanismos. También recordamos las resoluciones 74/146 y 72/247 de la Asamblea General de la ONU sobre la misma cuestión.
