Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de Venezuela el 14 de enero de 2022, y recientemente se hizo pública. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. Lamentablemente, el Gobierno no respondió durante este periodo. Si se recibe una respuesta se publicará en la base de datos de la ONU.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
CONTEXTO
Temas:
- Las amenazas, hostigamientos, vigilancia e intimidación en contra del Señor Engels Wladimir Puertas Ochoa, de la Sra. Theresly Malavé Wadskier y de la Sra. Yasnaia Villalobos Montiel, todas personas defensoras de derechos humanos, quienes habrían sido objeto de las citadas violaciones por su labor de promoción y tutela de los derechos humanos, y en particular a raíz de la defensa legal que ejercen en casos de presuntas violaciones de derechos humanos con gran impacto en el país.
- Esta comunicación también incluye una actualización de los casos de los señores Javier Tarazona y Rodney Antonio Álvarez Rodríguez, dos de los defensores incluidos en la communicación AL VEN 7/2021, enviada el 27 de julio 2021.
El Sr. Engels Puertas es defensor de derechos humanos del Estado de Mérida, Venezuela, y director de la organización no gubernamental “Iniciativa Para Una Justicia Igualitaria”. Se dedica a la defensa de personas bajo proceso judicial y privadas de libertad, en particular en situación de detención preventiva, y que haya sido víctimas presuntamente de torturas u otros tratos o penas inhumanos o degradantes, detención arbitraria, fallas de debido proceso y acceso a la justicia. El Señor Puertas también integra el equipo jurídico de la organización no gubernamental “100% Estrógeno” en Mérida, que se enfoca en la defensa de los derechos de la mujer.
La Sra. Theresly Malavé es defensora de derechos humanos, y directora y miembro fundadora de la organización “Justicia y Proceso Venezuela (JUYPROVEN) en Caracas. A través de su trabajo ha documentado, defendido y denunciado varios casos de graves violaciones de derechos humanos contra personas privadas de libertad presuntamente de manera arbitraria, incluyendo violaciones al
debido proceso, al acceso a la justicia y alegaciones de tortura y malos tratos. Muchos de los casos que defiende son de alto perfil, como el caso del “Ataque de los Drones”, “caso Paramacay”, “Operación Gedeón” y el caso de la fuga del General Rodríguez Torres.
La Sra. Yasnaia Villalobos es defensora de derechos humanos y actúa como defensa legal en varios casos de alto perfil tanto en jurisdicción civil como militar en Venezuela. Entre ellos, el caso de la “Operación Vuelvan Caras” y la “Operación Gedeón”. Entre los imputados se encuentra el hijo del General Raúl Baduel, ex ministro de defensa de Venezuela recientemente fallecido en detención. Asimismo, Yasnaia Villalobos ejerce como abogada de las hijas del difunto General Baduel.
ALEGACIONES
Caso de Engels Puertas El abogado defensor Engels Puertas habría sido víctima de actos de hostigamientos y amenazas desde hace varios años, en relación con su labor de protección de derechos humanos.
El más reciente episodio es del 6 de octubre de 2021, cuando un juez y un fiscal del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del estado de Mérida habrían amenazado con ordenar la detención del señor Engels Puertas y de su socio por supuesto desacato en el marco de un proceso judicial donde defendía a dos presuntas víctimas de detención arbitraria y tortura. Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público, tras haber insultado repetidamente al señor Engels Puertas y a familiares de los defendidos, hizo gestos con las manos mostrando su intención de golpearlo, mientras se acercaba al lugar de la defensa en la sala del tribunal señalando que a él se le
tenía que respetar pues él era el fiscal.
Cabe indicar que, según reportado, el día anterior a dicha audiencia, el señor Puertas había presentado una instancia de recusación en contra del juez, por presuntas violaciones al debido proceso. Dicha instancia fue declarada inadmisible por el propio juez recusado quien siguió con el juicio.
Desde estos sucesos, el señor Engels Puertas habría recibido múltiples amenazas de detención e inicios de procesos sancionatorios y se le habría dificultado, e incluso negado en algunas ocasiones, el acceso al expediente penal y a todas las actuaciones judiciales de este caso, hasta finalmente ser cesado como abogado defensor por el juez, quien habría nombrado, contra la opinión de las victimas representadas, a otros defensores públicos. Asimismo, se habría comenzado a generar dificultades en otras causas penales donde ejerce como abogado defensor.
Este hecho ha aumentado la preocupación por la situación del señor Engels Puertas y las personas defensoras en Mérida. El Señor Engels Puertas habría denunciado estos hechos ante las autoridades competentes, sin por el momento conocerse avances sobre la cuestión.
Caso de Theresly Malavé
la defensora Theresly Malavé ha reportado que recibe amenazas y hostigamientos desde hace varios años, y que estas se han incrementado desde septiembre de 2021. En particular, la abogada defensora habría sido víctima de hostigamiento e intimidación por parte de funcionarios del Tribunal Especial Primero de la Primera Instancia en Funciones de Juicio con Competencia Nacional en Terrorismo, donde la defensora ejerce como abogada en varios casos judiciales de alto perfil mediático y político. A ello se suman incidentes de hostigamientos y persecución por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Según lo reportado, de
manera constante agentes de la DGCIM habría aparcado patrullas frente a su casa y habrían seguido a la defensora en sus paseos con su hijo.
Más aún, en fecha 27 de septiembre de 2021, funcionarios del DGCIM habrían irrumpido sin orden judicial de allanamiento o detención alguna en el edificio de la señora Malavé como forma de intimidación. La señora Malavé agregó que las intimidaciones a su familia han aumentado, lo que motivó el resguardo de su hijo en el extranjero.
Cabe destacar que los casos que representa la señora Malavé se encuentran reflejados en informes de la Misión Independiente de Investigación de los Hechos en Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos, y se vinculan a presuntas violaciones por parte de la DGCIM y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). El último informe de la Misión Independiente de Investigación se presentó y discutió ante el Consejo de Derechos Humanos el 24 de septiembre de 2021.
Caso de Yasnaia Villalobos
Desde el año 2016 y en el contexto de su labor como abogada defensora en los casos arriba mencionados, la defensora Yasnaia Villalobos habría recibido constantes hostigamientos y malos tratos por parte de funcionarios estatales. Ello incluye presuntos tratos degradantes durante las visitas a sus defendidos en las prisiones de Venezuela, varias persecuciones en carretera por parte de vehículos y pasajeros no identificados, y amenazas de detención por parte de cuerpos de seguridad del estado mientras defendía los derechos de las personas que asistía. Durante 2020 y 2021 habría sufrido también acoso en su contra por parte de jueces y fiscales durante las audiencias públicas, incluyendo amenazas de allanamiento, detención y procesamiento.
Más recientemente, el 10 de mayo de 2021, acompañada por su hija, la señora Villalobos habría sido perseguida mientras conducía, por un vehículo que circulaba a alta velocidad, el cual habría llegado a impactar el suyo obligándolas a salir de la carretera. Este fue el primer incidente en que su familia se vio directamente atacada y en riesgo, hecho que motivó el resguardo de su hija en el extranjero.
El 26 de octubre de 2021, mientras actuaba como abogada durante una audiencia pública del caso “Operación Gedeón”, varios funcionarios del Ministerio Público la habrían amenazado, ante el juez, con iniciar una acción penal en su contra por entorpecer el juicio en proceso, acusándola de objeciones ilegales. Seguidamente, al finalizar la audiencia, los citados funcionarios habrían presentado los requerimientos necesarios para iniciar una acción penal en contra de la señora Villalobos. Por otro lado, la señora Villalobos habría requerido al juzgado competente, durante dicha audiencia y sucesivamente por escrito en dos oportunidades, copia certificada del acta de audiencia y del registro audiovisual de la misma como medios de prueba en contra de los representantes del Ministerio Público, sin que a la fecha hayan sido concedidos, viéndose así afectada en su acceso a remedios legales.
Es de destacar además que, sobre todas sus alegaciones, la señora YasnaiaVillalobos ha presentado denuncias ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los órganos de seguridad y contrainteligencia militar, sin a la fecha haberse conocido avance alguno al respecto.
Casos de los señores Javier Tarazona y Rodney Álvarez Rodriguez Al mismo tiempo cabe recordar la comunicación (AL/VEN 7/2021) enviada el 7 de julio de 2021 al Gobierno de su Excelencia sobre alegaciones adicionales relativas a la presunta criminalización y otras prácticas violatorias en contra de otras personas defensoras de derechos humanos, así como sobre un contexto de restricciones impuestas a la sociedad civil cada vez más acentuadas. A la espera de una respuesta del Gobierno de su Excelencia sobre las alegaciones de dicha comunicación, reiteramos las preocupaciones por la situación de las personas defensoras de derechos humanos en ella citadas, entre ellos los señores Tarazona y Álvarez Rodriguez.
Caso del Sr. Javier Tarazona
Según información recibida, en fecha 9 de diciembre de 2021 por decisión judicial se habría dictado apertura de juicio penal en contra del señor Javier Tarazona, director de la ONG FundaRedes, por los cargos de terrorismo e instigación al odio, asimismo confirmándose su detención carcelaria iniciada el 2 de julio de 2021. En la misma audiencia, también otros dos miembros de la ONG FundaRedes, inicialmente detenidos junto al señor Tarazona, habrían sido ligados a juicio por instigación al odio, si bien se les habría otorgado libertad condicional el 26 de octubre de 2021.
Preocupan particularmente las condiciones de salud del señor Tarazona, quien padecería de enfermedades diagnosticadas previo a su detención, y cuyo estado de salud habría empeorado recientemente sin recibir la atención médica adecuada. Según la información recibida, no habría sido aún autorizado, aproximadamente un mes desde su solicitud, su traslado a un centro médico para la realización de pruebas médicas especializadas.
Caso del Sr. Rodney Antonio Álvarez Rodríguez
Sigue preocupando la situación del señor Rodney Antonio Álvarez Rodríguez, miembro del sindicato de trabajadores de la empresa Ferrominera del Orinoco, condenado el pasado 8 de junio de 2021 a 15 años de prisión por homicidio, tras permanecer 10 años en prisión preventiva. El pasado 15 de diciembre, la Sala accidental de la Corte de Apelación del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas anuló la sentencia condenatoria por falta de motivación fundada y ordenó la repetición del juicio de primer grado contra Rodney Álvarez ante un nuevo tribunal. Sin embargo, el señor Álvarez continúa en prisión preventiva, presuntamente en contra de lo establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela. Según la información disponible, esta sería la sexta vez que el juicio de primer grado en su contra sufre retrasos, por distintos motivos, y tiene que ser reanudado. A su vez, preocupa seriamente su situación de salud, gravemente deteriorada durante más de 10 años de detención preventiva. A pesar de los reiterados pedidos realizados por el señor Rodney Álvarez y sus abogados, no se le habría brindado atención médica adecuada.
PRECOUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación ante las alegaciones de amenazas, hostigamientos, vigilancia e intimidación anteriormente descritas, y que parecen estar relacionadas con la labor de las personas defensoras de derechos humanos arriba identificadas.
Nos preocupan asimismo las alegaciones de represalias contra la defensora Theresly Malavé por su cooperación con la Misión Independiente de Investigación de los Hechos en Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos. Parecería que los incidentes mencionados podrían constituir represalias por su cooperación con este mecanismo de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos. No es la primera vez que se reporta la práctica de represalias contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, tal y como refleja el informe de 2021 del Secretario General sobre cooperación con la ONU, sus representatantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos. Dicho informe señala tanto iniciativas legislativas como actos de intimidación y represalias que afectan a personas defensoras y miembros de la sociedad civil venezolana por su cooperación con la ONU, ya sea real o percibida (A/HRC/48/28, Párrs. 122-128).
Lamentamos que, de ser ciertos estos hechos, formarían parte de un contexto al parecer cada vez más hostil en contra de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, según ya descrito en la reciente comunicación AL VEN 7/2021. Es sumamente preocupante que, según lo referido, las presuntas violaciones en contra delos defensores y defensoras arriba mencionados se atribuirían tanto a elementos de cuerpos de seguridad del estado, como a funcionarios de justicia, en lo que parecería constituir un patrón de ataques concertados por parte de distintos actores estatales contra el derecho a defender derechos en Venezuela.
