Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de Nicaragua el 18 de septiembre de 2023. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. Lamentablemente, el Gobierno no respondió dentro de este plazo. Si se recibe una respuesta, se publicará en la base de datos de los Procedimientos Especiales de la ONU.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: persecución judicial de defensores de derechos humanos por el ejercicio de sus derechos por parte de las autoridades, a través del despojo de su nacionalidad nicaragüense.
El Sr. Amaru Ruiz Alemán es defensor de derechos humanos y del medio ambiente. Tiene 33 años y es nicaragüense, de la ciudad de Managua. Es director de la Fundación del Río, una de las primeras organizaciones en denunciar los incendios de la reserva Indio-Maíz en el 2018, que motivaron manifestaciones masivas en el país. La personalidad jurídica de la Fundación fue revocada por el Gobierno en 2018 por su actuación en las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país.
La Sra. Alexa Gisell Zamora Arana es defensora de derechos humanos. Tiene 35 años y es nicaragüense, de la ciudad de León. Su labor en materia de derechos humanos la llevó a denunciar violaciones de derechos humanos a nivel internacional, exigiendo la liberación de personas presas políticas y el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Entre 2020 y 2021, fue miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), de la Comisión de Relaciones Internacionales, al igual que de la Coalición Nacional.
La Sra. Azahálea Isabel Solís Román es abogada feminista y defensora de los derechos de las mujeres reconocida a nivel nacional e internacional. Tiene 64 años, es nicaragüense, originaria de Granada. La Sra. Solís Román es integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), del que es parte de la coordinación ejecutiva. Desde el inicio de la crisis social y política en abril de 2018, fue delegada de la sociedad civil en el diálogo nacional y ex-miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
El Sr. Guillermo Gonzalo Carrión Maradiaga es defensor de derechos humanos. Tiene 62 años, nicaragüense, originario de Managua. Era miembro del equipo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Coordinador del área de Defensa y Denuncia. Desde 2008 tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a la persecución del CENIDH por parte del Estado (MC 277/08). Desde el 30 de diciembre de 2018, el Sr. Carrión Maradiaga se vio forzado a exiliarse en Costa Rica. Desde ahí, sigue su labor como defensor de derechos humanos, con el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
La Sra. Haydee Isabel Castillo Flores es defensora de derechos humanos. Tiene 62 años, nicaragüense, nacida en Nueva Segovia. Es una líder social influyente en la política internacional y especialista en incidencia ante organismos internacionales de derechos humanos y multilaterales para el restablecimiento de la democracia, las libertades y la justicia en Nicaragua. La Sra. Castillo Flores es fundadora de la Fundación para el Desarrollo de las Mujeres y la Niñez (FUNDEMUNI), la Fundación Instituto de Liderazgo de Las Segovias-ILLS, el Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana y del Caribe (FMICAC), la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y es miembro de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos humanos (IND). Actualmente, la Sra. Castillo Flores es presidenta de las organizaciones Instituto de Liderazgo de Las Segovias-ILLS y Nicaragüenses en el Mundo (NEEM). Además, desde el exilio, la Sra. Castillo Flores continúa documentando violaciones de derechos humanos en Nicaragua y promoviendo la justicia transicional junto a organizaciones de víctimas.
La Sra. Sofía Isabel Montenegro Alarcón es defensora de derechos humanos y periodista feminista jubilada. Tiene 69 años, nicaragüense, nacida en Darío, Matagalpa. Es integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), miembro de la coordinación ejecutiva y es autora de diversas investigaciones sobre los derechos de las mujeres, jóvenes y otros actores políticos, la gobernabilidad y el estado de la democracia en Nicaragua. Además, es ex-directora del Centro para la Comunicación (CINCO), organización a la que se le canceló arbitrariamente la personalidad jurídica en diciembre de 2018.
ALEGACIONES
El 9 de febrero de 2023, la Asamblea Nacional de Nicaragua reformó la Constitución de Nicaragua, disponiendo que se privaría de la nacionalidad nicaragüense a quienes hayan sido declarados “traidores a la patria” según la Ley 1055. En el mismo dí a, el 9 de febrero de 2023, el Estado excarceló 222 personas, entre las que se encontraban disidentes del gobierno y personas defensoras de derechos humanos, quienes fueron despojadas de su nacionalidad luego de ser expulsadas a Estados Unidos, por traición a la Patria.
El 10 de febrero de 2023, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Especial 1145, titulada “Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense.” La ley contiene el siguiente lenguaje en su artículo 2: “Las personas condenadas en virtud de las disposiciones de la Ley no. 1055 […] perderán la nacionalidad nicaragüense”.
El 15 de febrero de 2023, el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) aplicó las Leyes Especiales 1055 y 1145 para despojar a 94 personas de su nacionalidad nicaragüense y confiscar sus bienes en Nicaragua al ser declarados traidores a la patria. Fue el Magistrado Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua quien dio a conocer las supuestas resoluciones dictadas por jueces de Distrito Penales de Audiencia de Managua sin identificar cuales jueces eran, solamente refirió que fueron adoptadas el mismo 15 de febrero. Dichas resoluciones fueron notificadas únicamente por medio de una comunicación que el Magistrado Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua leyó en una conferencia de prensa, junto con la lista de las 94 personas, el mismo 15 de febrero.
Las seis personas defensoras de derechos humanos, Sr. Amaru Ruiz Alemán, Sra. Alexa Gisell Zamora Arana, Sra. Azahálea Isabel Solís Román, Sr. Guillermo Gonzalo Carrión Maradiaga, Sra. Haydee Isabel Castillo Flores y Sra. Sofía Isabel Montenegro Alarcón forman parte de esta lista. Las seis personas defensoras no fueron notificadas con antelación de la intención de privarles de su nacionalidad, no tuvieron la oportunidad de aportar hechos, argumentos y pruebas en defensa de su caso, ante la autoridad competente. La decisión de despojo de la nacionalidad no habría contado con la garantías y salvaguardias procesales suficientes para proteger contra el riesgo de arbitrariedad en el proceso decisorio, en lo que podría considerarse una violación al debido proceso.
Una semana después, varios gobiernos, incluidos los de España, Chile y Argentina, expresaron su solidaridad con las personas afectadas, mostrándose dispuestos a ofrecer la ciudadanía a las personas que habían sido declaradas “traidores de la patria” y apátridas.
El 9 y el 11 de mayo de 2023, la Corte Suprema de Justicia, en dos resoluciones diferentes, inhabilitó a 26 abogados y notarios de Nicaragua como consecuencia de la aplicación de la Ley Especial 11453. La mayoría de ellos formaba parte del grupo de abogados que habían sido despojados de la ciudadanía en febrero. El defensor Guillermo Gonzalo Carrión Maradiaga forma parte de los 26 abogados inhabilitados para la práctica de la profesión.
Sr. Amaru Ruiz Alemán
Desde 2018, el Sr. Ruiz Alemán habría sido víctima de amenazas y ataques en su contra por su labor de defensa de los derechos humanos en Nicaragua, por lo que decidió exiliarse a Costa Rica en enero de 2019, donde solicitó refugio.
Tras la pérdida de su nacionalidad nicaragüense el 15 de febrero de 2023, el Sr. Amaru Ruiz Alemán recibió el estatus de refugiado por el gobierno de Costa Rica el 21 de febrero de 2023.
El 5 de julio de 2023 le fue otorgada la nacionalidad española, luego de realizar los trámites pertinentes fruto del ofrecimiento realizado por España a quienes habían sido despojados de la nacionalidad nicaragüense.
Por el continuo nivel de persecución, el temor a represalias, y la pérdida de sus derechos ciudadanos de identidad y de documentación nicaragüense, el Sr. Ruiz Alemán habría visto su salud física y mental terriblemente afectada.
Sra. Alexa Gisell Zamora Arana
En 2018, la Sra. Zamora Arana habría sido objeto de campañas de difamación y amenazas de encarcelamiento tras su participación en las protestas y su apoyo en documentar las violaciones de derechos humanos en las ciudades de León y Managua. En septiembre de 2018, se habría emitido una orden de detención en su contra. Sin embargo, como no se encontraba en el país en ese momento, la orden de detención no fue ejecutada.
En 2019, la Sra. Zamora Arana se hizo beneficiara de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (Resolución 30/2019, Medidas Cautelares No. 799-18). A pesar de ello, ella habría sido víctima de actos vandálicos e intentos de allanamiento de morada. Dicha situación se mantuvo sostenida en el tiempo, empeorando con asedio policial diario frente a su residencia, la cual fue allanada en septiembre de 2020. Como consecuencia, la Sra. Zamora Arana se vio forzada a abandonar su residencia en diciembre de ese año por nuevas amenazas de encarcelamiento.
Posteriormente, de 2020 a 2021, la Sra. Zamora Arana fue miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales y de la Coalición Nacional, lo cual le habría expuesto a un nivel de acoso muy alto. Cuando tuvo conocimiento de una nueva orden de captura en su contra, la defensora de derechos humanos decidió salir del país en agosto de 2021, hacia Costa Rica, donde es solicitante de asilo desde entonces, junto con su hija. Su cita para tramitar su solicitud está concedida para 2027, y no está autorizada a trabajar mientras tanto.
El 15 de febrero de 2023, la Sra. Zamora Arana fue declarada “traidora a la patria” junto a 93 personas más, privándosele arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense, convirtiéndola en apátrida, sufriendo la pérdida de sus derechos civiles y políticos a perpetuidad, así como el “decomiso” de sus bienes, en el territorio nacional, lo que equivale a una confiscación.
La decisión del Gobierno de Nicaragua colocó a la Sra. Zamora Arana y a su hija en una situación especialmente vulnerable, ya que ella y su hija se encontraban fuera de Nicaragua en el momento de su condena. El limbo jurídico en el que se encuentran con esta sentencia violatoria de sus derechos humanos ha obligado a la Sra. Zamora a permanecer en Estados Unidos, donde se encontraba en ese momento, hasta obtener una respuesta sobre la posibilidad de regresar a Costa Rica. Finalmente, las dos fueron autorizadas a salir de Estados Unidos hacia Costa Rica.
El desarraigo constante, la persecución, la pérdida del patrimonio y el limbo jurídico en que se encuentran ponen a la Sra. Zamora Arana y a su hija en una situación de alta vulnerabilidad, ya que la Sra. Zamora Arana se vuelve apátrida, y su hija acabaría jurídicamente “sin madre”. Todo ello ha dejado grandes secuelas psicológicas en su hija menor de edad, así como en la Sra. Zamora Arana, incluyendo el estrés post traumático.
Sra. Azahálea Isabel Solís Román
Desde abril de 2018, la Sra. Solís Román habría sido sometida a una campaña de estigmatización, desprestigio y difamación a través de medios de comunicación y redes sociales. Asimismo, habría recibido constantes amenazas y hostigamiento por su rol de delegada de la sociedad civil en el diálogo nacional y ex-miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).
En septiembre del 2018, la CIDH otorgó a Sra. Solís Román medidas cautelares junto a otras personas defensoras de derechos humanos.
Las campañas de odio, difamación y estigmatización continuaron y se incrementaron en el año 2019.
El 15 de febrero de 2023, la Sra. Solís Román fue declarada “traidora a la patria”, junto a 93 personas más, privándosele arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense, de sus derechos civiles y políticos, así como el “decomiso” de sus bienes, en el territorio nacional, lo que equivale a una confiscación. Como consecuencia del despojo, no sólo perdió su casa, sino que todos sus bienes fueron confiscados y su pensión de jubilación otorgada por el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDUH) fue anulada.
El 18 de febrero de 2023, la Sra. Solís Román se vio forzada a abandonar su país de manera irregular, sólo con la ropa que llevaba puesta y sus documentos de identidad. Este desplazamiento forzado resultó en su exilio y le obligó a solicitar refugio en Costa Rica. Tiene el estatus de refugiada y recibió el documento de identidad migratoria para extranjeros (DIMEX). A fecha de hoy, está a la espera de los documentos necesarios para poder viajar.
El desarraigo tuvo impactos negativos en su salud, incluídos la pérdida de la atención médica y el deterioro de su condición física y mental. Al grave estrés debido a la permanente vigilancia policial, de agentes de seguridad y paramilitares durante cinco años, se sumó el posterior desarraigo y la consecuente ruptura de su red de apoyos sociales y comunitarios, además de la imposibilidad de mantener vínculos con el país debido al peligro que representaba su situación.
Sr. Guillermo Gonzalo Carrión Maradiaga
Desde el 30 diciembre de 2018, el Sr. Carrión Maradiaga se encuentra exiliado en Costa Rica, donde tiene el estatus de refugiado. Desde el exilio, sigue defendiendo los derechos humanos, con el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El 15 de febrero de 2023, el Estado nicaragüense incluyó al Sr. Carrión en la lista de 94 personas despojadas de la nacionalidad, convirtiéndolo en apátrida, sin haberle notificado previamente sobre la existencia de algún proceso ni haber respetado las garantías del debido proceso legal y derechos reconocidos en la legislación de Nicaragua e instrumentos internacionales.
Además, el Sr. Carrión Maradiaga forma parte de los 25 abogados y notarios que fueron inhabilitados a ejercer la abogacía y la notaría por la Corte Suprema de Justicia, el 11 de mayo del 2023.
Desde septiembre 2022, el Sr. Carrión Maradiaga alcanzó la edad de jubilación y desea acceder a su pensión. Sin embargo, teme realizar los trámites, por riesgo de persecución a familiares y por riesgo de suspensión de su pensión como consecuencia de la resolución judicial de despojo de la nacionalidad nicaragüense.
Sra. Haydee Isabel Castillo Flores
Desde 2018, la Sra. Castillo Flores habría sido víctima y superviviente de actos de persecución, agresión física, campañas de desprestigio, acusaciones infundadas, atentados contra su vida, y actos delictivos contra su patrimonio y el de su familia.
El 14 de octubre de 2018, la Sra. Castillo Flores habría sido detenida arbitrariamente durante 24 horas en el centro de detención “El Chipote”, momentos antes de abordar un vuelo para asistir a una reunión sobre personas defensoras de derechos humanos fuera del país. La Sra. Castillo fue puesta en libertad el 15 de octubre 2018, sin que se haya formulado cargo alguno en su contra.
A finales de octubre de 2018, como resultado de las amenazas, intimidaciones y la presunta detención arbitraria sufrida, la Sra. Castillo se vio forzada a abandonar Nicaragua para buscar refugio en los Estados Unidos de América.
Como represalia, en diciembre de 2018, fue cancelada la personalidad jurídica de la Fundación Instituto de Liderazgo de Las Segovias, de la cual ella es presidenta y fundadora, y las instalaciones del Instituto habrían sido ocupadas por paramilitares para luego, el 30 de enero de 2021, instalar allí una universidad.
El 15 de febrero de 2023, el Estado nicaragüense incluyó a la Sra. Castillo Flores en la lista de 94 personas despojadas de la nacionalidad, sin haberle notificado previamente sobre la existencia de algún proceso ni respetado las garantías del debido proceso legal y derechos reconocidos en la legislación de Nicaragua e instrumentos internacionales.
El despojo de la nacionalidad nicaragüense ha dificultado su movilidad. Como exiliada política en los Estados Unidos de América. En diciembre del año pasado le otorgaron su residencia, no obstante, la residencia está vinculada a una nacionalidad. En este caso, sería la nacionalidad nicaragüense, con la cual ya no cuenta. Tanto ella como su familia sufren las repercusiones de esta medida, afectándoles a nivel moral y emocional. Sus hijos se ven también afectados, puesto que, cuando tengan que renovar sus documentos de identidad, el nombre de la Sra. Castillo Flores no figurará como su progenitora.
Sra. Sofía Isabel Montenegro Alarcón
El 15 de febrero de 2023, el Estado nicaragüense incluyó a la Sra. Montenegro Alarcón en la lista de 94 personas despojadas de la nacionalidad, convirtiéndola en apátrida, sin haberle notificado previamente sobre la existencia de algún proceso ni respetado las garantías del debido proceso legal y derechos reconocidos en la legislación de Nicaragua e instrumentos internacionales.
El 18 de febrero de 2023, la Sra. Montenegro Alarcón se vio forzada a abandonar el país de manera irregular, sólo con la ropa que llevaba puesta y sus documentos de identidad. Este desplazamiento forzado resultó en su exilio y le obligó a solicitar refugio en Costa Rica. Actualmente requiere asistencia para vivienda, alimentación, recursos económicos, vestuario, menaje de casa y otros elementos básicos para su supervivencia.
Con el despojo de la nacionalidad por parte del Estado nicaragüense, la Sra. Montenegro fue gravemente perjudicada en el disfrute de sus derechos. Como consecuencia del despojo, ella no sólo perdió su vivienda y bienes personales, sino también su pensión de jubilación, del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que estaba recibiendo por ley, fue cancelada. Asimismo, sus cuentas bancarias fueron bloqueadas e inmovilizadas tras la resolución judicial de febrero.
Es igualmente necesario mencionar que el desarraigo tuvo impactos negativos en su salud, incluso con la pérdida de protección de salud y el deterioro de su condición física y mental. A ello hay que agregar el grave estrés debido a la permanente vigilancia policial, de agentes de seguridad y paramilitares que sufrió durante cinco años, y el desarraigo y la consiguiente ruptura de su red de apoyos sociales y comunitarios, además de la imposibilidad de mantener vínculos con el país debido a los riesgos que implica su situación.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación por la declaración de defensores y defensoras de derechos humanos como “traidores de la patria”, y su privación de la nacionalidad nicaragüense.
Recordamos que la privación de nacionalidad tiene que servir un propósito legítimo y proporcionado, compatible con el derecho internacional de los derechos humanos, así como que esta privación ha de ser necesaria y proporcionada en relación al interés concreto que el Estado busca proteger. Consideramos que, debido a su impacto sobre los derechos civiles y políticos, así como por las secuelas económicas, sociales, culturales y familiares que conlleva, privar a los defensores y a las defensoras de derechos humanos de su nacionalidad es una forma de persecución muy severa, orientada a limitar su capacidad de acción, destruir su tejido social, así como afectar a su salud física y mental. Observamos con preocupación que la nueva legislación estaría teniendo un efecto de gran alcance en la sociedad civil en su conjunto, ya que obstaculiza gravemente su trabajo y sus libertades de opinión, expresión, reunión pacífica y de asociación.
Asimismo, manifestamos nuestra preocupación en relación a las alegaciones de asedio, hostigamiento y persecución judicial en contra de los defensores mencionados, así como el uso indebido de las Leyes Especiales 1055 y 1145 para despojar de su nacionalidad a defensores de derechos humanos y actores de la sociedad civil en el país y el efecto amedrentador que ha tenido y seguirá teniendo sobre la sociedad civil en general. Igualmente, reiteramos nuestra preocupación por el uso reiterado y continuado de esta legislación para reducir el espacio cívico en Nicaragua y recordamos la obligación de los Estados de tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los derechos de los defensores de derechos humanos no sean violados bajo el pretexto de la seguridad nacional en represalia por su labor de defensa, denuncia y otras actividades relacionadas con los derechos humanos.
Finalmente, expresamos nuestra preocupación por la presunta confiscación de bienes y pensiones de jubilación de los defensores mencionados. A este respecto, llamamos la atención del Gobierno de Nicaragua sobre las graves consecuencias que tales sanciones pueden tener en el disfrute de los derechos civiles, económicos y sociales de las personas afectadas, y de sus familias. Recordamos que cualquier restricción que dé lugar a la congelación de activos, y otras restricciones significativas deben ser estrictamente necesarias y proporcionadas, estar motivadas por hechos concretos y, cuando se mantengan de forma acumulativa, estar sujetas a una revisión rigurosa y continua. Además, las personas sujetas a sanciones deben gozar de todas las garantías procesales previstas en el derecho internacional, incluido el derecho a ser informadas de los motivos de la restricción y la posibilidad de interponer un recurso efectivo contra tal decisión.
