Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de México el 5 de julio de 2022, y recientemente se hizo pública. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. El Gobierno no respondió durante este plazo. Si se recibe una respuesta, se la publicará en la base de datos de los Procedimiento Especiales de la ONU.
Desde que se envió esta comunicación, la situación de riesgo en la que se encuentra el Pastor Ortiz se ha profundizado aún más. Está siendo amenazado de nuevo por los carteles. Las autoridades mexicanas tienen la obligación de protegerlo a él y a otros defensores que ayudan a migrantes.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENDTES
Tema: el secuestro del Pastor Lorenzo Ortiz, y la situación de riesgo continua en la que se encuentra por su trabajo en defensa de los derechos de las personas migrantes.
El Pastor Lorenzo Ortiz es pastor baptista y defensor de derechos humanos que lleva más de cinco años trabajando voluntariamente para asistir a personas migrantes con refugio y alimentación cerca de la frontera entre los Estados Unidos de América (EEUU) y México. Es director de una red de refugios en las ciudades de Nuevo Laredo y Monterrey en México, y también en Texas, EEUU.
ALEGACIONES
A lo largo de su trabajo en la región, el Pastor Lorenzo Ortiz habría sido objeto de varias amenazas y hostigamientos por cárteles locales implicados en la delincuencia organizada, que entre sus actividades, se benefician del transporte de las personas migrantes a través de la frontera a los Estados Unidos de forma irregular.
El 2 junio de 2022, habría sido secuestrado por miembros de un cártel local. Los miembros del cártel habrían acusado al Pastor de robarles sus clientes y amenazaron con matarlo a él y a su familia. Los miembros del cártel habrían creído que el Pastor cobraba a las personas migrantes por darles refugio – un trabajo que el Pastor desempeñaría sin lucro alguno.
Durante la desaparición del Pastor, algunos miembros del cártel habrían visitado los refugios y habrían secuestrado a cuatro mujeres y seis hombres migrantes, amenazándoles de muerte
El cártel habría demandado un rescate de 40,000 USD para la liberación del Pastor, que luego habría sido reducido a 20,000 USD. Una vez que las autoridades habrían sido alertadas sobre el secuestro, fueron desplegados la Guardia Nacional, miembros del ejército y autoridades locales para buscar al Pastor, incluso con un helicóptero. A las 11 p.m. el 4 de junio de 2022, el Pastor Ortiz habría sido liberado por el cártel, ileso y sin que nadie pagara el rescate. El resto de las personas migrantes que fueron capturadas también fueron liberadas por el cártel.
Desde su liberación, el Pastor operaría bajo vigilancia constante del cártel. Según la información recibida, miembros del cártel siguen entrando a los refugios, secuestrando a personas de los sitios, y amenazando con secuestrar más. El presunto jefe del cártel habría dicho que llamará al Pastor otra vez. El Pastor teme que lo vuelvan a secuestrar o agredir físicamente. El Pastor Ortíz no ha solicitado protección policial por temor a que provoque otro ataque del cártel.
PREOCUPACIONES
Sin pretender prejuzgar de antemano la veracidad de la información recibida, quisiéramos señalar nuestra preocupación ante la presunta situación de alto riesgo en que se encontraría el Pastor Lorenzo Ortiz. Nos preocupa que el control ejercido por los cárteles impediría la labor legítima del Pastor Ortíz en defensa de los derechos de las personas migrantes y contribuiría a un contexto desfavorable para las personas defensoras de derechos humanos en general. Si bien reconocemos los esfuerzos de las autoridades locales y nacionales para buscar la libertad del Pastor Ortíz, instamos al Gobierno de su Excelencia de tomar medidas para prevenir la repetición de lasviolaciones en contra del Pastor Ortíz, las personas migrantes y otras personas defensoras de derechos humanos trabajando en zonas fronterizas en México.
