ANTECEDENTES
El 16 de julio de 2021, escribí una comunicación conjunta al Gobierno de México sobre la obstaculización del trabajo de acompañamiento que realiza el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE) en el puente fronterizo Rodolfo Robles; así como los presuntos actos de hostigamiento perpetrados por autoridades de orden federal y distintos cuerpos de seguridad y militares en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos y las personas migrantes.
La comunicación fue escrita conjuntamente con dos otros expertos.
El COMDHSE es un colectivo conformado por diversas organizaciones de la sociedad civil. Entre estas IBERO, Formación e Incidencia Ignacianas/ Programa de Asuntos Migratorios; American Friends Service Committee; La 72; Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Formación y Capacitación A.C; Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia “Minerva Bello”; Voces Mesoamericanas; Iniciativas para el Desarrollo Humano A.C; Una mano amiga en la lucha contra el SIDA A.C; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C; Red Jesuita con Migrantes CA&NA y Servicio Jesuita a Refugiados México. Su labor es brindar acompañamiento y protección a personas migrantes, así como realizar un trabajo de monitoreo sobre la situación de derechos humanos de las personas migrantes en el Sureste de México.
ALEGACIONES
Desde marzo de 2021, se habrían adoptado una serie de medidas para restringir el ingreso por ví a terrestre para actividades no esenciales al territorio mexicano que en la práctica ha afectado de manera desproporcionada a personas y familias solicitantes de protección internacional, incluidas de asilo, al igual que a personas defensoras de derechos humanos en puntos de acceso fronterizo, como el puente “Rodolfo Robles”.
El 18 de marzo de 2021, la Secretaría de Relaciones Exteriores habría emitido una orden de restricción de tránsito para las actividades no esenciales en las fronteras terrestres y habría ordenado el despliegue de operativos de contención migratoria en la frontera sur del país. Lo anterior se habría dado en el marco de las negociaciones con Estados Unidos para acceder a vacunas contra el COVID-19 y en un contexto de presión ejercida por ambos estados para contener el tránsito de personas migrantes durante la crisis sanitaria.
Como consecuencia de lo anterior, las personas migrantes estarían siendo rechazadas en frontera por las autoridades migratorias y devueltas a sus países de origen sin poder presentar sus solicitudes de protección internacional, incluidas solicitudes de asilo, para que se realice la correspondiente evaluación individual de las circunstancias y necesidades de cada persona afectada, y en ausencia de garantías procesales. A la fecha, no se estarían creando rutas para el acceso efectivo a la protección internacional ni opciones o vías para la migración regular.
Lo anteriormente expuesto se suma al incremento de fuerzas de seguridad en las fronteras terrestres, respecto a cuyas actuaciones e intervenciones se habría alegado un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para la represión, contención, detención y deportación de personas migrantes. Además, se habría obstaculizado el trabajo de las personas que les brindan acompañamiento y protección. En puntos fronterizos como “Paso del Coyote”, “el Palenque”, “Limón”, “los Rojos” y la zona de “Cascajos” se habría observado la presencia de miembros de la Guardia Nacional, la Policía Federal, del Ejército con distintivos del plan DN- III, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía Estatal Fronteriza, la Policía Estatal decaminos y grupos antipandillas del Estado.
Diversas organizaciones pertenecientes al Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE) habrían brindado acompañamiento a las personas migrantes y solicitantes de asilo, incluidos menores de edad, proporcionándoles la información necesaria para poder presentar solicitudes de refugio o asilo y monitoreando su acceso al
territorio mexicano.
El 22 de marzo de 2021, durante su labor de acompañamiento a población migrante, miembros del COMDHSE habrían sufrido hostigamientos, al ser objeto de señalamientos sobre la legalidad de su trabajo, por parte de las autoridades encargadas del cruce y agentes del Instituto Nacional de Migración que también habrían impedido el ingreso al puente fronterizo.
El 5 de abril de 2021 agentes de seguridad de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia SA de CV (SEICSA), quienes operan bajo instrucciones del Instituto Nacional de Migración y de la Secretar í a de Hacienda y Crédito Público, habrían negado el acceso al puente fronterizo Rodolfo Robles a solicitantes de asilo, refugio o en búsqueda de protección internacional provenientes en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador y a las personas defensoras de derechos humanos que estarían brindándoles acompañamiento. Las personas migrantes y solicitantes de asilo a las que se les impidió la entrada en México, no habrían podido presentar sus solicitudes de protección internacional, incluidas de asilo, ni tenido acceso a una evaluación individual de sus circunstancias y necesidades de protección, ni a las garantías procesales correspondientes. Se ha reportado que algunas de estas personas correrían el riesgo de ser perseguidas si son forzadas a volver a su país de origen.
El 26 de abril de 2021 se habría negado nuevamente el acceso al puente fronterizo a miembros de COMDHSE. Al llegar a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración los agentes migratorios habrían presentado una actitud beligerante y violenta, amenazando a los defensores y obligándolos a salir del recinto, sin permitir un di á logo sobre la ruta de asistencia y protección para garantizar el acceso al procedimiento de refugio a personas migrantes provenientes de caravanas migrantes de Centroamérica, entre estas se encontrarían familias, niños, niñas, adolescentes, miembros de la comunidad LGBT+, personas con discapacidad e indígenas.
Las autoridades de la policía municipal habrían procedido a desalojar a las personas pertenecientes al COMDHSE y les habrían tomado fotografías sin su consentimiento. También habrían acudido miembros de la Guardia Nacional, as í como otra patrulla de la policía municipal y habrían insistido en que los miembros de la organización se retiraran, además de sugerir que el trabajo de acompañamiento a personas solicitantes de refugio no estar í a dentro del marco legal.
El 4 de mayo de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM), a la Guardia Nacional (GN) y a la presidenta interina del municipio de Suchiate, Chiapas, implementar medidas cautelares para proteger a los integrantes del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE) – especialmente del Centro de Derechos Humanos Fray Mat í as de Córdova- y a las personas en contexto de migración que se encuentran en el puente fronterizo Rodolfo Robles.
El 6 de mayo de 2021, la Secretaría de Gobernación del Instituto Nacional de Migración habría aprobado la solicitud del COMDHSE de medidas de protección y seguridad. Sin embargo, esta decisión no se habría implementado de manera efectiva y las personas defensoras continuarían enfrentándose a restricciones en el acceso al puente fronterizo y su labor de acompañamiento.
PREOCUPACIONES
En la comunicación señalamos nuestra profunda preocupación sobre los actos de hostigamiento en perjuicio de las personas defensoras de derechos humanos que brindan acompañamiento a las personas solicitantes de asilo, refugio y protección internacional de las instalaciones gubernamentales en la frontera.
Además, expresamos nuestra preocupación por los presuntos rechazos en frontera de personas migrantes por parte de las autoridades mexicanas, sin cumplir con todas las garantías del debido proceso y en ausencia de una determinación individual de las circunstancias de cada persona.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
