Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de México el 6 de marzo de 2024. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. El Gobierno respondió el 3 de mayo de 2024.
Aunque el Gobierno ha hecho un esfuerzo para mejorar la protección de la defensora de DDHH, lamento que no se haya llevado a cabo una reevaluación de su riesgo por el Mecanismo Nacional de Protección, a pesar de que el Gobierno aseguró que lo haría en el primer semestre de 2024. Sigo muy preocupada por los riesgos a los que enfrentan ella y su organización e insto al Gobierno a que siga consultando a la defensora cuando establezcan sus medidas de protección.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: intimidación y amenazas, incluso de muerte, en contra de la defensora de los derechos humanos, Sra. Isela González Díaz, directora de la Alianza Sierra Madre AC (ASMAC).
ASMAC es una organización especializada en los derechos humanos de los pueblos indígenas que apoya a las comunidades indígenas rarámuri Choréachi (Pino Gordo) y Coloradas de la Virgen en la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua a través de asesoría jurídica, capacitación e incidencia. Dichas comunidades llevan más de 30 años defendiendo su territorio ancestral frente a las amenazas relacionadas con proyectos transnacionales y del crimen organizado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos les otorgó medidas provisionales el 25 de marzo de 2017.[1]
La Sra. González Díaz es beneficiaria de medidas de protección del Mecanismo de protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas de México, así como de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante una resolución con fecha del 12 de diciembre 2023.[2]
ALEGACIONES
Situación de riesgo de la comunidad indígena de Choréachi y Isela González Díaz
La comunidad indígena de Choréachi está en conflicto agrario y ambiental con [redactado]. Desde 2007, el Tribunal Unitario Agrario (TUA) dictó una suspensión definitiva de los permisos de aprovechamiento forestal a favor de [redactado]. A pesar de ello, miembros de esa misma comunidad continúan realizando actividades presuntamente vinculadas al desarrollo de proyectos forestales, en zonas ubicadas dentro del territorio que la comunidad indígena Choréachi. ASMAC y la Sra. González Díaz acompañan la comunidad indígena de Choréachi en este litigio, que continua hasta hoy.
En este contexto, integrantes de ASMAC y en particular la Sra. González Díaz han sido objetos de numerosas amenazas, incluso amenazas de muerte. En 2013, ASMAC y otra organización de defensa de los derechos humanos acudieron a la Comisión Interamericana de derechos humanos para solicitar medidas cautelares a favor de las autoridades tradicionales de la comunidad indígena de Choréachi y de un miembro de la familia de dos integrantes de la comunidad que habían sido asesinados. La Sra. González Díaz fue víctima de amenazas debido al apoyo que brindaba durante este proceso.
En octubre de 2020, se desarrolló una campaña de difamación en contra de ASMAC y la Sra. González Díaz en las redes sociales, por parte del representante legal de [redactado]. Esta campaña estuvo supuestamente relacionada con el apoyo que brindaban a la comunidad indígena de Choréachi para denunciar la invasión y el cercado de un área de 104 hectáreas en su territorio por parte de trabajadores de la otra comunidad litigante. Tal trabajo, según ellos, supondría una amenaza para el patrimonio natural y cultural del pueblo y afectaría el acceso preferente a los bienes naturales que se encuentran dentro del territorio ancestral de la comunidad.
Recientes amenazas en contra de la Sra. González Díaz
El 11 y 12 de octubre de 2023, por invitación de las autoridades tradicionales de la comunidad indígena de Choréachi, miembros de ASMAC presentaron a los integrantes de la comunidad una actualización sobre la situación en la que se encontraba el litigio de los terrenos en conflicto. Se había programado permanecer dos días más, pero decidieron regresar pronto por la presencia armada de miembros de [redactado], presuntamente vigilando y monitoreando el espacio.
El 17 de octubre de 2023, la Sra. González Díaz fue informada que cinco hombres armados, uno de ellos supuestamente un integrante de la otra comunidad litigante, habían amenazado a un miembro de la comunidad indígena de Choréachi, así como a ella misma. Supuestamente, los hombres armados habían vigilado las reuniones de ASMAC y sabían lo que se había discutido. Indicaron también que estaban vigilando a la Sra. Díaz González y que la “iban a matar a disparos.”
Una semana después, hombres armados vigilaron la casa de un miembro de la comunidad indígena de Choréachi, quien está en contacto con la Sra. González Díaz y otro personal de ASMAC.
Tras estos incidentes, la policía acudió a la comunidad para verificar los hechos con las personas afectadas. Al momento de enviar esta carta, no se ha informado de ninguna investigación policial.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación ante las amenazas, incluso de muerte, en contra de la Sra. González Díaz y los integrantes de la ASMAC, así como la situación de riesgo en la que se encuentran, que tememos que estén relacionadas con su trabajo pacífico en defensa de los derechos humanos, en particular los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara.
Expresamos nuestra preocupación particular por la seguridad, la integridad física y la vida de la Sra. González Díaz, y tememos que sea objeto de amenazas más graves debido a su papel visible como directora de ASMAC. Como destacó la Relatora Especial sobre los defensores de los derechos humanos en su informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, las y los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas suelen ser particularmente vulnerable a las amenazas de muerte y los atentados contra su vida (A/HRC/46/35, párrafo 16).
Nuestra preocupación se ve agravada por el hecho de que las recientes amenazas no fueron incidentes aislados, sino que parecerían formar parte de un largo patrón de intimidación y amenazas en contra de los integrantes de ASMAC y la defensora, Sra. González Díaz.
Nos gustaría recordar al Gobierno de México su obligación de investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos como parte de su deber de proporcionar recursos efectivos a las víctimas, en virtud del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, recalcamos que el derecho a la vida es una norma de jus cogens, aplicable a toda persona, en todo momento e inderogable en ninguna circunstancia, de acuerdo con el derecho internacional convencional y consuetudinario, y recordamos la obligación de todos los Estados de prevenir violaciones del derecho a la vida y de tomar las medidas apropiadas para proteger este derecho.
[1] https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/choreachi se 01.pdf
[2] https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/choreachi se 04.pdf
