Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de México el 8 de septiembre de 2025 y permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. Lamentablemente, el Gobierno no respondió dentro de este plazo. Si se recibe una respuesta, se publicará en la base de datos de los Procedimientos Especiales de la ONU.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: la detención arbitraria del defensor de derechos humanos Luis García Villagrán el 5 de agosto de 2025 y la investigación en curso en su contra. Su arresto parece ser consecuencia de su protección y promoción de los derechos de los migrantes, en particular su apoyo a los migrantes para que se trasladen de Tapachula a la Ciudad de México, y por su llamado público contra la explotación financiera de los migrantes por parte de las autoridades estatales.
El Sr. Luis García Villagrán es un defensor de los derechos humanos y activista que protege y promueve los derechos de los migrantes. Es fundador del Centro de Dignificación Humana A.C. y es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Ministerio del Interior desde 2019.
ALEGACIONES
El 31 de julio de 2025, el Sr. García Villagrán denunció públicamente la presunta corrupción de un delegado de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Según el Sr. García Villagrán, la COMAR ofrecería a los migrantes acelerar sus casos a cambio de cargos irregulares y excesivos o exigir una tarifa por documentos que generalmente se otorgan de forma gratuita.
Al mismo tiempo, el Sr. García Villagrán también movilizó una campaña para apoyar a los migrantes varados en Tapachula para que lleguen a la Ciudad de México. El 5 de agosto, un día antes de que una caravana de aproximadamente 300 migrantes partiera de Tapachula, el Sr. García Villagrán fue arrestado. La Fiscalía General de la República lo acusó de delincuencia organizada para la trata de personas y lo mantuvo en prisión preventiva hasta el 11 de agosto.
El 6 de agosto de 2025, el presidente Sheinbaum declaró públicamente durante una conferencia de prensa que el Sr. García Villagrán “no es un activista”, que “tenía una orden de aprehensión y más bien está vinculado con tráfico de personas” y que la orden había existido hace años y simplemente se “cumplimentó la orden aprehensión.”
En una audiencia preliminar celebrada el 11 de agosto, el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tapachula dictaminó que las pruebas presentadas por el fiscal eran insuficientes para acusar al Sr. García Villagrán de delincuencia organizada y ordenó su liberación. El 13 de agosto, la Fiscalía General de la República apeló esta decisión.
Anteriormente, el 12 de agosto, el titular de la Fiscalía General de la República acusó al juez que ordenó la liberación del Sr. García Villagrán de omitir pruebas y amenazó con iniciar una investigación contra el juez. La Fiscalía General también publicó datos personales del juez.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación por los informes sobre la detención arbitraria del Sr. García Villagrán. Nos preocupan igualmente las acusaciones contra el Sr. García Villagrán de delincuencia organizada y trata de personas, ya que sus acciones que forman la base de los cargos en su contra se centraron únicamente en apoyar a los migrantes para que lleguen a la Ciudad de México, donde, según el Sr. García Villagrán, tienen mejores posibilidades de empleo, apoyo administrativo y una vida digna.
La declaración de la presidenta Sheinbaum estigmatiza y desacredita la labor del Sr. García Villagrán como defensor de los derechos humanos. Su declaración también destaca que su arresto parece ser una represalia directa contra la protección y promoción de los derechos de los migrantes y viola el principio fundamental de presunción de inocencia. El expediente de la investigación se abrió en 2022, pero la orden de detención no se emitió hasta el 5 de agosto de 2025. El momento sugiere fuertemente una causalidad entre su arresto y la organización de la caravana de migrantes que partió de Tapachula el 6 de agosto, así como su denuncia de presunta corrupción del delegado de la COMAR el 31 de julio.
Las represalias y medidas arbitrarias tomadas por las autoridades contra los defensores de los derechos de los migrantes en México han sido objeto de una comunicación previa enviada al Gobierno de México (AL MEX 8/2019), en la que se destaca el problema persistente y de larga data que aborda esta carta de alegaciones.
Además, las amenazas del fiscal de iniciar un proceso contra el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tapachula crean un ambiente de intimidación contra un poder judicial independiente que defiende los derechos humanos y protege a los defensores de los derechos humanos de las acusaciones infundadas de las autoridades.
Tomamos nota con seria preocupación de la publicación de datos personales de un juez, ya que podría constituir una forma de presión de funcionarios de alto nivel sobre operadores de justicia. Este tipo de amenazas, además de comprometer la seguridad de los jueces y sus familias, pueden comprometer la independencia de estas instituciones afectando la correcta administración de la justicia. Aprovechamos la oportunidad para recordar al Gobierno de México la obligación de proteger la vida de las y los jueces, investigar este tipo de amedrentamiento y, en su caso, procesar y sancionar a los responsables.
También queremos expresar nuestra profunda preocupación por la situación humanitaria de los migrantes en México. Estamos particularmente alarmados por las denuncias de abuso de poder y explotación por parte de la COMAR de la situación vulnerable de los migrantes, al exigir cargos excesivos e irregulares por el procesamiento de casos. Sus vulnerabilidades, derivadas de su condición de personas en tránsito, aumentan el riesgo de explotación por parte de los traficantes o las autoridades estatales.
