Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de Honduras el 6 octubre de 2022. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. Lamentablemente, el Gobierno no respondió dentro de este plazo. Si se recibe una respuesta, se publicará en la base de datos de los Procedimientos Especiales de la ONU.
Desde que se enviara la comunicación, la Relatora Especial lamenta haber recibido información de que la investigación continara.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: la presunta criminalización de personas defensoras de los derechos del pueblo Garífuna.
La Sra. Miriam Miranda y el Sr. Edy Tábora son personas defensoras dederechos humanos. La Sra. Miranda es la Coordinadora General de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el Sr. Tábora es el abogado de la organización. OFRANEH es una organización de base que trabaja para defender los derechos del pueblo Garífuna, incluyendo sus derechos territoriales. El Sr. Tábora es también integrante de la mesa jurídica del Comité de Búsqueda e Investigación de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA), un grupo creado en febrero de 2021 por OFRANEH y los familiares de cuatro miembros de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz que fueron sujetos a desaparición forzada a partir del mes de julio de 2020.
En agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó medidas provisionales requiriendo al Estado de Honduras que adopte medidas para determinar el paradero de los cuatro miembros de la comunidad y para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los integrantes de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz.1 El caso de los cuatro miembros de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz fue objeto, entre otros asuntos, de una comunicación enviada al Gobierno de su Excelencia el 25 de septiembre de 2020 (UA HND 2/2020). Lamentamos no haber recibido una repuesta a dicha comunicación.
ALEGACIONES
El 9 de agosto de 2022, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una manifestación pacífica tuvo lugar dentro y fuera del Ministerio Público en Tegucigalpa. La manifestación fue organizada por OFRANEH y SUNLA para expresar su preocupación ante la presunta falta de una pronta y efectiva investigación en el caso de los cuatro miembros de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz sujetos a desaparición forzada a desde el mes de julio de 2020. Los manifestantes exigían la continuación de la búsqueda de los cuatro miembros de la Comunidad y de la investigación sobre su desaparición forzada, la incorporación de SUNLA en el proceso de investigación, y el cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas por la Corte IDH sobre el caso, así como de una sentencia que ésta emitió en favor de la Comunidad Comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra v Honduras, Resolución del 6 de agosto de 2020 Garífuna de Triunfo de la Cruz2. Las peticiones de los manifestantes recibieron el respaldo público de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras3 y de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Honduras.
En un tuit enviado durante la manifestación, el Fiscal General Adjunto, llamó a la Secretaría de Seguridad para resguardar las instalaciones del Ministerio Público y de su personal, mostrando fotos de los manifestantes dentro del Ministerio. Al día siguiente, en un nuevo tuit, indicó que la Dirección de Investigaciones de la Policía se estaba ocupando del asunto.
El 17 de agosto de 2022, la Fiscalía Contra los Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), una agencia del Ministerio Público dedicada a la investigación y persecución de los delitos graves y de fuerte impacto social, habría confirmado que habían abierto una investigación penal contra la Sra. Miranda, el Sr. Tábora y una persona más, en la que las personas defensoras de los derechos humanos estarían acusadas de “perturbación del orden” y de “privación ilegal de libertad”, los dos criminalizados en el código penal hondureño, y que llevan penas de 1 a 3 años y de 5 a 7 años de encarcelamiento respectivamente.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra preocupación ante la investigación supuestamente abierta contra la Sra. Miranda y el Sr. Tábora, que parecería un acto de represalia directamente relacionado con el ejercicio de su derecho a la protesta pacífica. Resulta profundamente preocupante que personas defensoras de los derechos humanos se vean expuestos a procesos judiciales y la posible privación de su libertad por haber ejercido pacíficamente sus derechos para exigir el cumplimiento del Estado con sus obligaciones en materia del derecho internacional y regional de los derechos humanos. Nos preocupa también que la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos pueda estigmatizar la búsqueda de verdad y justicia de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz en el caso de sus cuatro miembros sometidos a desaparición forzada desde el mes de julio de 2020. Subrayamos nuestra preocupación ante la presunta falta de avances en el caso, así como ante el supuesto rechazo de la demanda de la Comunidad de participar de manera activa en la investigación.
