Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otra experta de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de Guatemala el 30 de abril de 2025. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. El Gobierno respondió el 25 de junio de 2025.
Según informaciones recibidas por la Relatora Especial, las mujeres defensoras de derechos humanos han permanecido en el albergue para su seguridad.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: las presuntas agresiones, amenazas, desplazamiento forzado e intentos de criminalización en contra de ocho mujeres defensoras de los derechos humanos de la junta directiva de la comunidad indígena Chirrix Tul, de la región Chama Grande, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, e integrantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA).
El Comité Campesino del Altiplano (CCDA) en Verapaz es una organización dedicada a la promoción del desarrollo rural de las comunidades indígenas y campesinas en Guatemala y al mejoramiento de sus condiciones de vida y su acceso a la tierra, así como la defensa del territorio, el trabajo digno y la justicia agraria. Fundada en 1982, CCDA ha denunciado los avances por parte de finqueros y terratenientes en la apropiación de territorios ancestrales.
ALEGACIONES
El 9 de abril de 2024, aproximadamente 42 mujeres de la comunidad indígena Chirrix Tul, incluyendo a las ocho personas defensoras de los derechos humanos del CCDA, fueron violentadas física y sexualmente por un grupo de personas armadas, que fueron desalojadas de manera forzada de sus hogares. Tras las agresiones, las ocho mujeres defensoras y sus familiares se trasladaron a un albergue temporal. Según los informes, las personas que perpetraron las agresiones están vinculados a los grupos de terratenientes y finqueros que habrían pretendido apropiarse del territorio de la comunidad indígena. En las semanas previas a las agresiones del 9 de abril de 2024, el CCDA habría recibido amenazas directas de personas de estos grupos.
El 11 de abril de 2024, las personas defensoras de los derechos humanos del CCDA denunciaron las agresiones del 9 de abril de 2024 ante la Fiscalía contra el Delito de Femicidio.
El 20 de mayo de 2024, uno de los grupos de terratenientes y finqueros, la Asociación en la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), habría intentado criminalizar a las ocho personas defensoras, denunciándolas sin fundamento por presuntos delitos de usurpación de tierras y robo agravado ante el Ministerio Público.
El 3 de diciembre de 2024, las ocho personas defensoras fueron citadas ante el Ministerio Público para declarar sobre las agresiones del 9 de abril de 2024. Las personas que habrían perpetrado las agresiones estuvieron presentes durante la audiencia, sin tomar en cuenta protocolos de protección de las víctimas para garantizar su integridad psicológica y física. La presencia de los presuntos perpetradores en la audiencia les habrían provocado ataques de pánico, y los hombres habrían aprovechado la situación para amenazarles nuevamente.
Una segunda citación fue emitida a las ocho personas defensoras en diciembre de 2024 por la Fiscalía de Femicidio con el fin de realizar una evaluación psicológica en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF). Durante las evaluaciones, no se habría incorporado ninguna perspectiva de género o intercultural, y el traductor era un hombre, lo que incomodó a las personas defensoras. Se habría obligado a las personas defensoras a asistir solas a la evaluación, sin acompañamiento a efectos de apoyo emocional, o con otras personas defensoras del grupo. Desde las evaluaciones, las personas defensoras no habrían recibido ningún seguimiento ni resultados del INACIF.
El 6 de diciembre de 2024, personas armadas habrían perseguido a las ocho personas defensoras hasta el albergue donde se encontraban, tomándoles fotografías. Las personas armadas habrían sido identificadas como guardias de los finqueros vinculados a ACDEPRO. Denunciaron el incidente ante el Procurador de Derechos Humanos (PDH) y el Ministerio Público. Tras este incidente, las ocho mujeres defensoras fueron evacuadas con sus familiares y obligadas a desplazarse una segunda vez. La evacuación y reubicación corrió a cargo del CCDA, no de las autoridades.
En los primeros meses de 2025, la policía habría intentado realizar nuevos desalojos en la comunidad en Verapaz.
A principios de abril, las personas defensoras habrían recibido llamadas de teléfono amenazantes de personas desconocidas.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra preocupación por las agresiones físicas y sexuales contra las 42 mujeres indígenas Chirrix Tul, incluyendo las ocho personas defensoras de los derechos humanos del CCDA, y el desalojamiento forzado de ellas de sus domicilios en Chama Grande, municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz. Nos inquieta particularmente que este ataque parece estar relacionado con sus actividades pacificas en defensa de los derechos humanos y los derechos de su comunidad contra los avances por parte de finqueros y terratenientes en la apropiación de territorios ancestrales. Nuestra preocupación se ve agravada por los presuntos intentos por parte de personas presuntamente implicadas en las agresiones físicas y sexuales, de criminalizar a las ocho personas defensoras de los derechos humanos del CCDA, lo que parece ser un intento de desviar la culpa de los ataques a la comunidad ocurridos el 9 de abril de 2024.
