Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de Cuba el 13 de septiembre de 2024 y permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. Lamentablemente, el Gobierno no respondió dentro de este plazo. Si se recibe una respuesta, se publicará en la base de datos de los Procedimientos Especiales de la ONU.
Desde el envío de la comunicación, las integrantes de las Damas de Blanco siguen enfrentando a una situación particularmente difícil. Según informes recibidos por la Relatora Especial, las integrantes de la organización han sufrido citaciones, interrogaciones y detenciones arbitrarias. El 17 de noviembre de 2024, once integrantes de la organización habrían sido detenidas, incluso la Sra. Berta Soler Fernández.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: alegaciones de detenciones arbitrarias de corta duración y actos de criminalización, violencia física y de género, asedio, vigilancia y amenazas perpetradas por el Estado en contra de la Sra. Berta Soler Fernández y las 46 activistas que integran actualmente la organización “Damas de Blanco” en Cuba. Dichos actos estarían vinculados a la expresión de posturas críticas respecto al Gobierno de Cuba, así como a sus actividades como defensoras de derechos humanos.
La Sra. Berta Soler Fernández es la actual representante de la organización “Damas de Blanco”, un grupo de mujeres, esposas, madres, hermanas e hijas de personas críticas respecto al Gobierno de Cuba y encarceladas, que protestan pacíficamente la privación de libertad de sus seres queridos y también contra las violaciones de derechos humanos en el territorio nacional. Cada domingo desde hace 21 años, las Damas de Blanco asisten a misa en iglesias católicas y marchan pacíficamente en las calles, vestidas de blanco y portando flores y fotografías de sus familiares, para pedir la libertad de personas opositoras al Gobierno que están detenidas. Las Damas de Blanco fueron objeto de medidas cautelares por parte de la Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 28 de octubre de 2013, en vista de las amenazas, hostigamientos y actos de violencia de los que habrían sido objeto por parte de autoridades cubanas (caso MC 264/13).
Las Damas de Blanco han sido objeto de numerosas comunicaciones enviadas al Gobierno de Cuba desde 2006 en las que se refirieron alegaciones de violencia física, de género, asedio y vigilancia, así como amenazas en contra de la organización, sus integrantes o en contra de sus familiares.
ALEGACIONES
Detenciones arbitrarias de corta duración
Durante el año 2023, las Damas de Blanco habrían documentado 539 detenciones sin orden judicial y de corta duración[1] de 37 de sus integrantes, la mayoría de ellas cuando se dirigían o regresaban de la misa dominical, con picos de hasta 26 detenciones el mismo domingo 17 de septiembre de 2023. Hasta mayo de 2024, esta organización habría documentado 215 detenciones arbitrarias de corta duración de 30 de sus integrantes. En el caso de las Sras. Berta Soler Fernández, Asunción Carrillo Hernández, y Maritza Acosta Perdomo, superan las 50 detenciones cada una entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de mayo de 2024. Asimismo, se destacan detenciones arbitrarias de corta duración contra mujeres adultas mayores de hasta 84 años, como son los casos de, entre otras, las Sras. Berta Soler Fernández, Amada Rosa Herrería Rodríguez, y Asunción Carrillo Hernández.
Criminalización
Según las informaciones recibidas, integrantes de las Damas de Blanco habrían sido sujetas a procesos penales sin fundamento con el fin de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen, mediante denuncias infundadas y/o basadas en tipos penales no conformes con el principio de legalidad. Varias integrantes de las Damas de Blanco (Berta Soler Fernández, Sissi Abascal Zamora, y Sayli Navarro Álvarez) habrían sido sujetas a medidas o penas privativas de libertad, incluida la prisión domiciliaria en el caso de Berta Soler Fernández y de Leticia Ramos Herrería, por haber participado en las manifestaciones pacíficas del 11 de julio de 2021, atentando, por ello, también a sus derechos a la libertad de reunión.
Según las informaciones recibidas, las medidas de privación de libertad habrían sido adoptadas como medidas de control social, no habiéndose respetado el debido proceso y habiendo sido aplicadas de manera discrecional por las fuerzas de seguridad. Cabe destacar que mandatos de procedimientos especiales mostraron su preocupación recientemente por el gran número de manifestantes del 11 de julio de 2021 que fueron juzgados mediante juicios sumarios, en los que aparentemente se habría vulnerado el derecho a conocer los hechos de la acusación y el derecho de defensa, sin dar posibilidad real a las personas imputadas de articular prueba que desacreditase los hechos.[2] En el caso de las Damas de Blanco, las condenas impuestas oscilaron entre los 3 y los 8 años de privación de libertad con internamiento, generalmente con base en la supuesta comisión de delitos que estarían definidos en términos amplios en el Código penal, como los delitos de desorden público, desacato, atentado y amenazas, lo que facilitaría su criminalización selectiva. Según las informaciones recibidas, algunas de las integrantes habrían sido criminalizadas y condenadas en diversas ocasiones. Las detenciones de las Damas de Blanco en el contexto de las manifestaciones pacíficas constituyen además una violación del derecho a derecho a la libertad de reunión y asociación.
Las integrantes de las Damas de Blanco también habrían estado sujetas a multas u otras sanciones con el fin de disuadirlas de continuar promoviendo sus causas. La falta de pago de esas multas serviría como antecedente para posteriormente imponer sanciones penales de privación de libertad. Según las informaciones recibidas, durante el año 2023 se habrían producido 52 actos de criminalización contra integrantes de la organización, incluyendo 3 citaciones por impago de multas (2 de Berta Soler Fernández y 1 de Sonia Álvarez Campillo, y 1 acta por violación de medida cautelar a Leticia Ramos Herrería). La Sra. Berta Soler Fernández habría sufrido 25 actos de criminalización, sumando 690 CUP en multas, y la Sra. Sonia Álvarez Campillo 17, sumando 2460 CUP en multas. Hasta el mes de mayo de 2024, se documentaron 21 actos de criminalización dirigidos, entre otros, a Berta Soler Fernández (10) y Sonia Álvarez Campillo (8). De estos actos de criminalización, 18 habrían sido por imposición de multas y 3 de ellos se referían al levantamiento de actas o citaciones. Las 18 multas sumarian 1990 CUP.
Condiciones de detención
Según las informaciones obtenidas, algunas de las integrantes de las Damas de Blanco que fueron privadas de libertad tienen hijas e hijos a los que no podrían ver con regularidad debido a los obstáculos que les imponen las autoridades cubanas.
Las integrantes de las Damas de Blanco privadas de libertad estarían sometidas a regímenes de máxima seguridad, en celdas cerradas y condiciones muy deficientes, y se les negaría continuamente cambios de régimen. Por ejemplo, a Sissi Abascal, las autoridades del penal de “La Bellotex” le habrían negado el 15 de septiembre de 2023, por segunda vez, el cambio a régimen de mínima seguridad, a pesar de que le correspondería por ley.
Violencia física
De 2013 a 2022, se habrían registrado 226 actos de violencia física y de género con respecto a las Damas de Blanco. Entre ellos, el 13 de febrero, integrantes de las Damas de Blanco habrían sido golpeadas e insultadas en el momento de su detención.
Asedio y vigilancia
Según las informaciones recibidas, desde febrero del 2021 las fuerzas de seguridad mantendrían un operativo de vigilancia permanente (agentes de seguridad vestidos de civil) frente a la sede de las Damas de Blanco en Lawton. El 25 de octubre 2023, la Seguridad del Estado habría colocado una cámara de vigilancia y audio a 20 metros del apartamento que la Sra. Soler Fernández comparte con su hermana y frente a la vivienda de la Sra. Soler Fernández. Durante el año 2023, se habrían documentado 29 actos de asedio y vigilancia. 10 de estos actos se registraron entre el mediodía del 9 de diciembre hasta el mediodía del 10 de diciembre, buscando impedir manifestaciones durante el día de los derechos humanos. Hasta el mes de mayo de 2024, se habrían documentado al menos otros 11 actos de asedio y vigilancia contra integrantes de la organización.
Amenazas
Durante el año 2023, se habrían documentado 27 amenazas en contra de las Sras. Berta Soler Fernández, Leticia Ramos Herrería y otras integrantes de las Damas de Blanco. La mayoría habrían consistido en amenazas de enviar a las Damas a prisión y en “recomendaciones” de que se vayan del país. A Annia Zamora Carmenate le habrían advertido que tomarían represalias contra su hija, la Dama de Blanco Sissi Abascal Zamora, que se encuentra privada de libertad. A Berta Soler Fernández y Leticia Ramos Herrería le habrían advertido que, si no se presentaban ante las citaciones por impago de multas, serían procesadas por ese delito.
Hasta el mes de mayo de 2024, se habrían documentado 14 amenazas en contra de Berta Soler Fernández, Leticia Ramos Herrería y otras integrantes de las Damas de Blanco. La mayoría de estas amenazas habrían consistido en amenazar en enviar a las Damas a prisión y en “recomendaciones” de que se fueran del país. A Berta Soler Fernández le advirtieron que las autoridades del Estado no iban a permitir el crecimiento de la organización.
Contexto
Según las informaciones recibidas, todos estos actos en contra de las Damas de Blanco tendrían una motivación política debido a la discrepancia de sus integrantes con el Gobierno, posicionando a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad al estar sujetas a tratos diferenciados, marcados por violaciones del debido proceso y malos tratos durante su detención.
Estos actos buscarían también castigar el ejercicio de su derecho a defender los derechos humanos, al silenciar a cada una de las integrantes de las Damas de Blanco e inhibir su participación en la organización y con ello, impedir el ejercicio de sus libertades de opinión, asociación, expresión y reunión.
También estaría afectado su derecho a la libertad de religión y a manifestar sus creencias religiosas mediante la asistencia a misa los domingos, limitado por los mencionados actos. Berta Soler Fernández y Leticia Ramos Herrería llevarían años sin poder asistir a una misa dominical al ser detenidas cuando se dirigen hacia la iglesia.
En su condición de mujeres y algunas de afrodescendientes, las Damas de Blanco también se enfrentarían a una doble o triple carga de violencia, siendo víctimas tanto de la violencia política como de género y, en determinadas ocasiones, también de violencia racial, lo que limitaría su capacidad para proteger a sus familias y participar en la vida política de manera segura. Según los datos compartidos, se utilizaría la preocupación de estas mujeres por el bienestar de sus hijos e hijas para coaccionarlas y silenciarlas.
Además, muchas de las Damas de Blanco superan los 60 años de edad, y el Estado no estaría adoptando medidas diferenciadas en razón de su edad.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra preocupación grave ante las alegaciones de detenciones arbitrarias de corta duración, actos de criminalización, incidentes de violencia física y de género, asedio, vigilancia y amenazas presuntamente perpetrados por agentes del Estado contra la Sra. Berta Soler Fernández y las 46 activistas que actualmente integran el grupo “Damas de Blanco”. Nos preocupa particularmente que estos ataques parecen estar directamente relacionados con sus actividades pacíficas en defensa de los derechos humanos, el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y su protesta pacífica contra la privación de libertad de sus seres queridos y contra las violaciones de los derechos humanos.
También expresamos nuestra preocupación por el efecto amedrentador y disuasorio que este caso puede tener sobre otros defensores de derechos humanos en la región, obstaculizando su trabajo y el ejercicio de sus derechos humanos, incluida la libertad de expresión, por temor a represalias.
Nuestra preocupación se ve agravada por el hecho de que las recientes amenazas, detenciones y criminalización no habrían sido incidentes aislados, sino que parecen formar parte de un largo patrón de intimidación y amenazas contra miembros de las Damas de Blanco, y que funcionarios del Estado habrían participado en muchos de esos actos en los últimos meses.
[1] Esta práctica fue también constatada por el Comité contra la Tortura, Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Cuba, párr. 18, U.N. Doc. CAT/C/CUB/CO/4, 9 mayo 2022 y por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Opinión 50/2020, relativa a José Daniel Ferrer García, párr. 65, U.N. Doc. A/HRC/WGAD/2020/50, 14 de octubre de 2020.
[2] AL CUB 2/2024, 3 de abril de 2024.
