Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de Colombia el 12 de agosto de 2024. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. El Gobierno respondió el 10 de octubre de 2024.
Según informes recibidos por la Relatora, desde el envío de la comunicación una persona defensora de la Comunidad de Paz habría recibido una amenaza de muerte, la cual habría sido denunciado ante las autoridades.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: los asesinatos de dos miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y las amenazas de muerte en contra del defensor de derechos humanos y representante legal de la Comunidad, el Sr. Germán Graciano.
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es una iniciativa campesina de defensa de la tierra, el ambiente y los derechos humanos que está integrada por al menos 150 familias, unas 300 personas. En sus territorios colectivos, la Comunidad produce cacao, caña y cultivos de pancoger. Desde su fundación en 1997, la Comunidad de Paz se ha declarado neutral frente al conflicto armado y ha rechazado la presencia de todos los grupos armados en su territorio. Como parte de su resistencia pacífica, la Comunidad de Paz ha denunciado los actores que operan en la región y el control social y territorial que ejercen. A pesar de declararse ajenos al conflicto armado, la Comunidad de Paz ha sido objetivo a numerosos ataques, asesinatos y desplazamientos. Alrededor de 400 miembros han sido asesinados desde su formación. La Comunidad de Paz es beneficiaria de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 9 de octubre de 2000 y a través de Resolución del 5 de febrero de 2018, y medidas de la Corte Constitucional de Colombia, y reclamante de tierras ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Alegaciones sobre amenazas e intimidaciones contra miembros de la Comunidad de Paz y específicamente contra el Sr. Graciano fueron referidas al Gobierno de Colombia por medio de dos comunicaciones enviadas por varios titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales en 2015 (JUA COL 4/2015) y 2018 (JUA COL 1/2018).
La Sra. Nallely Sepúlveda era integrante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Era familiar del Coordinador Humanitario de la Comunidad de Paz.
El Sr. [nombre redactado] era integrante de 14 años de la Comunidad de Paz de San José Apartadó. Era familiar del Coordinador Humanitario de la Comunidad de Paz.
El Sr. German Graciano es un defensor de los derechos humanos y el representante legal de la Comunidad de Paz de San José Apartadó.
ALEGACIONES
Antecedentes
La finca Las Delicias es una propiedad privada de la Comunidad de Paz desde 1999, ubicada en la vereda La Esperanza del corregimiento de San José de Apartadó, donde existe una organización campesina llamada Junta de Acción Comunal La Esperanza (JAC). Las JAC no habrían tenido nada que ver con la Comunidad de Paz, y también habrían estado vinculadas al paramilitarismo.
Desde hace una década, los paramilitares habrían impulsado la apertura de unas carreteras ilegales por las veredas de San José de Apartadó. La Brigada 17 del ejercito con sede en el municipio de Carepa Antioquia habría apoyado a los paramilitares en este asunto, supuestamente suministrando la maquinaria pesada.
En los últimos tres años, integrantes de algunas JAC de la región y grupos armados habrían lanzado una campaña bajo el nombre “No Más Comunidad de Paz” con el presunto objetivo de montar demandas judiciales en su contra. En el marco de esta campaña, una contratista de la Alcaldía habría estado buscando testimonios para incriminar a los principales liderazgos de la Comunidad de Paz.
El 23 de febrero de 2024, la Comunidad de Paz habría sido informada que los líderes de La Esperanza habrían decidido “tomar las vías de hecho” en el predio Las Delicias con la intención de la apertura y elaboración de una carretera.
El 28 de febrero de 2024, aproximadamente 40 integrantes de las JAC y habitantes de la vereda La Esperanza habrían ingresado a Las Delicias y destruido los portones de la finca, construido otros más anchos e ingresado maquinera al predio, para iniciar la construcción de una carretera.
El 29 de febrero de 2024, la Comunidad de Paz denunció en sus redes sociales la incursión y el daño al predio Las Delicias por los integrantes de las JAC y los habitantes de La Esperanza con el apoyo de la Alcaldía y el Sr. [nombre redactado].
El 2 de marzo de 2024, integrantes de la Comunidad de Paz habrían cambiado los portones puestos por integrantes de las JAC y habrían instalado otros nuevos. Ese mismo día, nuevamente integrantes de las JAC habrían ingresado a Las Delicias y con un vehículo habrían tumbado y dañado los portones nuevos. Los integrantes de las JAC también habrían acosado verbalmente los integrantes de la Comunidad de Paz, presuntamente llamándolos “guerrillera” y tomándoles fotos y videos.
El 3 de marzo de 2024, integrantes de la Comunidad de Paz habrían arreglado los portones de Las Delicias e instalado nuevos. Ese mismo día, integrantes de las JAC habrían recorridos el camino de la servidumbre en Las Delicias y tomado fotos de los portones reconstruidos.
Hasta el 8 de marzo de 2024 inclusivo, este patrón se repitió varias veces más, con la JAC destruyendo los portones nuevamente instalados por la Comunidad de Paz.
El 9 de marzo de 2024, el delegado para Antioquia de la Unidad de Implementación del acuerdo final de Paz, el Sr. Carlos Montoya, hizo un hilo en X, subrayando que el predio de la Comunidad de Paz es un predio privado con su respectiva matrícula inmobiliaria, y por lo tanto la construcción de la carretera era ilegal. También hizo énfasis en el daño ambiental de la construcción de la carretera.
El 13 de marzo de 2024, las JAC y la Comunidad de Paz, en un espacio de diálogo mediado por diferentes entidades del Estado, habrían llegado a un acuerdo, sustentado en la no irrupción a Las Delicias más allá de la servidumbre de paso que obra sobre el bien de 1.5 metros de medida.
El 18 de marzo de 2024, el Presidente de la República de Colombia el Sr. Gustavo Petro dio un discurso público en Apartadó, en el que mencionó a la Comunidad de Paz y subrayó la importancia de honrar los miembros perdidos de la Comunidad. Durante la misma visita, la Ministra de Agricultura también habría prometido públicamente que se ordene medidas de protección para Las Delicias como parte del proceso de restitución de tierras.
El asesinato de la Sra. Nallely Sepúlveda y el Sr. [nombre redactado]
En las horas de la tarde del 19 de marzo de 2024, el hijo de 14 años de la Sra. Nallely Sepúlveda habría encontrado los cuerpos sin vida de su madre y su tío, el Sr. [nombre redactado], en la finca Las Delicias. Al parecer, la Sra. Nallely Sepúlveda fue golpeada con un objeto contundente en la cabeza y arrastrada por el piso a un cuarto, y el Sr. [nombre redactado] fue asesinado mediante un impacto de arma de fuego en la cabeza. Al enterarse del asesinato, los integrantes de la Comunidad de Paz se habrían trasladado a Las Delicias.
El 20 de marzo de 2024, después de esperar 12 horas a que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ingresarán al predio para efectuar el levantamiento de los cuerpos, los integrantes de la Comunidad de Paz habrían decidido levantar los cuerpos de la Sra. Nallely Sepúlveda y el Sr. [nombre redactado] y los habrían llevado caminando durante unas cinco horas bajo la lluvia hasta La Holandita, la sede central de la Comunidad de Paz para entregarlos al CTI que había llegado allí. El CTI habría realizado entonces una investigación sobre los cuerpos de la Sra. Nallely Sepúlveda y el Sr. [nombre redactado] allí, pero no fue a Las Delicias para realizar una investigación in situ hasta una semana después.
En este mismo día, las familias residentes en Las Delicias, integrantes de la Comunidad de Paz, habrían salido del predio y se habrían desplazado, ya que no había garantías de su seguridad. Se habrían unido a la misión que trasladó los cuerpos, abandonando la finca con los animales, sus cultivos y sus enceres.
El 25 de marzo de 2024, la Comunidad de Paz habría denunciado amenazas de grupos paramilitares en las que habrían anunciado su intención de acabar con las familias que coordinan los espacios humanitarios de la Comunidad de Paz en las veredas La Resbalosa, Mulatos y La Esperanza.
El 27 de marzo de 2024, dos funcionarios del CTI habrían ingresado a Las Delicias para realizar la investigación sobre el asesinato de la Sra. Nallely Sepúlveda y el Sr. [nombre redactado], una semana después de que ocurrió.
En este mismo día, se realizó una visita interinstitucional a la Comunidad de Paz, la vereda La Esperanza y la finca Las Delicias en respuesta a los asesinatos y las amenazas. La misión fue encabezada por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y estuvo compuesta por el Delegado de Asuntos Étnicos nacional y el Director Territorial encargado de Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Activos Ilícitos, Dirección de Seguridad del Ministerio de Defensa, Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, la Dirección Territorial de Víctimas de Urabá, la Vicepresidencia, Oficina de Paz y Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. En esta misión se contrajeron 14 compromisos por parte del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la URT, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Oficina de Paz y Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía. Uno de los compromisos fue la creación de una mesa interinstitucional de articulación para implementar las medidas dictadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional, con la participación de la Cancillería, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa.
Desde esta visita, la Comunidad de Paz habría conseguido avanzar parcialmente con los compromisos, en particular con la URT y la ANT. En temas y compromisos desde el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Defensa, no habría habido ningún avance.
El 29 de marzo de 2024, la Comunidad de Paz habría sido informada de un plan de incursión del asentamiento de la Comunidad en San Josecito por parte de grupos paramilitares.
El 3 de abril de 2024, en la vereda Las Nieves, integrantes de la Comunidad de Paz habrían sido asaltados por dos paramilitares quienes les habrían “advertido” de desistir de trabajar en un área de tierra ubicada en la vereda, presuntamente añadiendo que “avisaban una vez y no dos veces”, y que todo habría estado coordinado con el presidente de la JAC de la vereda Las Nieves. El predio es de propiedad del Sr. German Graciano.
El 16 de abril de 2024, unos paramilitares habrían advertido a campesinos de realizar labores agrícolas en un predio ubicado en la vereda Las Nieves.
El 22 de mayo de 2024, la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (dhColombia) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en nombre de la Comunidad de Paz de San José Apartadó sobre los asesinatos de la Sra. Nallely Sepúlveda y el Sr. [nombre redactado]. La investigación habría sido adelantada por la Fiscalía 01 Especializada de la Unidad Especializada de Antioquia.
Las amenazas en contra del Sr. German Graciano
El 16 de abril de 2024, se habría realizado una reunión en las veredas El Salto y Los Mandarinos convocada por paramilitares a lideres de las JAC del corregimiento de San José de Apartadó. El presunto objetivo de la reunión habría sido el anuncio del exterminio de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, empezando por su Representante Legal el Sr. German Graciano, y su círculo familiar.
El 20 de abril de 2024, unos paramilitares habrían irrumpido el predio del Sr. German Graciano en Las Nieves y acampado allí, prohibiendo la realización de labores agrícolas.
El 8 de mayo de 2024, un integrante de la Comunidad de Paz habría recibido una llamada telefónica de una persona desconocida que le habría advertido y reiterado la amenaza de muerte contra el Sr. German Graciano. La persona habría enfatizado que era una orden desde altos mandos en Córdoba.
Las amenazas en contra del Sr. German Graciano habrían sido incluidas en la denuncia presentada por DH Colombia ante la Fiscalía General.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación ante el asesinato de dos integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la Sra. Nallely Sepúlveda y el Sr. [nombre redactado], y el presunto hostigamiento y amenazas de muerte en contra del defensor de los derechos humanos el Sr. German Graciano, y otros integrantes de la Comunidad, al parecer en relación con su labor legítima y pacífica de defensa de los derechos humanos. Nuestra preocupación se ve agravada por la presunta demora de respuesta del CTI tras el asesinato de la Sra. Sepúlveda y el Sr. [nombre redactado], que obligó a los integrantes de la Comunidad de Paz a llevar ellos mismos los cuerpos a La Holandita para entregarlos al CTI allí, así como por el hecho de que el CTI no ingresó a Las Delicias hasta una semana después del asesinato, para llevar a cabo la investigación. Nos preocupa esta inacción en particular, ya que es probable que la demora afecte la investigación. Asimismo, resultan muy preocupantes las amenazas y agresiones que continuaban después de y, al parecer, a pesar de la misión interinstitucional a la Comunidad de Paz, que indica que la acción del Estado Colombiano aún no es suficiente frente a la inseguridad que enfrenta la Comunidad de Paz de San José Apartado.
Asimismo, manifestamos nuestra preocupación ante el carácter reiterado de los ataques contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y sus integrantes, así como por los indicios que apuntan a que los ataques contra las personas mencionadas se producen en retaliación por su trabajo como defensores de los derechos humanos. Nos preocupa también el efecto inhibitorio y disuasivo que los casos expuestos pueden tener en otras comunidades y defensores de derechos humanos, afectando al ejercicio de sus derechos, incluyendo la libertad de expresión.
Nos preocupa además la posible afectación ambiental derivada de la construcción de la carretera, con el uso de maquinaria pesada, sin los correspondientes estudios y permisos por parte de la autoridad ambiental competente.
