Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y dos otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de Colombia el 26 de noviembre de 2021, y se hizo pública el 25 de enero de 2022. El Gobierno respondió el 24 de enero de 2022.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: amenazas y vigilancia continua e ininterrumpida perpetrada presuntamente de manera ilegal en perjuicio de la defensora de derechos humanos y periodista, señora Claudia Julieta Duque Orrego, debido a su labor en defensa de derechos humanos.
La señora Claudia Julieta Duque Orrego es defensora de derechos humanos, periodista y corresponsal del Equipo Nizkor y Radio Nizkor en Colombia, y ex integrante de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y de la junta directiva de la Unión de Periodistas de Bogotá (UPB). La Sra. Duque es también integrante honoraria de la Unión Nacional de Periodistas del Reino Unido e Irlanda y de la Federación Internacional de Periodistas (FIP). Como periodista de investigación ha publicado artículos sobre el asesinato de periodistas en 2009 y 2010. También ha denunciado actos de vigilancia y persecución contra defensores de derechos humanos, magistrados, periodistas y sindicalistas, perpetrados por una división criminal que operaba desde el ahora disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
ALEGACIONES
Desde el año 2001, la señora Claudia Julieta Duque Orrego ha sido objeto de actos de intimidación, hostigamiento, amenazas y vigilancia. Como resultado de estos hechos, en enero de 2004, la Sra. Duque fue incluida en el Programa de Protección para Periodistas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), bajo la dirección del Ministerio del Interior, y en noviembre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares para garantizar su seguridad.
El 29 de febrero de 2020, se habrían recibido informes sobre una orden rendida dentro de la UNP para infiltrarse en el esquema de protección y vigilar los movimientos de la señora Duque a través del GPS instalado en el vehículo blindado que le fue concedido como medida de protección del gobierno.
De acuerdo con la información recibida, se habrían realizado 25.000 registros de localización en donde se habrían incluido detalles como la fecha, la hora, la dirección a la que se dirigía el vehículo, las direcciones precisas, la velocidad, si el teléfono móvil de la defensora estaba encendido o apagado e incluso un enlace de Google Maps de cada movimiento realizado por ella. Presuntamente, se estaría planeando un posible atentado en contra de la vida de la defensora. Por lo anterior, la señora Duque denunció ante la Fiscalía estos hechos.
En junio de 2021, el Gobierno rindió sus declaraciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas cautelares establecidas en favor de la señora Duque. El Gobierno habría alegado que la vigilancia no sería ilegal y que el monitoreo realizado a través de GPS es parte de las medidas de protección y se aplica a todos los ciudadanos colombianos que tienen este tipo de medidas.
El 10 de agosto de 2021, la señora Duque presentó una petición dirigida a la directora del Departamento de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Director de la UNP, solicitando información de todos los movimientos rastreados por el Estado y una copia del consentimiento. La defensora no habría recibido respuesta alguna por lo que habría procedido a presentar una petición judicial.
El 30 de septiembre la defensora habría recibido una respuesta con 25.183 registros de localización de sus movimientos a través del GPS del vehículo y se le informó que las grabaciones anteriores habrían sido borradas, proceso que se realiza de manera periódica.
PREOCUPACIONES
En la comunicación expresamos nuestra profunda preocupación por las alegaciones de amenazas y vigilancia en perjuicio de la señora Claudia Julieta Duque Orrego, en relación con su trabajo en la defensa de derechos humanos y la denuncia a través del periodismo. Nos preocupa que las medidas de protección otorgadas por el Estado podrían haber sido utilizadas para vigilar a la defensora sin su consentimiento, lo que podría implicar una injerencia ilegal y arbitraria en su vida privada y afectar de manera directa su trabajo como periodista y defensora de derechos humanos. Expresamos también preocupación por los alegatos de presuntas amenazas a su vida, que se agravan con el hecho de estar altamente monitoreada. La vigilancia de las comunicaciones confidenciales de los periodistas y defensores de derechos humanos, incluido el rastreo de datos de geolocalización, es especialmente preocupante, ya que pueden afectar negativamente su trabajo y comprometer seriamente a sus fuentes que, dado el contexto, podría representar represalias. Lo anterior podría tener un efecto amedrentador en otros periodistas y defensores de derechos humanos en su labor de informar sobre cuestiones de interés público y la protección de los derechos humanos.
