Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de Colombia el 24 de mayo de 2024. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. El Gobierno respondió el 19 de junio de 2024.
Desde el envío de la comunicación, el Sr. Héctor Jaime Vinasco sigue en una situación de vulnerabilidad. En el momento de la publicación de esta comunicación, la Relatora Especial no tiene conocimiento de ninguna medida de protección adoptada por las autoridades para hacer frente a las amenazas en su contra.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: supuestas amenazas en contra de la vida del defensor de los derechos humanos, Sr. Héctor Jaime Vinasco.
El Sr. Héctor Jaime Vinasco es indígena Embera Chami y defensor de los derechos humanos, integrante del consejo de gobierno del resguardo indígena de Cañamomo y Lomaprieta, ubicado en los municipios de Riosucio y Supía en el departamento de Caldas, y exgobernador del mismo resguardo. El resguardo indígena de Cañamomo y Lomaprieta se encuentra en un territorio rico en oro, lo que ha llevado a conflictos territoriales y ambientales con empresas mineras nacionales e internacionales, así como grupos armados no estatales. Tras la Sentencia T-530/2016, la Corte Constitucional de Colombia ordenó el cierre de minas ilegales y reafirmó el derecho del resguardo indígena de Cañamomo y Lomaprieta de regular la minería ancestral en su territorio.[1]
En su oficio como coordinador del Programa de Patrimonio Natural y Asuntos Mineros del resguardo desde el 2014, el Sr. Vinasco ha estado impulsando el cumplimiento de la Sentencia T-530/2016. El Sr. Vinasco es beneficiario de esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que incluye escoltas.
ALEGACIONES
El Sr. Vinasco habría sido víctima de múltiples amenazas de muerte relacionadas con su papel de defensor de los derechos humanos y territoriales de su resguardo. En 2019, los propietarios de 17 minas en el resguardo cerraron definitivamente sus minas. Estos propietarios habrían manifestado que sabían que el Sr. Vinasco había tenido un rol importante en sacar las minas ilegales del resguardo y estaban planeando un atentado contra su vida.
En el mismo año, la Agencia Nacional de Tierras dictó una resolución para delimitar y titular el resguardo. En este contexto, algunos comerciantes se habrían reunido y manifestado que tenían que asesinar al Sr. Vinasco para no perder sus tierras ni sus propriedades. El Sr. Vinasco se habría enterado también de que ciertos grupos armados no estatales lo tenían como objetivo militar.
El 14 de diciembre de 2023, el Sr. Vinasco se habría enterado de otra amenaza en contra de su vida. Un miembro de un grupo armado recién liberado de la cárcel habría informado al Sr. Vinasco que un minero de Riosucio Caldas estaba ofreciendo una recompensa de 90 millones de pesos por matarlo.
Debido a esta amenaza, el Sr. Vinasco y su familia se habrían visto obligados a salir del territorio. El Sr. Vinasco habría denunciado esta amenaza más reciente, pero, hasta la fecha, ni la fiscalía ni la policía habrían tomado acción contundente para investigar a la persona que lo amenazó.
En marzo de 2024, se habría visto varias veces a la persona que lo amenazó paseando cerca de uno de los escoltas asignados por la UNP varias veces, lo que habría inquietado al Sr. Vinasco como señal de que su esquema de protección está en la mira.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación ante las supuestas amenazas en contra de la vida del Sr. Vinasco, que tememos estén relacionadas con su labor en defensa de los derechos humanos y territoriales de su resguardo indígena. Nuestra preocupación se ve agravada por el hecho de que las amenazas en contra de la vida del Sr. Vinasco parecían formar parte de un patrón más largo de intimidación y amenazas que ponen en riesgo no solamente la vida del Sr. Vinasco, sino la de su familia también. Como señaló la Relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en su informe sobre los defensores víctimas de amenazas de muerte y asesinatos (A/HRC/46/35), los defensores de los derechos de los Pueblos Indígenas que se oponen a proyectos empresariales sin consentimiento libre, previo e informado parecen ser particularmente vulnerables a amenazas de muerte y asesinatos (párrafo 16).
[1] https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-530-16.htm
