México: uso de tecnología de vigilancia comercializado por el NSO Group para vigilar a las personas defensoras de derechos humanos (comunicación conjunta)

Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada a los Gobiernos de México e Israel el 21 de junio de 2023, y a la empresa NSO Group Technologies el 3 de julio de 2023. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que los Gobiernos respondieran. El Gobierno de México respondió el 22 de agosto de 2023, y el NSO Group respondió el 20 de agosto de 2023. Si se reciben más respuestas, se publicarán en la base de datos de los Procedimientos Especiales de la ONU.

En abril 2023, las personas defensoras presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión – FEADLE. Sin embargo, no se habrían llevado a cabo ninguna investigación adecuada.

Desde el envío de la comunicación, fuentes fiables han publicado nuevas alegaciones de vigilancia a personas llevando a cabo labores de investigación relacionadas con presuntos actos de violaciones de derechos humanos por el Ejército. 

Además, he recibido informaciones preocupantes sobre descalificaciones públicas dirigidas al Centro Prodh por parte del Presidente de la República, tras ser preguntado sobre el presunto uso de Pegasus por el Ejército

Esta es una versión más corta de la comunicación original.

Leer la comunicación integral al Gobierno de México [ES] Leer la respuesta del Gobierno de México [ES] Leer la comunicación integral al Gobierno de Israel [EN] Leer la comunicación integral al NSO Group [EN] Leer la respuesta del NSO Group [EN]

ANTECEDENTES

Tema:  uso de tecnología de vigilancia comercializado por el NSO Group, una empresa domiciliada en el Estado de Israel, como spyware Pegasus, para vigilar a las personas defensoras de derechos humanos.

La Sra. María Luisa Aguilar Rodríguez y el Sr. Jorge Santiago Aguirre Espinosa son personas defensoras de los derechos humanos mexicanas e integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), una asociación fundada en México en 1988 para promover y defender los derechos humanos de personas y colectivos excluidos, en situación de vulnerabilidad o de pobreza y para contribuir a la construcción de una sociedad justa, equitativa y democrática. En su labor, acompaña a personas indígenas, mujeres, migrantes y víctimas de represión social. La asociación cuenta con el Estatus Consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas desde 2001 y ha sido una Organización Acreditada ante la Organización de Estados Americanos desde 2004. La Sra. Aguilar Rodríguez y el Sr. Aguirre Espinosa respectivamente son Coordinadora del Área internacional y Director del Centro.

ALEGACIONES

Entre junio y septiembre de 2022, los dispositivos móviles de la Sra. Aguilar Rodríguez y del Sr. Aguirre Espinosa habrían sido “infectados” mediante el software espía Pegasus en al menos cinco ocasiones. Las infecciones habrían sido confirmadas por investigadores de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, después de que la Sra. Aguilar Rodríguez y el Sr. Aguirre Espinosa recibieran alertas de Apple sobre posibles actos de intromisión ilegal en sus dispositivos por “atacantes patrocinados por el Estado”.

Los ataques digitales habrían tenido lugar el 22 y 23 de junio de 2022, el 13 de julio de 2022, y el 24 y 29 de septiembre de 2022. En los momentos de las presuntas infecciones, las personas defensoras de derechos humanos y el Centro Prodh realizaban actividades de denuncia de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas y exigían la rendición de cuentas en casos emblemáticos, en particular con referencia a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y casos de la ‘Guerra Sucia’, así como el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sería la única institución mexicana con un contrato actual para el uso del spyware espía que presuntamente fue utilizado en los equipos de los dos defensores de derechos humanos. Recientemente se hizo público que esta dinámica también habría afectado al menos un funcionario encargado de temas de derechos humanos en el gobierno federal.

PREOCUPACIONES

En la comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación por el presunto despliegue de tecnología de vigilancia, desarrollado por el NGO Group, una empresa domiciliada en Israel para vigilar a la Sra. Aguilar Rodríguez y el Sr. Aguirre Espinosa, en aparente represalia por su trabajo de derechos humanos. De confirmarse, tal vigilancia sería una violación de sus derechos a la privacidad y a la libertad de opinión y de expresión, así como un ataque contra su trabajo de defensa de los derechos humanos.

Nuestra preocupación grave ante la información recibida se ve agravada por el hecho de que el presunto uso del spyware contra las personas defensoras en esta ocasión no sería la primera vez en que integrantes del Centro Prodh han sido objeto de espionaje. Subrayamos nuestra preocupación ante la impunidad que ha prevalecido respeto a estos presuntos atentados anteriores e insistimos en la importancia y la responsabilidad del Estado de garantizar que todos los presuntos ataques se investiguen adecuadamente y que sus autores rindan cuentas por sus actos, incluyendo para evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos sufridas. Esto es particularmente importante a la luz del efecto paralizador que el presunto uso de spyware contra los defensores de los derechos humanos puede tener sobre la libertad de expresión, de asociación y reunión pacífica y la protección del espacio cívico en México.

Subrayamos también nuestra preocupación sobre la posible relación entre los ataques contra las personas integrantes del Centro Prodh y su acompañamiento de víctimas de violaciones de derechos humanos, en particular en casos en los que existen denuncias de la implicación de las Fuerzas Armadas en las violaciones, así como el vínculo posible entre la impunidad que ha prevalecido sobre estas violaciones y la impunidad ante los ataques anteriores a los derechos de las personas defensoras.

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