Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. La comunicación fue enviada al Gobierno de Guatemala el 26 de noviembre de 2021, y se hizo pública el 25 de enero de 2022.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: la criminalización y hostigamiento de la organización de derechos humanos ACOGUATE, la cual se enmarca en el contexto de deterioro y cierre de espacios democráticos para el trabajo y la defensa de los derechos humanos en Guatemala.
ACOGUATE es una organización de derechos humanos, que desde el año 2000 brinda acompañamiento a personas y organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos guatemaltecas. Su trabajo de observación y acompañamiento internacional se desarrolla bajo petición y en consonancia con los principios de no injerencia, no partidismo y el no intervencionismo. Actualmente acompañan a 19 personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de la tierra y el territorio y otras que luchan por el acceso a la justicia y justicia transicional.
ALEGACIONES
El 12 de octubre de 2021 personas voluntarias de ACOGUATE estuvieron presentes en la “Marcha de la Dignidad” en la Ciudad de Guatemala en calidad de observadores internacionales y a petición de una de las organizaciones que acompañan. Durante el recorrido, se dieron episodios de deterioro a algunas estatuas, entre las cuales se incluyen la de José María Reina Barrios. Al tener conocimiento de lo sucedido, los defensores se habrían distanciado de la marcha y regresado a las oficinas con el fin de garantizar su seguridad y protección.
Durante la manifestación, personas desconocidas habrían tomado fotografías de las personas observadoras de ACOGUATE, lo cual habría motivado una campaña de mensajes difamatorios, amenazas y desinformación en redes sociales en contra de la organización. Los mensajes y amenazas contemplan acusaciones sobre la participación en los hechos violentos y/o ilegales, promoción, instigación o financiación de los mismos, injerencia extranjera y deterioro del patrimonio histórico nacional.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República habría señalado, a través de un tuit, que se deben tomar medidas de cancelación y expulsión de organizaciones internacionales relacionadas con el caso, a través de la Ley de ONGs, haciendo alusión a ACOGUATE y su personal extranjero.
El 13 de octubre de 2021, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala habría publicado un tuit diciendo que “el MINEX manifiesta su rechazo ante los actos vandálicos que atentaron contra el patrimonio histórico del país. En el caso de la participación de actores extranjeros, la Cancillería guatemalteca adoptará las medidas diplomáticas correspondientes.”
El 18 de octubre de 2021 la organización denominada “Guatemala Inmortal” habría presentado una querella penal ante el Ministerio Público en contra de directivos, representantes legales y observadores de ACOGUATE alegando la comisión de los delitos de “sedición”, “actividades contra la seguridad nacional” y “depredación del patrimonio cultural” por los eventos ocurridos durante la protesta. La Municipalidad de Guatemala también habría solicitado que se inicie un proceso penal en contra de ACOGUATE.
El 21 de octubre de 2021 el Ministerio de Gobernación habría enviado una carta de citación a ACOGUATE, bajo requerimiento del Ministerio de Cultura y Deporte, para presentarse ante esta instancia y brindar explicaciones sobre los hechos, antecedentes, confirmación de regularidad, registro y estatus de la Representante Legal de ACOGUATE en el país, de acorde al Decreto 04-2020 de la denominada Ley de ONGs, así como solicitando aclaraciones sobre la presencia de ACOGUATE en la marcha. El 22 de octubre ACOGUATE envió un documento respondiendo a estas inquietudes.
El 27 de octubre de 2021 la organización “Guatemala Inmortal” habría publicado en redes sociales que el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente dio por recibida la causa penal y habrían solicitado que se lleve el control jurisdiccional pertinente en la investigación en contra de los directivos, representantes legales y observadores de ACOGUATE. No se tiene conocimientos de en qué Fiscalía se encuentra la querella.
PREOCUPACIONES
En la comunican, expresamos nuestra profunda preocupación por la campaña de mensajes difamatorios, amenazas y desinformación en redes sociales en contra de ACOGUATE. Es sumamente preocupante que, como consecuencia de lo anterior, ACOGUATE esté enfrentándose a una querella penal y que haya sido citada por el Ministerio de Gobernación a presentar explicaciones sobre los hechos, antecedentes, confirmación de regularidad, registro y estatus de la Representante Legal de ACOGUATE en el país, bajo la Ley de ONGs. Recordamos que las disposiciones de la Ley de ONGS contravienen la obligación del Estado de respetar y garantizar el espacio democrático para la sociedad civil, que es fundamental para la promoción y protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho (GTM 2/2021). Finalmente, nos preocupa el impacto que puedan tener las declaraciones públicas y en redes sociales de altos funcionarios del Estado en la seguridad y protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala. Es precisamente en contextos de descalificaciones y señalamientos generalizados donde su importante labor corre el riesgo de ser silenciada y sus vidas se podrían poner en riesgo.
