ANTECEDENTES
El 29 de julio de 2021, escribí una comunicación al Gobierno de Guatemala sobre la presunta detención arbitraria de 21 personas defensoras de derechos humanos de la comunidad indígena Maya Q’éqchi’ de Chicoyogüito, así como el uso excesivo de la fuerza en su contra por su participación en una protesta pacífica en Cobán, departamento de Alta Verapaz.
La comunicación es escrito conjuntamente con otros cuatro expertos de la ONU.
El Gobierno de Guatemala ha respondido a la comunicación y algunas de las preguntas que se le ha planteado.
ALEGACIONES
La comunidad de Chicoyogüito es una comunidad indígena Maya Q’éqchi’, localizada en Alta Verapaz. El 28 de julio de 1968, se habría dado un desplazamiento forzado de la comunidad de Chicoyogüito con el fin de instalar la antigua zona militar No. 21, considerada estratégica para la política contra-insurgente durante el conflicto armado interno. La zona se habría convertido en un sitio de coordinación e inteligencia militar, así como un centro de detenciones ilegales y presuntos actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violencia sexual entre 1978 y 1990. En 2005, se convirtió en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ). Los miembros de la comunidad Chicoyogüito han buscado la restitución de estos territorios desde entonces. En este sentido, la comunidad de Chicoyogüito ha realizado gestiones durante varios años ante el Ministerio de Defensa, la PDH y el Congreso para conciliar la restitución del predio, pero no habrían recibido una respuesta efectiva hasta el momento. Desde hace varios años la comunidad indígena ha realizado marchas pacíficas los 28 de julio como día de conmemoración de la fecha de desalojo.
De acuerdo con datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala, en 2020 se habrían reportado al menos 1,004 agresiones, 15 asesinatos y 22 intentos de asesinato en perjuicio de personas defensoras de derechos humanos entre enero y 15 de diciembre de 2020. El uso excesivo de la fuerza ejercido contra los miembros de la comunidad de Chicoyogüito se enmarca en un patrón de violencia sistemática contra quienes defienden la tierra y el territorio en Guatemala. Por su parte, el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala (PDH), en su informe circunstanciado del año 2019, concluyó que la estigmatización y el uso del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos, en su mayoría, personas defensoras de la tierra, territorio o liderazgos comunitarios, fue una constante que alcanzó cifras muy elevadas.
El 9 de junio de 2021, miembros de la comunidad de Chicoyogüito habrían organizado una manifestación pacífica para exigir al Estado el retorno de sus territorios ancestrales, de los que habrían sido despojados y desalojados hace 53 años. Durante la protesta, funcionarios de la Policía Nacional Civil (PNC) habrían desalojado a los manifestantes mediante el uso excesivo de la fuerza, golpeando y lesionando a varias personas.
El mismo día, la PNC habría detenido a 21 hombres de la comunidad indígena y los habrían llevado a la comisaría, sin ser escuchados por un juez competente. Posteriormente, los individuos habrían sido trasladados al Centro Penal de Cobán en donde estuvieron detenidos bajo prisión preventiva bajo los cargos de “usurpación agravada” (artículo 257 del Código Penal). De los 21 defensores detenidos, los que habrían resultado lesionados durante la manifestación no habrían recibido atención médica, ni otros con problemas de salud previos a su detención.
El 18 de junio de 2021 se llevó a cabo la audiencia de primera declaración, en la cual se habría ligado a proceso a los 21 individuos por el delito de “usurpación agravada” y a 3 de estas personas por el delito de “atentado” (artículo 408 del Código Penal). Lo anterior, por la presunta agresión de agentes de la PNC por parte de los manifestantes. A las tres personas procesadas por agresión se les dictó prisión preventiva, mientras que a los 18 procesados únicamente por el delito de usurpación agravada se les ordenó el pago de caución y arresto domiciliario.
El 16 de julio de 2021 se habría llevado a cabo la audiencia de revisión de medidas sobre las tres personas detenidas por delito de atentado y les fue otorgada la medida de prisión domiciliaria con previo pago de caución económica. En la audiencia también se habría considerado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación como querellante adhesivo en el caso. Actualmente, las personas defensoras se encuentran a la espera del inicio de la fase intermedia del proceso.
El día 20 de julio de 2021 algunos de los procesados habrían sido entrevistados por presuntos funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos, quienes se encontraban armados (los funcionarios de esta institución no se encontrarían facultados para portar armas) y estarían utilizando este medio como forma de intimidación.
Caso del defensor Eduardo Bin Poou
El señor Eduardo Bin Poou es defensor de la tierra y el territorio, fungió como mediador y representante de la comunidad indígena Maya Q’éqchi’ de Aguas Calientes en una mesa de diálogo en 2015 organizada por la Gobernación Departamental de Izabal sobre el acceso a tierra para garantizar el derecho a la vivienda de miembros de comunidad de Agusa Calientes. Además, fue vicepresidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor.
El 29 de junio de 2018 el señor Eduardo Bin Poou fue detenido, bajo prisión preventiva, y acusado por el delito de “usurpación de tierra” por supuestamente haber liderado la usurpación de la zona núcleo del área protegida “Cerro San Gil”. La detención se habría dado presuntamente por su participación como mediador y representante de la comunidad indígena Maya Q’éqchi’ de Aguas Calientes en una mesa de diálogo en 2015 organizada por la Gobernación Departamental de Izabal. A pesar de que la parte querellante, FundaEco, retiró el caso por estar en contra de la criminalización de líderes comunitarios, el Ministerio Público siguió con la acusación y habría argumentado que su participación en la mesa de diálogo probaba su participación en la usurpación de tierras.
El 3 de mayo de 2019 el señor Eduardo Bin Poou habría sido absuelto por el Tribunal de Sentencia de Puerto Barrios y puesto en libertad en junio del mismo año, al considerar que no se habrían presentado pruebas suficientes que acreditaran que el señor Bin Poou se encontraba en el lugar de los hechos. Sin embargo, el Ministerio Público apeló la sentencia y la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal ordenó la repetición de juicio, decisión que habría sido ratificada por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En 22 de junio de 2021, se habría programado la repetición del juicio en contra del señor Bin Poou, pero el fiscal a cargo no se habría presentado en la audiencia y no habría justificado el motivo de su incomparecencia. La audiencia habría sido pospuesta para el 11 de noviembre de 2021.
El señor Bin Poou también se enfrenta a otro juicio programado para el 8 de octubre de 2021 por los cargos de “amenazas”, “detenciones ilegales” e “instigación a delinquir” por una manifestación llevada a cabo por los pescadores del lago Izabal el 27 de mayo de 2017. La protesta habría estado destinada a denunciar la contaminación del lago de Izabal y exigir investigaciones sobre los desechos de la mina “Fénix”, un proyecto minero que habría sido implantado en el territorio sin consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas afectadas. Hasta el momento las denuncias por contaminación de las comunidades indígenas afectadas por la minera no habrían sido investigadas, ni tampoco los presuntos actos de violencia en contra de los manifestantes. La audiencia se habría reprogramado al menos tres veces, por la incomparecencia de la parte querellante.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación ante los alegatos de detención arbitraria y uso excesivo de la fuerza contra las personas mencionadas anteriormente. También mostramos preocupación que por defender los derechos humanos y por su participación en protestas sociales los individuos estén siendo criminalizados y se exponen a penas privativas de libertad de hasta 6 años. En particular nos preocupaba que la estigmatización y el uso del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos, en su mayoría, se relacione con personas defensoras de la tierra, territorio o liderazgos comunitarios, quienes se enfrentan en su mayoría a delitos como incitación a delinquir; usurpación agravada; secuestro; amenazas; detención ilegal; robo de fluido eléctrico y coacción. Lamentamos que, de ser verificados los hechos, formarían parte de un contexto de violencia, ataques y persecución contra quienes defienden la tierra y el territorio en Guatemala.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
