Lo que sigue se basa en una comunicación enviada por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU al Gobierno de Colombia el 27 de noviembre de 2025. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. Lamentablemente, el Gobierno no respondió dentro de este plazo. Si se recibe una respuesta, se publicará en la base de datos de los Procedimientos Especiales de la ONU.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: un presunto ataque violento contra la defensora de derechos humanos Luz Marina Becerra, ocurrido el 30 de junio de 2025 en Tumaco, Nariño, así como la intrusión y el hurto registrados durante una reunión de La Comadre el 9 de julio de 2025 en Bogotá.
La señora Luz Marina Becerra es una líder comunitaria afrocolombiana y defensora de derechos humanos. Es coordinadora y representante legal de La Comadre y ha sido beneficiaria de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2010. La Comadre, la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia, es un proceso organizativo horizontal que agrupa aproximadamente a cuatro mil mujeres afrocolombianas, raizales y palenqueras víctimas del conflicto armado, el desplazamiento forzado y la violencia sexual. Junto con la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas (en adelante, la Unidad para las Víctimas), La Comadre trabaja en la implementación del Proceso de Reparación Colectiva para las mujeres afrocolombianas.
ALEGACIONES
Contexto
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha descrito el hostigamiento, las amenazas y los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en Colombia como estructurales e interrelacionados, en lugar de incidentes aislados. Esto se refleja en el elevado número de ejecuciones extrajudiciales documentadas de personas defensoras de derechos humanos y lideresas comunitarios, lo que sitúa a Colombia entre los países más peligrosos para la protección y promoción de los derechos humanos.
Las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas se enfrentan a un riesgo aumentado debido a la desigualdad estructural y la discriminación, la falta de protección y apoyo por parte del Estado, y la dimensión étnica y de género de las violaciones de derechos humanos en Colombia. Las defensoras de derechos humanos afrocolombianas de estas comunidades son aún más blanco de ataques, ya que con frecuencia son también víctimas de racismo, sexismo y misoginia. Estas opresiones interseccionales las exponen con mayor severidad a violaciones específicas de derechos humanos, incluyendo violencia sexual, y asesinatos.
Existen mecanismos estatales de protección; sin embargo, las personas defensoras de derechos humanos y lideresas comunitarios informan que son ineficaces debido a medidas tardías y a funcionarios que carecen de sensibilidad frente a las realidades étnicas, de género y regionales. Asimismo, los mecanismos oficiales de denuncia supuestamente aumentan el riesgo de convertirse en víctimas de violaciones de derechos humanos.
Desde su creación en 2001, La Comadre ha documentado casos de amenazas, desplazamiento forzado, violencia sexual y asesinatos, entre otros, contra sus miembros y sus familiares. En 2010, la CIDH otorgó Medidas Cautelares a la señora Becerra y a catorce otras integrantes, al existir pruebas sustantivas de que las beneficiarias estaban, y continúan estando, en riesgo por su labor como defensoras afrocolombianas y lideresas comunitarias. La CIDH señaló que las beneficiarias son víctimas de violencia sexual, agresiones físicas, amenazas de muerte, hostigamientos e incursiones en sus domicilios.
La violencia estructural contra las integrantes de La Comadre se refleja en las reiteradas amenazas y ataques contra la señora Becerra. Desde 2003 ha recibido llamadas y panfletos que la amenazan de muerte si no abandona su labor. Otras lideresas de La Comadre han recibido amenazas similares. En marzo de 2009, una persona desconocida amenazó a la señora Becerra en la sede del Colectivo de Mujeres de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), lo que la obligó a salir temporalmente de Colombia por razones de seguridad. Tras su regreso, fue elegida presidenta de AFRODES para el periodo 2009–2012, cargo que la expuso a amenazas y hostigamientos adicionales. Entre 2011 y 2012 fue seguida en Bogotá, interrogada por personas desconocidas y las amenazas se extendieron a sus familiares, lo que la obligó a salir de Colombia por aproximadamente un año. Entre 2013 y 2015 fue amenazada por hombres armados en Tumaco, hostigada durante encuentros comunitarios en Buenaventura, y su vivienda en Bogotá fue allanada y dañada.
En septiembre de 2021, mientras documentaba casos de desaparición forzada en Tumaco, fue abordada por dos hombres armados que solamente huyeron ante la presencia de la policía. En 2024 se vio forzada a reubicarse debido a la persecución y el hostigamiento persistentes. Las violaciones de derechos humanos contra la señora Becerra ejemplifican las experiencias de las defensoras afrocolombianas, circunstancia evidente en los reportes de violaciones similares contra otras lideresas de La Comadre.
Sobre el Proceso de Reparación Colectiva:
El Proceso de Reparación Colectiva es un mecanismo establecido en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011). En virtud de esta ley, la entidad gubernamental Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas (en adelante, la Unidad para las Víctimas) coordina el Proceso de Reparación Colectiva, que brinda reparación y asistencia a las víctimas del conflicto armado. En 2017, la Unidad para las Víctimas incluyó a La Comadre en el Registro Único de Víctimas, reconociendo a La Comadre como sujeto de reparación colectiva.
Debido a la falta de avances reportados o acciones concretas en el Proceso de Reparación Colectiva, La Comadre impulsó la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), un plan de cuatro fases desarrollado en colaboración entre La Comadre y la Unidad para las Víctimas. Tras años de incidencia, la implementación del PIRC comenzó en mayo de 2025. Como parte de la primera fase, integrantes de La Comadre participaron en reuniones presenciales realizadas en distintas localidades.
Previo a estos encuentros, las lideresas de La Comadre reportaron un aumento del nivel de riesgo. Se registraron cuatro incidentes reportados, incluidos ataques armados, allanamientos violentos y agresiones a viviendas de integrantes, así como mensajes amenazantes.
Sobre las presuntas violaciones de derechos humanos en reuniones de La Comadre:
El tercer encuentro de integrantes de La Comadre tuvo lugar en Tumaco. El 30 de junio de 2025, aproximadamente a las 3.40 de la mañana, una persona de sexo masculino no identificada ingresó al hotel Casa Banco donde se alojaban la señora Becerra y otras integrantes. La persona parecía conocer el número de habitación de la señora Becerra e intentó forzar la entrada a su habitación, gritando su nombre, amenazas e insultos. La señora Becerra y otra participante que ocupaba la habitación se encerraron en el baño. La señora Becerra pudo alertar a otras integrantes del hotel, quienes llegaron aproximadamente 10 minutos después de iniciado el ataque; la persona no identificada ya no se encontraba allí. Se notificó de inmediato a la Policía Nacional, que supuestamente llegó con retraso significativo.
El 1 de julio de 2025 la Unidad para las Víctimas emitió un comunicado confirmando el ataque a la señora Becerra y solicitando que las autoridades competentes investigaran el incidente y adoptaran medidas de protección. El 3 de julio de 2025 el hecho fue denunciado ante la Dirección Especializada contra Violaciones de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, junto con la solicitud de investigar el ataque y de implementar medidas de protección adecuadas.
El 9 de julio de 2025 tuvo lugar el cuarto encuentro de La Comadre en el Hotel Grand Park en Bogotá. Aproximadamente a las 9 de la mañana, una persona de sexo masculino no identificada ingresó al salón de la reunión haciéndose pasar por personal del hotel y ofreció custodiar las pertenencias personales de las participantes. Una de las asistentes confió su bolso a esa persona. Al solicitar el bolso minutos después, la persona habría salido del lugar con el bolso, que contenía documentos personales y una computadora portátil con información altamente sensible.
El incidente del 30 de junio de 2025 está siendo investigado por la Fiscalía 12 de la Unidad de Delitos contra Lideresas Sociales de Nariño. El 9 de septiembre la Fiscalía contactó a la señora Becerra para una entrevista vía WhatsApp. Por razones de seguridad, sus representantes legales solicitaron una entrevista presencial en Bogotá; no ha habido respuesta de las autoridades a esta petición. El incidente del 9 de julio fue reportado a las autoridades locales y el caso está bajo la jurisdicción de la Fiscalía Local 132 de la Unidad de Hurto de la Dirección Seccional de Bogotá. A la fecha, las autoridades competentes no han reportado avances en las investigaciones de ambos incidentes ni han implementado medidas de protección adicionales para la señora Becerra ni para otras integrantes de La Comadre.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación por el atentado contra la defensora de derechos humanos, la señora Becerra, que tememos pueda haber estado motivado por su labor como mujer afrocolombiana defensora de derechos humanos. Nos preocupa igualmente que parecería existir un esfuerzo concertado destinado a obstaculizar la Ruta de Reparación Colectiva y el trabajo de La Comadre en este proceso, en este caso mediante intimidación y hurto durante reuniones, así como un incremento de los ataques contra las lideresas de La Comadre antes de la implementación del PIRC. Resulta sumamente alarmante que una persona no identificada pudiera ingresar a una reunión de La Comadre pocos días después de que su lideresa fuera víctima de un ataque violento. El ataque contra la señora Becerra y la intrusión y el hurto en una reunión de La Comadre demuestran la ausencia de medidas de protección suficientes, incluso en casos donde existe evidencia clara de que las defensoras de derechos humanos y las lideresas comunitarias se encuentran en alto riesgo.
Las alegaciones antes mencionadas no constituyen incidentes aislados, sino que ilustran la discriminación y desigualdades estructurales persistentes en Colombia. La naturaleza sistémica de las violaciones de derechos humanos contra defensoras y lideresas comunitarias en Colombia, en particular contra mujeres afrocolombianas, fue destacada por el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana en el informe de su visita de país de 2024 a Colombia. Tras su visita de 2020, el anterior Relator Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos también concluyó que quienes protegen los derechos de comunidades étnicas se encuentran en un riesgo especialmente elevado. Subrayó que Colombia es el país con el mayor número de personas defensoras de derechos humanos asesinados, una situación que persiste en 2025. De igual modo, en su informe de visita al país de 2024, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no-repetición notó con preocupación que la insuficiente implementación de aspectos esenciales para la no repetición contenidos en el Acuerdo de Paz está generando graves violaciones de derechos humanos de víctimas indígenas, afrocolombianas, campesinas, y personas defensoras de derechos humanos. En tal sentido, destacó el alarmante aumento en el número de asesinatos y ataques contra personas defensoras de derechos humanos, lideresas sociales y activistas ambientales, así como en el contexto de violencia persistente, desplazamientos forzados y enfrentamiento armaos en los territorios que experimenta las comunidades étnicas y campesinas. Nos preocupa que, pese a la evidencia de una persecución sistemática y de violaciones de derechos humanos contra defensoras y lideresas afrocolombianas, existe una falta de medidas de protección efectivas y de investigación sobre los incidentes denunciados.
