Lo que sigue se basa en comunicaciones escritas por la Relatora Especial sobre las personas defensoras de los derechos humanos cuatro otros expertos de la ONU. Fue enviada al Gobierno de Honduras, y las empreseas Inversiones los Pinares y EMCO Holdings el 3 de noviembre de 2021, y se hizo pública el 2 de enero de 2022.
Esta es una versión más corta de las comunicaciónes originales. Lamento mucho que ni el Gobierno de Honduras ni las dos empresas respondieron dentro del plazo de 60 días. Si se recibe una respuesta, se publicará en la base de datos de la ONU.
CONTEXTO
Tema: la detención de ocho defensores de derechos humanos (”defensores de Guapinol”) por su trabajo en la defensa de la tierra y el medio ambiente en el Parque Nacional “Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía”.
El Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) se compone de varias organizaciones en el departamento de Colón que defienden el medio ambiente y la tierra y que se oponen a la licencia minera otorgada a Inversiones Los Pinares, una empresa hondureña que pretende emprender actividades mineras en el Parque Nacional “Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía”, la cual podría contaminar el río Guapinol y restringiría el acceso de las comunidades locales al agua potable segura, asequible y fiable.
Inversiones los Pinares pertenece a la División de Siderugia del Grupo EMCO. EMCO Holding es un conglomerado de empresas que trabajan en los sectores de construcción, siderurgia y energía, con operaciones principalmente en Centroamérica.
Los Sres. Jeremías Martínez Díaz, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Orbín Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán y Ewer Alexander Cedillo Cruz son defensores del agua y del medio ambiente, parte de las comunidades afectadas por la empresa, e integrantes del CMDBPC.
La detención de los ocho defensores fue objeto de la Opinión 85/2020 del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. El Grupo de Trabajo concluyó que la detención de los ocho defensores que permanecen en detención es arbitraria, al vulnerarse los derechos consagrados en los artículos 9, 14, 19 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
ALEGACIONES
El Parque Nacional “Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía” es un área protegida de 96,724.40 hectáreas, que lleva el nombre de un defensor del medio ambiente que fue asesinado en el año 1997 por su oposición a una planta de procesamiento de aceite de palma. A pesar de que ha sido considerada un área protegida desde octubre de 2012, el congreso de Honduras modificó los límites del parque en diciembre de 2013 para permitir la minería no metálica en un área de 217 hectáreas desde el núcleo del parque. La empresa hondureña “Inversiones Los Pinares”, perteneciento al grupo EMCO, obtuvo una licencia para explotar la zona en cuestión.
Desde 2017 el Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) organizó varias manifestaciones en contra del proyecto minero. Durante las protestas, se denunciaron los potenciales efectos devastadores que la explotación de la zona tendría sobre el río Guapinol, del que dependen las comunidades para sus labores agrícolas y domésticas. El CMDBCP ha presentado al menos cinco solicitudes de consulta pública con las comunidades afectadas de la zona de alta Tocoa, pero hasta el momento no se habría realizado ningún tipo de consultas por parte de las autoridades estatales.
En 2018, Inversiones los Pinares empezó la construcción de una carretera de acceso a la zona de concesión. Según la información recibida, las aguas del río se volvieron turbias e inutilizables.
El 1 de agosto de 2018, pobladores locales establecieron el “Campamento Guapinol por la Vida”, para protestar pacíficamente contra el proyecto.
El 7 de septiembre de 2018, guardias de seguridad de la empresa Inversiones Los Pinares habrían intentado desalojar el Campamento Guapinol y dispersar a los manifestantes. Tras algunos enfrentamientos, uno de los manifestantes habría recibido un impacto de bala, el cual le habría perforado el pulmón.
El 29 de noviembre de 2018, el Sr. Jeremías Martínez Díaz, defensor de derechos ambientales que cuenta con medidas cautelares bajo el mecanismo nacional de protección, habría sido llevado a la estación policial en Tocoa por los mismos agentes policiales en cargo de su seguridad. Los agentes lo habrían llevado a la estación bajo engaño, aduciendo que debía revisar unos documentos. El señor Martínez Díaz habría sido detenido por los delitos de “usurpación” y “daños”. El 5 de diciembre 2018, compareció ante un juez en el Juzgado con Competencia Territorial Nacional de San Pedro Sula, quien ordenó su detención preventiva en el Centro Penal de La Ceiba.
El 17 de enero de 2019, el Ministerio Público interpuso un requerimiento ante la Jurisdicción con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal contra 31 personas defensoras del CMDBCP, por los delitos de “privación injusta de la libertad”, “incendio agravado”, “robo” y “asociación ilícita”. Entre los acusados se encuentran el señor Jeremías Martínez Díaz y siete otros defensores de derechos humanos, José Daniel Márquez Márquez, Kelvi Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Orbín Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán y Ewer Alexander Cedillo Cruz.
Según la información recibida, numerosas irregularidades se habrían presentado en los argumentos de la fiscalia, en particular en relación con el delito de “asociación ilícita”, que lleva con ello la obligación de imponer prisión preventiva. En este sentido, no se presentaron indicios para apoyar la alegación, ni tampoco se señaló ningún hecho que relacionase a los defensores con la comisión del delito de “asociación ilícita”. Además, una de las personas acusadas habría fallecido en 2015, tres años previo a la fecha de los hechos. El 22 de agosto de 2019, los señores José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Orbín Nahúm Hernández, Arnold Javier Alemán y Ewer Alexander Cedillo Cruz se presentaron voluntariamente al proceso judicial. El 26 de agosto de 2019, tuvo lugar la audiencia inicial de las siete personas defensoras y Jeremías Martínez Díaz, ante el Juzgado de Letras con Competencia
Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa.
El 1 de septiembre de 2019, los ocho defensores fueron absueltos por los delitos de “asociación ilícita” y “robo agravado”. Sin embargo, la jueza decretó auto formal de procesamiento por los delitos de “privación injusta de la libertad” e “incendio agravado”. La jueza habría decretado la prisión preventiva de los defensores, a pesar de que el resto de los delitos no se encuentran dentro del catálogo que el artículo 184 del Código Procesal Penal establece para la aplicación automática de la prisión preventiva. Los ocho defensores fueron llevados a la penitenciaría nacional en Tamara.
Los cargos por el delito de “privación injusta de la libertad” se basaron en que los pobladores de Guapinol habrían retenido a una persona que disparó a uno de los pobladores de Guapinol el 7 de septiembre de 2018. Según la información recibida, los pobladores de Guapinol habrían detenido al perpetrador con el propósito de entregarlo a la policía. Esta información no habría sido considerada por el Ministerio Público. En al menos cuatro ocasiones, la defensa de los imputados habría solicitado la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, sus solicitudes habrían sido rechazadas.
El 17 de marzo de 2021, se le dictó al señor Jeremías Martínez Díaz sobreseimiento definitivo por los delitos de “usurpación” y “daños”. El Sr. Martínez Díaz permaneció en prisión preventiva bajo el segundo proceso penal junto con los otros siete defensores de derechos humanos.
El 29 de julio de 2021, la oficina del Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema la extensión de la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los ocho defensores de derechos humanos.
El 26 de agosto de 2021, expiró el periodo de dos años de detención preventiva contra los ocho defensores de derechos humanos. Ese mismo día, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia prorrogó seis meses más la detención preventiva. La Corte Suprema no habría justificado su decisión de prorrogar la prisión preventiva.
En este momento, existen tres amparos pendientes de resolución ante la Sala de lo Constitucional, dos de 2020 y uno de 2021. Uno de estos amparos fue presentado contra la resolución de la Corte de Apelaciones de la Ceiba que confirmó la resolución del Juzgado de Letras de Tocoa, Colón, que mantiene la medida de prisión preventiva contra los defensores.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, señalamos nuestra preocupación ante la detención, presuntas irregularidades en el juicio, y la extensión de la detención preventiva de los ocho defensores de derechos humanos mencionados. Resulta profundamente preocupante que por defender a sus comunidades y por su participación en protestas pacíficas, los defensores estén siendo criminalizados y se expongan a penas privativas de libertad sin justificación. En particular nos preocupa que la criminalización de los defensores de derechos humanos mencionados estigmatizaría aún más la defensa legítima del medio ambiente y expondría a otras personas defensoras y comunidades a actos de intimidación cometidos por industrias extractivas. El Grupo de Trabajo sobre las Empresas y los Derechos Humanos expresó recientemente su preocupación por el tratamiento de las personas defensoras de los derechos humanos, incluida la cuestión de la criminalización y la detención, en su informe al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2021, tras su visita al país en agosto de 2019.
Mostramos nuestra profunda preocupación ante los potenciales efectos devastadores del proyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares, sobre las comunidades indígenas que dependen del río Guapinol. Es de gran preocupación que, a pesar de las múltiples solicitudes realizadas por las comunidades afectadas, no se habrían realizado consultas adecuadas con ellas. Recordamos al Gobierno que, para salvaguardar el medio ambiente local y eliminar los conflictos locales, las industrias extractivas sólo deben emprender sus actividades cuando reciban el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Las personas defensoras de derechos humanos pueden actuar como portavoces para sus comunidades en este respecto, y sus preocupaciones deben ser atendidas.
