Cuba: amenazas, vigilancia y detenciones de personas defensoras del CIR y MCL (comunicación conjunta)

ANTECEDENTES

El 8 de septiembre de 2021, escribí una comunicación conjunta al Gobierno de Cuba en relación con amenazas, vigilancia y supuestas detenciones arbitrarias en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos del Comité por la Integración Racial (CIR) y el Movimiento Cristiano Liberación (MCL).

El señor Oscar Antonio Casanella Saint-Blancard es un defensor de derechos humanos y periodista de la revista audiovisual independiente “ADN Cuba”, la cual reporta sobre violaciones a derechos humanos, detenciones arbitrarias y democracia, entre otros temas relacionados.

La señora Eleanne Triff Delgado es la esposa de Sr. Casanella Saint-Blancard.

El Movimiento Cristiano Liberación (MCL) es una organización independiente de la sociedad civil, fundada en 1988, que promueve un cambio pacífico y democrático en Cuba, además de realizar actividades de promoción y defensa de los derechos humanos. Han realizado proyectos para promover la reforma de Ley Electoral de Cuba y para exigir el derecho a trasladarse y viajar libremente.

El señor Yandier García Labrada es defensor de derechos humanos e integrante del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) desde 2015. Actualmente lidera un grupo de activistas en la zona de Manatí.

El señor Irán Almaguer Labrada es defensor de derechos humanos eintegrante del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), además de ser el hermano del señor García Labrada. Como coordinador del MCL en las localidades de Manatí, San Andrés y Alfonso, realiza actividades de promoción y defensa de derechos humanos.

El señor Yordán Mariño Fernández es parte de MCL desde hace 10 años y ocupa el puesto de coordinador para Holguín y Las Tunas.

El Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) es una organización que desde 2008 realiza actividades de incidencia y promoción de los derechos humanos, específicamente sobre el derecho a la igualdad, integración, tolerancia y multiculturalidad en Cuba por medio de eventos, talleres e informes. Trabaja por la justicia racial y los derechos de la población afrocubana.

La señora Marthadela Tamayo González, la señora Lázara Eumelia Ayllón Reyes ylaseñora Jaqueline Madrazo son defensoras de derechos humanos y colaboradoras del CIR desde 2019. La señora Ayllón Reyes trabaja en el programa de género en campañas como “Unidas por Nuestros Derechos” en alianza con la Red Feminista de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión.

El señor Roberto Miguel Santana Capdesuñer, el señor Osvaldo Navarro Veloz, el señor Richard Zamora yel señor Juan Antonio Madrazo son defensores de derechos humanos y colaboradores del CIR.

La situación de la Sra. Marthadela Tamayo González ha sido incluida en los informes del secretario general sobre intimidación y represalias por cooperación con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos en 2020, 2019 y 2018, respectivamente.

Esto es una versión más corta de la comunicación original.

Leer la comunicación original

Desde que escribí la comunicación, lamento haber escuchado nuevos actos de intimidación en contra de los defensores Mr. Osvaldo Navarro Veloz and Juan Antonio Madrazo.

Leer la nueva información recibida

ALEGACIONES

Se ha reportado que, en 2021 la represión en Cuba ha incrementado en el contexto de la pandemia del COVID-19. Producto de la crisis sanitaria, se habrían aplicado medidas destinadas a restringir varios derechos entre los que se incluyen la libertad de opinión y expresión, la libertad de reunión, asociación y circulación, además de limitaciones a la movilidad con toque de queda en varias zonas del país.

En igual sentido, la Comisión Interamericana de Derechos en su reciente comunicado de 13 de mayo de 2021 advirtió que “existe en Cuba una práctica de persecución y hostigamiento en contra de periodistas y medios independientes, defensores y defensoras de derechos humanos y artistas que denuncian la falta de libertades y derechos políticos o participan de asuntos políticos”.

Actos de violencia y amenazas contra integrantes del CIR

El caso de la defensora Marthadela Tamayo González y el defensor Osvaldo Navarro

La señora Marthadela Tamayo González ha sido objeto de detenciones arbitrarias y ataques contra su libertad desde 2017. Entre estos ataques, la señora habría sido objeto de vigilancia, allanamientos y bloqueos en los talleres de formación y actividades del CIR por parte de oficiales del Departamento de Seguridad del Estado (DSE).

El 21 de julio de 2021 la señora Marthadela Tamayo y el señor Osvaldo Navarro habrían sido detenidos por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), por nueve horas, en la zona de la Habana Vieja cuando se dirigían a una protesta pacífica convocada por las madres de los desparecidos y detenidos del Movimiento de San Isidro. La defensora y el defensor habrían sido trasladados a la Unidad de la PNR donde fueron interrogados sobre las protestas y los habrían amenazado con volverlos a buscar si continuaban con su activismo.

Recientemente, la señora Tamayo Gonzáles también habría sido objeto de cortes en su servicio de telefonía celular limitando su acceso a capacitaciones virtuales sobre derechos humanos. Entre estos se reportó que el 13 de mayo de 2021 y el 1 de junio de 2021 se produjeron cortes en su línea personal previo a un taller virtual con la organización “Raza e Igualdad”.

El caso de la defensora Lázara Eumelia Ayllón Reyes

El 02 de febrero de 2020, la señora Ayllón Reyes habría sido multada con el monto de 3000 pesos, tras publicar contenido en sus redes sociales denunciando arbitrariedades perpetradas por agentes del PNR. Las publicaciones habrían sido calificadas por las autoridades como un atentado a la imagen pública de los dirigentes del país.

El 5 de febrero de 2020, la señora Lázara Eumelia Ayllón Reyes presentó una impugnación sobre la multa. Un mes después, un funcionario, que se identificó como miembro de la oficina de cobro, le habría informado que su sanción ascendió a 6000 pesos.

El 19 de mayo de 2021, se alega que la señora Ayllón Reyes habría sido detenida, mientras estaba en su casa. El policía la habría arrestado argumentando que su detención estaba relacionada con la multa que adeudaba. Luego de su detención fue llevaba a la Unidad de Policía de Calabazán, allí le habrían levantado un acta que se negó a firmar. La defensora fue liberada el mismo día.

El caso del defensor Richard Zamora Brito

El 12 de julio de 2021 agentes del PNR habrían presuntamente detenido arbitrariamente a Richard Zamora en el municipio de Colón, en la provincia de Matanzas. Posteriormente, el señor Zamora Brito habría sido trasladado al Centro de Investigaciones Criminales en Matanzas, y luego a la prisión Combinado del Sur de Matanzas, donde permanecería a la espera del juicio.

Se habría reportado que su detención está presuntamente relacionada con su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 y que su caso habría pasado a la Fiscalía militar. Hasta el momento se desconocen los cargos que se le imputan y su familia tendría acceso restringido a visitas, producto de las restricciones implementadas por la crisis sanitaria.

El caso del defensor Juan Antonio Madrazo y defensora Jaqueline Madrazo

Desde el 11 de julio, el señor Juan Antonio Madrazo y la señora Jaqueline Madrazo habrían sido sujetos de vigilancia y cortes de servicios de telefonía y datos móviles por parte de agentes del Estado.

Actos de violencia y amenazas contra miembros del Movimiento Cristiano de Liberación

El caso del defensor Yandier García Labrada

El 6 de octubre de 2020, el señor Yandier García Labrada habría sido presuntamente detenido arbitrariamente y dispuesto en la prisión “El Típico”. Hasta el 13 de junio, el señor Labrada habría estado privado de libertad sin petición fiscal ni enjuiciamiento formal. Su abogado no habría tenido acceso al expediente por aproximadamente ocho meses. Por referencia del instructor policial, la defensa legal del defensor se habría enterado de que el señor García Labrada sería procesado por “desacato”, “desorden público” y “propagación de epidemias”.

En detención, el señor García Labrada habría sido sometido a contantes amenazas por agentes de la Seguridad del Estado, habría sido golpeado en costillas, hombros y brazos, sin recibir atención médica, no habría podido recibir visitas de sus familiares por las restricciones implementadas durante la pandemia por COVID 19 y su acceso a llamadas estaría limitado, al sólo permitírsele una llamada al mes por un lapso de cinco minutos. Desde junio de 2021, sus familiares no habrían podido comunicarse con él, solo su hermano habría sido comunicado que el señor García Labrada estaría siendo trasladado a la sección de presos sentenciados por delitos comunes, a pesar de que se encuentra bajo prisión preventiva y hasta el momento no cuenta con sentencia en firme.

El 7 de enero 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a favor del señor Yandier García Labrada, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo irreparable a sus derechos humanos, por falta de acceso a atención médica para tratar las heridas producto de golpizas en prisión.

El 23 de junio de 2021, se habría llevado a cabo la audiencia de juicio contra el Sr. García Labrada. La audiencia se habría realizado de manera virtual y habría presentado fuertes irregularidades. En este sentido, el señor García Labrada no habría podido presentar testigos ni preparar su defensa de manera adecuada, al no tener acceso al expediente completo y ser notificado un día antes de la audiencia de la realización de la misma. La audiencia habría sido cerrada al público y el fiscal habría lo habría imputado por “desacato”, “desorden público” y “propagación de epidemias” con una petición de tres a cinco años de prisión.

El 23 de julio de 2021, un guía penitenciario habría comunicado que se dictó sentencia de cinco años de prisión en contra del señor García Labrada por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Hasta el momento no se habría podido corroborar la condena impuesta, al no tener acceso al expediente.

El caso del defensor Irán Almaguer Labrada

Desde su afiliación a MCL, el señor Irán Almaguer Labrada habría sido objeto de amenazas, persecuciones, intimidaciones y detenciones por su labor en defensa y promoción de los derechos humanos.

Las amenazas y presuntas detenciones arbitrarias en perjuicio del señor Almaguer Labrada se habrían intensificado desde 2019, al ser detenido por periodos cortos al menos una vez al mes. Generalmente, durante las detenciones, los agentes de seguridad lo habrían mantenido incomunicado. El 12 de marzo de 2019, el señor Irán Almaguer Labrada habría sido citado a la estación de policía de San Andrés, en donde habría sido amenazado con ser privado de libertad. El 30 de septiembre de 2019, el defensor fue detenido e interrogado por una hora sobre el MCL.

El 29 de diciembre de 2020, el señor Irán Almaguer Labrada habría sido detenido mientras se encontraba en su domicilio en San Andrés Holguín, presuntamente en relación con su trabajo en defensa de los derechos humanos. El defensor habría estado detenido en una celda de la Unidad Tercera de Policía de Holguín hasta las nueve de la mañana del 30 de diciembre de 2020. Mientras estaba detenido, el señor Almaguer Labrada habría sido amenazado por oficiales del Estado.

El 31 de marzo de 2021, el señor Almaguer Labrada habría sido nuevamente detenido, sin orden de detención, por agentes de seguridad del Estado en San Andrés, Holguín, mientras salía de su casa. Habría estado detenido por cuatro horas y no habría sido informado de los motivos de su detención. Lo anterior se habría repetido a inicio de mayo de 2021 y en junio de 2021, cuando habría sido citado en la Unidad de Policía de San Andrés y en la Unidad Tercera de Holguín, respectivamente. Las citaciones no contendrían los detalles ni motivos por los cuales sería convocado. La última detención ocurrió el 21 de julio de 2021, cuando fue detenido por la Unidad de Policía de Holguín, quienes lo habrían insultado y amenazado para que cese sus actividades con el MCL y ponga fin a su acción de protesta en favor de su hermano Yandier García Labrada, de lo contrario sería privado de libertad y su hermano sería condenado a 12 años de prisión.

El señor Irán Almaguer Labrada requiere un tratamiento permanente, cada cinco meses, para tratar la retinosis pigmentaria de la que sufre, y lo que lo pone en riesgo de perder su visión. Sin embargo, hace un año y medio que se le ha negado acceso a este tratamiento. Las autoridades de seguridad del Estado habrían utilizado esta condición de salud para amenazar al señor Almaguer Labrada, al advertirle que si continúa con su activismo le negarían el tratamiento médico. En febrero de 2021, con posterioridad a estas amenazas, el defensor habría acudido a una clínica pública y le habrían negado el tratamiento.

El caso del defensor Yordán Mariño Fernández

El señor Yordán Mariño Fernández habría sido objeto de vigilancia y amenazas de manera constante por parte de agentes del Estado. El 2 de agosto de 2020 fue citado a comparecer a la Unidad de Policía en Velasco y amenazado con ser detenido si no cortaba enlaces con el MCL. El 10 de octubre de 2020, un agente de seguridad del Estado habría amenazado al señor Mariño Fernández con ser llevado a prisión si salía de su casa. El 10 de diciembre de 2020, en el día internacional de los derechos humanos, agentes de seguridad del Estado habrían permanecido varias horas fuera de su casa con el fin de impedir su salida. En los días 24 de febrero de 2021, en las primeras semanas de abril 2021 y el 16 y 19 de abril de 2021, oficiales del Estado habrían realizado operaciones de vigilancia del defensor Mariño Fernández.

Actos en perjuicio del periodista y defensor de derechos humanos Oscar Antonio Casanella Saint-Blancard y la señora Eleanne Triff Delgado

Desde octubre de 2020, el señor Oscar Antonio Casanella Saint–Blancard habría sido objeto de un operativo policial permanente fuera de su vivienda, compuesto por efectivos del PNR, miembros de la Seguridad del Estado sin sus uniformes reglamentarios y un auto patrullero dispuesto a efectuar la detención inmediata en caso de salida a la vía pública.

El señor Casanella Saint-Blancard habría intentado salir en varias ocasiones de su vivienda y ante cada intento habría sido amenazado por los agentes con ser detenido, o habría sido detenido al salir como ocurrió el 30 de junio de 2020, el 4 de abril de 2021 y el 24 de abril de 2021, o encausado en procesos penales. Lo anterior, habría implicado que el defensor se viera obligado a permanecer dentro de su domicilio, sin haber sido informado judicialmente sobre ningún proceso penal abierto en su contra.

Desde el 14 de abril de 2021, las líneas telefónicas y, con ello, el servicio de internet por datos móviles del señor Antonio Casanella Saint- Blancard y la señora Eleanne Triff Delgado habría sido inhabilitado alegadamente con el fin de interferir con su labor de denuncia de los hechos acaecidos recientemente en Cuba. Por lo anterior, el señor Casanella Saint-Blancard ha tenido que cambiar su línea de teléfono móvil en seis ocasiones. El defensor no tendría acceso a servicio telefónico hasta el momento.

El 9 de mayo de 2021, el señor Casanella Saint-Blancard habría acudido a la oficina de Migración con el fin de retirar su carné de identidad y pasaporte. En dicha oficina se reportó que los oficiales se negaron a realizar el trámite argumentando que Casanella Saint-Blancard se encuentra “regulado”, lo que significa que el Estado cubano le niega el derecho a salir del país. El mismo día, el defensor se habría apersonado en la Dirección Nacional de Migración, donde los funcionarios le harían indicado que no podrían darle más información.

PREOCUPACIONES

En la comunicación expresamos nuestra más profunda preocupación respecto a los alegatos sobre la criminalización y presuntas detenciones arbitrarias de personas defensoras de derechos humanos y periodistas por el trabajo que realizan en la denuncia de violaciones a derechos humanos. Nos preocupa que además de las presuntas detenciones arbitrarias, las defensoras y defensores estén siendo objeto de vigilancia, amenazas y hostigamientos, al igual que allanamientos, prohibiciones de viaje y cortes del servicio de telefonía e internet por su participación en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, o por denunciar los hechos acaecidos durante las protestas en redes sociales y otros medios.

Nos preocupa también lo que parece ser una práctica de utilizar detenciones y otros ataques como método de intimidación y hostigamiento de defensores y defensoras de derechos humanos. Asimismo, notamos con preocupación las alegaciones sobre falta de acceso a medicamentos en prisión y fuera de prisión como método de intimidación. Lamentamos que, de ser verificados estos hechos, formarían parte de un aparente patrón de represión hacia las actividades de los defensores de derechos humanos, y en particular hacia el libre ejercicio de la libertad de expresión.

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