Foto: By EneasMx – Own work, CC BY-SA 4.0
Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de Guatemala el 26 de julio de 2022. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. Lamentablemente, el Gobierno no respondió dentro de este plazo. Si se recibe una respuesta, se publicará en la base de datos de los Procedimientos Especiales de la ONU.
Esta es una versión más corta de la comunicación original.
ANTECEDENTES
Tema: el proceso de criminalización en contra de la defensora de derechos humanos Claudia Paz y Paz y otros hechos en contra de defensoras de derechos humanos que trabajan en el ámbito de la justicia en Guatemala.
Claudia Paz y Paz es una defensora de derechos humanos guatemalteca, especialista en derecho penal, que ha ejercido esta labor desde la sociedad civil, la académica, la judicadura y abogacía y también como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala.
ALEGACIONES
En 2014, la defensora de derechos humanos Claudia Paz y Paz Bailey y su familia se vio obligada a dejar Guatemala después de algo más de tres años como Fiscal General y más de dos décadas de trabajo en materia de derechos humanos desde la sociedad civil, la academia y la función pública.
Los avances logrados durante su gestión al frente del Ministerio Público, en materia de afrontamiento de la impunidad, y que generó importantes resultados en materia de justicia transicional, acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, o procesamiento de graves casos de criminalidad organizada y corrupción, dieron lugar a que distintos grupos de poder interpusieran denuncias en su contra. Así, tanto durante su periodo al cargo del Ministerio Público como después de él, ella y su equipo han hecho frente a un enorme número de procesos penales, y a innumerables acciones de estigmatización, deslegitimación y descrédito.
Estas acciones se dieron en medios de comunicación, y también por parte de altos funcionarios del gobierno que, buscando deslegitimarla, afirmaron en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que la Dra. Paz y Paz había integrado grupos guerrilleros en Guatemala. Estos señalamientos se ven replicados por personas allegadas a movimientos pro‑militares y de extrema derecha que la acusan de “terrorista criminal”.
La Dra. Paz y Paz tiene 17 procesos en su contra, con cargos tan graves como incumplimiento de deberes, resoluciones violatorias a la constitución, tráfico de influencia, encubrimiento propio, discriminación, usurpación defunciones, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad. De estos procesos, 12 se dieron durante su periodo como Fiscal General, que fueron tramitados ante la Corte Suprema de Justicia, debido al cargo que ella representaba y rechazados in limine. Todos finamente terminaron sin ninguna condena en su contra, pero implicaron años de litigios y preocupaciones.
El último de los que se abrieron en su contra mientras era Fiscal implicó que, el 20 de junio de 2014, la Jueza Jisela Reinoso prohibiera a la ex Fiscal General salir del país y congeló sus cuentas bancarias, luego de que la compañía GlobalCorp International entablara una querella contra la Dra. Paz y Paz y la Fiscalía General por no pagarle un contrato por equipos de cómputo, licencias y capacitación que fue firmado en el año 2000, diez años antes de que ella fuera Fiscal.
Ya siendo Directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y tras haber sumado a su larga carrera su participación en el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa (México) y el GIEI para Nicaragua, y de haber integrado el equipo de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), la defensora tuvo conocimiento de que el 8 de junio de 2022 el Secretario Ejecutivo de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Guatemala promovió una denuncia penal en su contra y de una fiscal.
El fundamento de la denuncia es la emisión de la Instrucción General 2-2011 de fecha 12 de mayo de 2011 “Instrucción General para la Investigación y Persecución Penal de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante el Conflicto Armado Interno” por parte de Claudia Paz y Paz como Fiscal General de la República, aduciendo que ésta tenía como objeto iniciar una persecución penal específica y selectiva en contra de un grupo de militares, contra quienes se presentó acusación el 15 de abril de 2016 dentro del caso denominado ”CREOMPAZ”, esto por hechos que sucedieron en enero y marzo de 1987, justificando que el delito de desaparición forzada por el cual fueron acusados cobró vigencia en Guatemala el 3 de junio de 1996 y que por ello se incurre en abuso de autoridad y una persecución selectiva simulando delitos que no estaban tipificados al momento de los supuestos hechos.
La denuncia señala a Claudia Paz y Paz porque como Fiscal General emitió la mencionada Instrucción General 2-2011 aduciendo que con ello cometió los delitos de abuso de autoridad, e usurpación de atribuciones y tortura. La denuncia también acusa a una fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos de los delitos de abuso de autoridad, tortura y simulación de delitos por haber presentado acusación en el caso “CREOMPAZ”.
Asimismo, el 15 de junio de 2022, la Oficina de Prevención de la Tortura manifestó mediante comunicado público su respaldo a la denuncia interpuesta por el secretario ejecutivo, indicando que al procesar el caso denominado “CREOMPAZ”, la Dra. Paz y Paz y la fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos realizaron una “grave violación a principios constitucionales y garantías procesales” incluyendo los principios de irretroactividad y legalidad., y recomendaron a la Fiscal General y al Organismo Judicial investigar y enjuiciar los hechos.
Es importante resaltar que, en 2018, en su informe de observaciones fiscales sobre el séptimo informe periódico de Guatemala, el Comité de las Naciones Unidas contra la tortura se mostró especialmente alarmado por la utilización de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura como instrumento de presión a personas operadoras de justicia que luchan contra la corrupción (párrafo 14).
La denuncia que enfrenta la Dra. Paz y Paz así como la fiscal de la Fiscalía de Derechos Humanos se suma a muchas otras que forman parte de un plan sistemático de persecución que se ha recrudecido desde 2019 y cuyo objetivo es, como ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), criminalizar a operadores y operadoras del sistema de justicia que han luchado para combatir la impunidad y la corrupción en Guatemala.
A mayo de 2022 se contabilizaron por lo menos 18 fiscales removidos/as, o trasladados/as. Además, al menos 22 personas defensoras de derechos humanos, incluyendo fiscales, jueces, juezas, magistrados y magistradas, se han visto obligados a exiliarse por temor a su integridad personal y/o ser perseguidos penalmente, y 6 fiscales que han investigado casos de violaciones a los derechos humanos y/o corrupción han sido detenidos/as de los cuales una continua en prisión preventiva. La criminalización ha sido dirigida desde el Ministerio Público quien ha adelantado causas espurias y no ha cerrado casos a pesar de las evidentes faltas de fundamento. Según se informa, todos estos ataques se han visto enmarcados en un ambiente de constantes ataques en redes sociales.
PREOCUPACIONES
Sin pretender prejuzgar la veracidad de estas alegaciones, expresamos nuestra profunda preocupación por el proceso de criminalización en contra de la defensora de derechos humanos Claudia Paz y Paz y la fiscal de la Fiscalía de derecho humanos a través de innumerables acciones de estigmatización, deslegitimación y descrédito.
