ANTECEDENTES
El 15 de julio de 2021 escribí una comunicación al Gobierno de México sobre los asesinatos del señor Javier Barajas Piña y la señora Rosario Zavala Aguilar y las amenazas en contra de las señoras Norma Patricia Barrón Núñez y Angélica Zamudio Almanza en el marco del aumento de agresiones en contra de familiares y colectivos en búsqueda de personas desaparecidas en Guanajuato.
El señor Javier Barajas Piña era defensor de derechos humanos e integrante del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia”. Además, el señor Barajas Piña trabajaba en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desparecidas en la ciudad de Salvatierra.
La señora Rosario Zavala Aguilar era defensora de derechos humanos y la madre de Yatziri Misael Cardona Zavala, persona desaparecida. Era integrante del Colectivo “Buscadoras de Guanajuato” donde colaboraba en la búsqueda de personas desaparecidas y en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para el caso de su hijo.
La señora Norma Patricia Barrón Núñez es defensora de derechos humanos e integrante del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Una luz en mi camino” en Irapuato.
La señora Angélica Zamudio Almanza es defensora de derechos humanos y era integrante del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Mariposas Destellando, Buscando Corazones y Justicia”. Recientemente fundó el colectivo denominado “Ángeles de pie por ti”.
ALEGACIONES
Las amenazas y agresiones en contra de familiares, colectivos y organizaciones de derechos humanos que trabajan en la localización de personas desaparecidas y en la búsqueda de verdad, justicia y reparación se habría intensificado recientemente en el estado de Guanajuato. La Secretaría Técnica del Consejo Estatal sobre la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha reportado, durante 2021, 24 casos de atentados contra defensores y defensoras de derechos humanos en 11 de los 46 municipios de Guanajuato, siendo los municipios de Celaya, León e Irapuato los mayormente afectados. Entre las agresiones reportadas se incluyen amenazas, ataques digitales, agresiones físicas, detenciones, allanamientos, desapariciones y asesinatos.La vigilancia y monitoreo de los colectivos de búsqueda habría aumentado tras su hallazgo en la localización de un gran número de restos humanos inhumados clandestinamente en Guanajuato. Luego del rescate de los cuerpos, las autoridades empezaron los procesos de identificación y también algunas detenciones. De acuerdo con los colectivos, la presencia de autoridades habría empezado a incomodar a los grupos delincuenciales y fue en esas circunstancias que se notó la intensificación de incidentes de vigilancia o “halconeo”.
Los familiares de personas desparecidas e integrantes de colectivos de búsqueda habrían recibido amenazas en redes sociales, incluyendo mensajes en Facebook y WhatsApp, as í como llamadas telefónicas con el fin de disuadir su labor y revelando el presunto conocimiento de sus datos y ubicación. Los perpetradores habrían amenazado con desaparecer a las personas defensoras, as í como afectar su integridad f í sica y sexual. Asimismo, las defensoras y defensores habrían reportado que personas desconocidas les habrían tomado fotografías sin su consentimiento, en el marco de su labor de búsqueda.
Caso de la defensora Rosario Zavala Aguilar
En julio de 2020, la se ñora Rosario Zavala Aguilar presentó una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) por al menos dos eventos de allanamiento en su domicilio, cometidos por integrantes de la Guardia Nacional tras supuestas denuncias anónimas por venta de droga.
El 16 de octubre de 2020, dos personas no identificadas habrían disparado a quemarropa contra de la se ñora Zavala Aguilar al abrir la puerta de su casa, ocasionando su muerte en el lugar. Desde 2019, la se ñora Zavala Aguilar ven í a luchando por la búsqueda, reparación y justicia en el caso de su hijo Yatziri Misael Cardona Zavala, capturado y desaparecido el 23 de diciembre de 2019 por hombres armados. Un día antes de su asesinato, la se ñora Zavala Aguilar habría participado en una campaña de búsqueda y habría recolectado información sobre el paradero de su hijo desaparecido. Hasta la fecha, no se han reportado avances en la investigación llevada a cabo por la Fiscal í a General de Justicia sobre el asesinato de la se ñora Zavala Aguilar ni la desaparición de su hijo.
Caso del defensor Javier Barajas Piña
El 29 de mayo de 2021 el Sr. Javier Barajas Piña fue asesinado con armas de fuego por personas no identificadas en el municipio de Salvatierra, Guanajuato presuntamente en represalia por su labor de búsqueda por la desaparición de su hermana Guadalupe Barajas Piña, desde el 29 de febrero de 2020. El señor Barajas Piña habría recibido 15 impactos de bala.
La Comisión de Búsqueda y la Fiscal í a Especializada, habrían gestionado el levantamiento del cuerpo, la protección de los familiares del se ñor Barajas y el inicio de la investigación. Sin embargo, a la fecha, no se habría procesado a los culpables por el homicidio del señor Barajas Piña.
Se informa que previo a su asesinato, el colectivo al que pertenecía el señor Barajas habría sufrido hostigamientos, incluyendo vigilancia o “halconeo” por parte de integrantes de la delincuencia organizada, cuya presencia sería importante en Salvatierra y estar í a vinculada a la venta de drogas, y al robo y venta ilegal de combustibles.
Caso de la defensora Angélica Zamudio Almanza
El 30 de mayo de 2021, la se ñora Ang é lica Zamudio Almanza reportó hostigamientos por parte de un grupo de personas, presuntamente vinculados con el crimen organizado en Salvatierra, Guanajuato, en relación a las labores de búsquedas que realiza desde noviembre de 2020.
Caso de la defensora Norma Patricia Barrón Núñez
El 7 de junio de 2021 la señora Norma Patricia Barrón Núñez habría sido citada por el Ministerio Público por denuncias sobre presuntas amenazas presentadas en su contra por parte de los familiares de los imputados por el secuestro y desaparición de su esposo e hijo. Al salir del Ministerio Público, individuos no identificados le habrían tomado fotografías sin su consentimiento. Además, la defensora también habría sido amenazada verbalmente por una persona afuera de su domicilio, quien le había ordenado detener su labor de búsqueda, y en redes sociales. La se ñora Barrón Núñez habría presentado denuncias por las amenazas sufridas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado en donde se habría constatado su situación de riesgo. Sin embargo, hasta el momento, no se habrían otorgado medidas de protección.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra preocupación que los asesinatos, hostigamientos y amenazas en contra de las personas defensoras mencionadas estarían relacionados con sus labores de búsqueda de personas desaparecidas. Nos preocupa además sobre el efecto intimidatorio que estos hechos tendrían sobre todos los colectivos de búsqueda quienes realizan sus labores en un ambiente de constante intimidación y amenazas. Es sumamente preocupante que, a pesar de las denuncias presentadas sobre estos ataques, los casos se mantengan en impunidad y que no se hayan proporcionado medidas de protección efectivas a quienes ejercen esta legítima labor
